Cerca de 3.200 millones de euros en las arcas municipales que no se pueden utilizar. Este es el cálculo que hace ERC sobre el dinero que hay «retenido» en los ayuntamientos de Cataluña porque la ley de estabilidad presupuestaria no les permite gastar sus remanentes. La formación independentista ha explicado en una atención a los medios que esta situación es causada por la «ley mordaza» que aprobó el gobierno de Mariano Rajoy, que no ha sido derogada por el ejecutivo del PSOE.
En este sentido, a través de la senadora republicana Sara Bailac, el partido ha presentado en el Senado este miércoles una proposición de ley para modificar la norma, que ha sido rechazada con los votos de PP y PSOE. Bailac ha lamentado que los dos partidos principales españoles hayan rechazado «ni siquiera abrir el debate», ya que lo que se votaba era únicamente la toma en consideración de la iniciativa. «Sánchez prefiere seguir los pasos de austeridad de Rajoy y, en lugar de derogar o modificar estas leyes, perpetúa una situación injusta», ha afirmado.
Los republicanos consideran que los ayuntamientos deben poder decidir «sin depender de que el BOE publique, año tras año, una nueva prórroga de la disposición adicional sexta» y lamentan que sea la ley de estabilidad presupuestaria la que «ahoga» las finanzas municipales, porque los ayuntamientos no pueden disponer «libremente» de los recursos que ahorran «con la buena gestión económica». Se trata de un superávit que se podría destinar, afirma la senadora republicana, a políticas «que responden a las necesidades de la gente, como políticas de vivienda, políticas sociales o inversiones». «Esta situación de agravio que el gobierno español no está resolviendo acaba comportando que haya 3.200 millones de euros retenidos en los ayuntamientos que no se les permite invertir para devolverlos a la sociedad», ha insistido.
Un «parche» y nuevo intento en el Congreso
Esta propuesta de los republicanos tiene lugar después de que este martes el Consejo de Ministros aprobara un real decreto ley que permite a los ayuntamientos y también a las comunidades autónomas utilizar el superávit de 2024 para inversiones financieramente sostenibles (IFS). Una medida que Bailac califica de «parche» que no resuelve la «situación de fondo de falta de financiamiento de los entes locales». Por todo ello, llevarán también al Congreso de los Diputados la proposición de ley para modificar la norma rechazada en el Senado.
