A menos de una semana porque se acabe el plazo autoimpuesto por ERC para firmar un preacuerdo de investidura con el PSC, los republicanos no esconden que ven todavía lejos este pacto. «No estamos ni cerrando flecos, ni en la recta final», comentan fuentes de los negociadores de ERC que se reúnen cada día con la delegación socialista que ha formado Salvador Illa para negociar la investidura, con la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, al frente. Todo ello, con el matiz importantísimo de que entre el 1 y el 15 de agosto quien tiene la potestad de convocar el pleno de investidura es la diputación permanente, por mayoría simple, y no el presidente del Parlamento, Josep Rull.
En cambio, desde el PSC aseguran que las «conversaciones avanzan bien». Hasta el punto, de que Illa se quiere «mostrar generoso para llegar a un acuerdo sólido y bueno para los catalanes». Ahora bien, con discreción y con una diferencia sustancial con los republicanos: que tiene tiempo hasta el 25 de agosto para someterse a un debate de investidura. La clave de todo es la «financiación singular», que es el grueso de la negociación y que en la cumbre entre el presidente Pere Aragonès y el presidente español, Pedro Sánchez, se abordó. De hecho, fuentes de los socialistas aseguran en El Món que la comida de dos horas que mantuvieron después Sánchez e Illa sirvió para «ponerse al día del estado de las negociaciones» y evaluar el contexto político actual en Cataluña.
Condiciones claras
Los negociadores de ERC insisten en que el PSC todavía no se ha «movido lo suficiente» para encarar el debate de la financiación singular. De hecho, los republicanos ya alertan de que no se conformarán con una «declaración de intenciones», sino que quieren la definición de un sistema «asimilable al concierto económico» pero con «garantías y mecanismos de cumplimiento». Esto quiere decir un calendario y un listado de reformas legales que permitan el cambio del sistema de financiación. Por ejemplo, modificaciones de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la elaboración de una ley específica para Cataluña y una agenda de trabajo detallada y posible.
En este sentido, los republicanos repudian un acuerdo simplemente económico de aumento de los ingresos para los presupuestos de la Generalitat. «No queremos una nueva disposición adicional tercera que sea fácil de incumplir», remarcan. «Tiene que ser el sistema, es decir, tener la llave de la caja», subrayan. Teniendo presente que Madrid está «dispuesto a dar más dinero, pero no más poder». «No se trata solo de tener más dinero, que también, sino de tener la llave de la caja y decidir como podemos ingresar y como podemos pagar», sentencian.
Un pleno de investidura convocado por la Diputación Permanente
Los socialistas, por su parte, repiten que «quieren ser generosos». Es decir, son conscientes que la clave de la negociación tiene que ser la nueva financiación, pero también son conscientes de que Madrid tiene que decir la suya, sobre todo teniendo presente que la Moncloa cuelga de los votos de ERC y de Junts, formación que en la sesión de hoy en el Parlamento de Cataluña, en la intervención del jefe de filas de Girona, Salvador Vergés, advertía que «si el PSOE no otorga la soberanía fiscal a Cataluña, Pedro Sánchez ya puede dar por devueltos los presupuestos». Fuentes de los socialistas, sin embargo, recuerdan que en los últimos días se han firmado acuerdos «muy importantes» que hasta ahora no se habían cumplido, como por ejemplo Rodalies, la gestión de las becas o las prestaciones de subsidios sociales.
Aun así, Illa tampoco tiene claro si se presentará a una investidura si no hay pacto. De hecho, hay una circunstancia destacable. Si Illa se propone como candidato entre el 1 y el 15 de agosto, periodo inhábil en la cámara catalana, el presidente del Parlamento no tiene el poder para convocar el pleno, como pasa en circunstancias normales. Tiene que convocar una diputación permanente y esta podrá convocar el pleno de investidura. Por lo tanto, con los números actuales este pleno se convocaría. Y una vez que se convocara, Josep Rull recuperaría los poderes como presidente del Parlamento y, por lo tanto, podría decidir o «ponderar si suspendería el plenario si el presidente Carles Puigdemont es detenido». De momento, fuentes parlamentarias recuerdan que no está en la agenda habilitar estos quince días para quitar poder a la Diputación Permanente.
El PSC abona la tesis de la «generosidad y la paciencia», es decir, como buen maratoniano, Illa insiste en el guion que ya expresó durante la ronda de contactos con el presidente del Parlamento, Josep Rull, para intentar una primera investidura. En todo caso, los socialistas evitan entrar en valoraciones para dejar espacio a la negociación que se lleva a cabo con «reuniones de trabajo diarias». Encuentros que «algún día parecen avanzar y otros parece que se vuelva atrás», indican, por otro lado, fuentes de ERC. De hecho, este fin de semana, coincidiendo con el mitin de Carles Puigdemont en la Cataluña Norte, continuarán estos encuentros.
Garantías, sobre todo
«Las garantías y los controles de cumplimiento son básicos para presentar un acuerdo a la militancia», aseguran las mismas fuentes republicanas. En esta línea, la inquietud del equipo negociador de ERC y de la dirección es que el acuerdo tenga «cara y ojos» y suponga un cambio de paradigma. Así, con el convencimiento de que la militancia está «cabreada» y en estado de «desconcierto por la mierda que está saliendo», el acuerdo tiene que tener «garantías y control de cumplimiento» porque los militantes «están hartos de los incumplimientos de año tars año» y «no declaraciones de intenciones que sin seguros de cumplimiento».
De todas maneras, la dirección alerta de que si se llega al final del plazo y hay un acuerdo, primero se someterá a la validación de la dirección. Si la dirección considera que no tiene suficientes elementos de garantía o no tiene suficiente grosor en referencia a lo que habían puesto de mínimos, no se pondrá ni a votación de la militancia y, por lo tanto, no habrá acuerdo definitivo ni investidura. En el supuesto de que el acuerdo se presente y la militancia lo tumbe, tampoco habrá investidura «ni tampoco se volverá a intentar».
