Una de las consecuencias más notorias del golpe de estado del 23 de febrero de 1981 fue la propulsión definitiva de Juan Carlos I como garante del régimen del 78. La rebelión comandada, entre otros, por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero marcó un antes y un después respecto de la figura del entonces monarca, ahora fugitivo en Abu Dabi. La desclasificación de los documentos confidenciales y reservados del golpe, hechos públicos esta semana, confirman esta sensación y confirman que fue una operación de estado.

Vale decir que los documentos desclasificados indican que quienes participaron en el diseño del golpe —fuera solo militar o civil y militar a la vez— contaban con tener apoyo o pactar con la corona, y también con el PSOE, para consolidar el nuevo régimen que debía establecer la rebelión. Especialmente interesante es un documento titulado Índices de subversión en las FAS, con la marca «SECRETO«, de diciembre de 1981), que tenía custodiado el Ministerio del Interior, cerrado con llave, hasta este miércoles.

Un documento tiene ocho páginas y los analistas de seguridad y prospectiva del Estado radiografían el ambiente de las Fuerzas Armadas después del golpe y hacen una «propuesta para un objetivo de trabajo». El objetivo no es otro que reforzar el «liderazgo» de la corona en la persona de Juan Carlos de Borbón, que había sido coronado después de ser designado por Francisco Franco como sucesor. Un nombramiento «aceptado» por parte de las fuerzas armadas como uno «de los deseos de Franco en su testamento».

El document que explica com aprofitar el 23-F per entronitzar la figura de Joan Carles de Borbó
El documento que explica cómo aprovechar el 23-F para entronizar la figura de Juan Carlos de Borbón

«Índices de subversión»

El documento, fechado el 12 de diciembre de 1981, enumera «índices de subversión en las Fuerzas Armadas». Cabe decir que la institución ostenta un gran poder en la estructura del estado franquista y mantiene cierto protagonismo en los primeros años de la Transición. Los analistas de seguridad del Estado consideran que hay «rumores alarmantes emitidos para confundir y dividir a los componentes de las Fuerzas Armadas». Y consideran un «desafío a la autoridad» el hecho de que los golpistas reclamen que el «rey vaya a declarar» a favor suyo en el proceso judicial. También temen «intimidaciones» o «manifiestos» o «reuniones tumultuosas».

A la vista de esto, los analistas hacen una «propuesta de acción» para que las Fuerzas Armadas «constituyan una institución clave tanto en tiempos de guerra como de paz dentro del estado español». Para ello, «el gobierno debe velar por su respeto y confianza». De ahí que propongan acciones para «fortalecer la imagen del rey como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y mantener la moral y la unidad de sus mandos». Una maniobra con la que el «gobierno se garantiza la confianza y la obediencia ciega de los ejércitos en su misión de defensa de la soberanía e independencia de la patria, la integridad territorial y el orden constitucional». Una oportunidad que dejó el golpe del 23-F.

«Propuesta de acción»

El documento determina que «la llegada de la monarquía» fue «percibida con expectación» por el conjunto de los militares al considerar que era un expreso deseo de Franco. «Servirlo era un tributo a la memoria de su líder indiscutido», añade. En este sentido, señalan que el comportamiento del rey «coadyuvó, en los primeros meses, a fomentar la lealtad» siempre que no afectara los «principios arraigados en la escala de valores personales». Pero fenómenos como «la exaltación separatista, la inseguridad ciudadana, el terrorismo o la crisis económica» ponen en peligro esta unidad y la «credibilidad del nuevo régimen». «El 23-F es un ejemplo», concluyen.

Unos elementos que también ven que afecta «a cada ciudadano» que «comienza a realizar su propio balance de la autoridad del gobierno frente a los delitos de cada sector ideológico». Así, los autores del informe hasta ahora secreto convienen que «no se da suficiente valor a la represión de los delitos de terrorismo o no se limitan lo suficiente las manifestaciones de la izquierda». En este contexto, concluyen que «la figura del rey sufre un deterioro personal y profesional», por eso ven «imprescindible» hacer cambios y ensalzar su figura como garante del nuevo régimen y conceder margen a los militares.

En esta línea consideran que «el objetivo principal a alcanzar debe ser evitar que el rey asuma el control permanente del Ejército, elevando su liderazgo». Un objetivo al que se llega por «inducción» para fomentar la confianza «en las fuerzas armadas y el gobierno». Es decir, si se entroniza la figura del rey y se cambia el organigrama del mando del ejército, el 23-F puede servir para restablecer la confianza en el nuevo régimen del 78. La propuesta de trabajo era, como efectivamente finalmente se llevó a cabo, crear un sistema de jefes de estado mayor y una junta militar profesionalizada con mandos «sin personalidad política». Así se calmarían las fuerzas armadas y harían que la milicia regresara a los cuarteles con «absoluta lealtad al rey».

Juan Carlos de Borbón durante su discurso en el que jura las Leyes con el presidente de las Cortes, Alejandro Rodríguez de Valcárcel (1i), y Sofía de Grecia y Dinamarca (1d), y es proclamado Rey de España, en el Congreso de los Diputados, en Madrid el 22 de noviembre de 1975 / José Cuadrado / Europa Press

Una reunión para construir la ofensiva

Curiosamente, el documento secreto con esta propuesta de aprovechar el 23-F para reforzar a Juan Carlos I y el nuevo sistema es confirmado por otro documento desclasificado. En concreto, el guion que sirvió de base para la reunión, ese mismo mes de diciembre, del monarca con el presidente del gobierno, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor. Un guion que detalla la intencionalidad de calmar los ánimos de las fuerzas armadas y poner como garantía al rey, que las protegería a cambio de su lealtad.

«No se trata de que el rey pretenda inmiscuirse en cuestiones sobre las cuales constitucionalmente no tenga competencia, pero es conocer los problemas que afectan al país y sus Fuerzas Armadas, con el máximo interés y con los mejores deseos de contribuir a su solución», apuntaba el guion. Por otra parte, la petición del monarca incluye el compromiso de utilizar la prensa para serenarse los ánimos y apuntalar el nuevo régimen. El compromiso será también controlar los «medios de comunicación que tantas veces buscan el sensacionalismo y que resultan difíciles de dominar en un régimen de libertades, por los mismos poderes públicos, cuya capacidad de reacción debería ejercerse con energía y rapidez».

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