ERC ha pactado con el PSOE posponer hasta 2026 el debate de la ley para que Cataluña gestione «íntegramente» el IRPF, según ha adelantado El Periódico y ha confirmado la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Los republicanos confían en que la próxima salida de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para centrarse en las elecciones andaluzas del próximo año facilite las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación, que están estancadas por las reticencias de la número 2 de Pedro Sánchez a la singularidad que reclama Cataluña y que ERC pactó con el PSC a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.
El grupo de ERC en el Congreso tiene derecho a que el pleno de la cámara baja debata una norma suya en cada período de sesiones y, aunque en un principio debía ser la reforma legal necesaria para que Cataluña pueda recaudar y gestionar el IRPF y el resto de tributos, finalmente se han decantado por hacer frente a la especulación inmobiliaria. De este modo, la propuesta sobre la recaudación de impuestos se debatirá en el próximo período de sesiones del Congreso, que comienza en febrero. La esperanza de los republicanos es que, sin Montero, quien ha cuestionado tanto el principio de ordinalidad que exige ERC como la misma cesión de los impuestos, se pueda avanzar en un expediente central para Calàbria.
Tres leyes modificadas de golpe para acercar la nueva financiación
La proposición de ley de ERC implica modificar tres leyes: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley de financiación autonómica y la ley de cesión de tributos catalana para dotar a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) del «marco legal necesario». Tras semanas de negociaciones con el PSOE, los republicanos tiraron por la vía rápida y registraron la iniciativa en solitario para presionar a Sánchez. Con la legislatura bloqueada por el no a todo de Junts y la oposición activa del Ministerio de Hacienda a una financiación singular para Cataluña, los republicanos optan por esperar y dar una nueva oportunidad al diálogo.
En la sala de máquinas de ERC consideran que las negociaciones, aunque muy lentamente, «avanzan» más que semanas atrás y la prioridad ahora mismo es concluir un acuerdo para la nueva financiación. El Ministerio de Hacienda tiene previsto presentar un primer borrador durante la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y de momento solo saben dos cosas: que no incorporará una «ordinalidad pura», sino una reforma del sistema de cálculo vigente, y que Montero quiere que el nuevo modelo tenga el aval de las comunidades del PP para evitar batallas judiciales. En cambio, los republicanos apuestan por construir una propuesta que reconozca la singularidad de Cataluña, pero que sea extensible al resto de territorios, que también podrían recaudar sus impuestos si así lo desean.
El problema es que Hacienda es muy reticente a entregar las llaves de la caja de la recaudación. En caso de sacar adelante la cesión del IRPF acordada entre ERC y el PSC, y avalada en primera instancia también por el PSOE, supondría que Cataluña pasara de gestionar los 5.000 millones de euros actuales a 30.000 millones anuales, ya que es el tributo más importante por el volumen de dinero recaudado. De hecho, los republicanos ya han asumido que es una cuestión «compleja» tanto por los obstáculos políticos como por las dificultades técnicas y han aceptado hacer un despliegue progresivo hasta el 2029 para dar tiempo a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) a contratar más personal que pueda gestionar la ingente cantidad de trabajo que supondría el traspaso.
