La composición del nuevo gobierno español es toda una declaración de intenciones de Pedro Sánchez, que ha intentado hacer equilibrios para compensar las facciones del PSOE que quieren más mano dura con el independentismo y los que quieren más diálogo. En el nuevo ejecutivo, repiten el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el ojo del huracán por las infiltraciones policiales en el movimiento independentista de base y la gestión del salto de la valla de Melilla que acabó con unos veinte migrantes muertos; la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se salvó del escándalo del espionaje con Pegasus por la defenestración de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban; y Félix Bolaños, que estará al frente de un superministerio de Justicia y Presidencia y coge galones para pilotar la aprobación de la ley de amnistía.
Para tratar asuntos más tangenciales, pero que pueden dar oxígeno a Sánchez en momentos críticos de su relación con el independentismo, Sánchez opta por un repetidor y por un nuevo fichaje. El ministro de Asuntos exteriores, José Manuel Albares, será el encargado de culminar la oficialidad del catalán en la Unión Europea y el Ministerio de Transportes, que tendrá que gestionar el traspaso de Cercanías, cambia de manso después de que Sánchez haya dejado caer a la socialista catalana Raquel Sánchez, muy cuestionada por las incidencias constantes del servicio. Del trabajo de los cinco, sea por acción u omisión, dependerá en buena parte el futuro de la legislatura que ahora empieza.
La continuidad de Marlaska y Robles se puede interpretar como un premio a la lealtad y a la tarea hecha durante los últimos años. Interior y Defensa son dos de los ministerios donde el

Sánchez se carga a la ministra de Transportes por Cercanías
La gran concesión de Sánchez al independentismo es la salida de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, muy criticada por las incidencias constantes en Cercanías. La sustituye Óscar Puente, que se ha consolidado en el núcleo duro de Pedro Sánchez después de su intervención estelar en el Congreso para dar réplica a Alberto Núñez Feijóo en su sesión de investidura fallada. El traspaso de Cercanías es una de las concesiones estrella que ERC ha arrancado a Pedro Sánchez para la legislatura que ahora empieza y levantará mucha polvareda. A pesar de que todavía no se saben los detalles de cómo se hará, los sindicatos de Adif y Renfe ya han anunciado movilizaciones contra el traspaso y han anunciado que presentarán batalla para conservar sus derechos laborales.

Albares, la esperanza para oficializar el catalán en la UE
Otro de los ministros del núcleo duro de Sánchez que repite es el diplomático José Manuel Albares, que entró en el gobierno para sofocar una crisis política con Marruecos y que en los últimos meses ha cogido protagonismo por sus gestiones para conseguir que el catalán, el vasco y el gallego sean oficiales en la Unión Europea. Forzado por Junts, el gobierno español cursó la petición en verano y el asunto se ha tratado en las tres últimas reuniones del Consejo de Asuntos Generales de la UE, a pesar de que no se prevé que haya adelantos en los próximos meses. España perderá la presidencia rotatoria de la UE a finales de año y queda la incógnita de la intensidad de las gestiones que hará Albares para continuar unos trámites que se podrían alargar años. Y más ahora que Sánchez ya se ha asegurado la investidura. Con todo, la aprobación del catalán como lengua de trabajo del Congreso y la dependencia del PSOE del independentismo catalán hacen pensar que la clave estará en la presión que Junts y ERC quieran hacer para mantener vivas las opciones de la propuesta.