El Partido Popular intentará derogar la ley española de vivienda. Los conservadores culpan a la norma, en vigor desde el año 2023, de la actual crisis de los alquileres. En concreto, alegan que ha causado «inseguridad jurídica» para los propietarios, quienes estarían retirando sus viviendas del mercado por miedo a la ocupación o a impagos por parte de los inquilinos. Los de Alberto Núñez Feijóo centran, de hecho, este argumento en Cataluña: la moción que ha presentado en la cámara legislativa española, según ha avanzado la agencia Europa Press, recoge datos del portal Idealista que aseguran que «uno de cada tres viviendas que sale del mercado en el Estado» lo hace en el Principado.
La moción para derogar la ley parte de una interpelación urgente que la formación conservadora ha trasladado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. En ella, aseguran que el resultado de la ley «ha sido una presión desorbitada sobre los pisos disponibles, especialmente en zonas humildes, donde las familias trabajadoras son expulsadas de los centros urbanos». Sitúan el epicentro de este agravio en Barcelona, donde, antes de la entrada en vigor de la nueva regulación del mercado, cada vivienda disponible registraba unas 77 solicitudes de alquiler. Ahora, según la misma moción, la cifra se ha disparado hasta 341 peticiones. «La ley está provocando inseguridad jurídica, subida de precios, reducción de la oferta y un aumento de la ocupación y la inquiocupación», razonan los populares.
Defensa de los propietarios
La estrategia del PP para el mercado residencial, según la iniciativa avanzada por Europa Press, pone en el centro de la solución la defensa de los propietarios. Los conservadores aseguran que hay un «fenómeno creciente de ocupación ilegal». Para justificar este diagnóstico, utilizan los datos de la patronal de las grandes empresas españolas, la CEOE, que cifra en 100.000 los inmuebles ocupados en el Estado. A través de su think tank, el Instituto de Estudios Económicos, la Confederación sostiene que «un 30% de los afectados ni siquiera denuncia por la lentitud de los procedimientos judiciales». Así, reclama garantizar que las personas que ocupen ilegalmente una vivienda sean expulsadas en un plazo de entre 24 y 48 horas. Más allá de esta demanda, el grupo parlamentario plantea un paquete de medidas fiscales para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado, así como un «proyecto residencial estratégico» que reduzca los plazos burocráticos para el sector de la construcción.
