El Primero de Octubre no fue una primera experiencia totalmente innovadora. Había un precedente de una extraordinaria fuerza simbólica que había sido un éxito. Una consulta soberanista que este sábado llega a su décimo aniversario. Fue lo que se llamó «proceso participativo», con una audaz pregunta «árbol», y se celebró el 9 de noviembre de 2014. Una fecha clave en el santoral del soberanismo y también de la política catalana contemporánea. Un dificilísimo acuerdo político en Cataluña fue fundamental para que 2.344.828 personas votaran sobre la independencia de Cataluña de forma directa, por primera vez.
Pero más allá de la política, la consulta del 9-N tuvo éxito gracias a un trabajo de carácter técnico, a menudo soterrado, en manos de un reducidísimo equipo político y administrativo que coordinaba la entonces vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega. Un encargo y una tarea que no solo le costó el distanciamiento con la línea de Josep-Antoni Duran i Lleida, líder de su formación, la desaparecida Unió Democràtica de Catalunya, sino su muerte política durante años, de la cual no ha sido liberada hasta hace poco, cuando terminó su pena de inhabilitación.
Ingenio, esfuerzo, complicidades, tecnología y esquivar las maniobras del Estado fueron los componentes de la línea ofensiva de la Generalitat para poder salvar la consulta, sacarla adelante, celebrarla y que su resultado no fuera impugnado. Dos informáticos, unos juristas con destreza, unos administrativos solventes y un inventivo coordinador del gabinete lograron la meta. Pero, eso sí, diez años después todos reconocen la ayuda inestimable e imprescindible que tuvieron del exterior. En concreto, el «manual de faenas» que políticos independentistas de Quebec entregaron a Ortega. Una vez más la historia demuestra que la experiencia es un grado. Una experiencia que, por cierto, los organizadores del 9-N se quejan de que se ignoró para organizar el Primero de Octubre.
Mirar qué hacen o han hecho los demás en caso de consulta soberanista
Fuentes del equipo de Gobernación durante el 9-N, recuerdan que una vez Joana Ortega recibió el encargo directísimo del presidente Artur Mas de preparar la consulta, el ambiente cambió. De ser un departamento muy institucional, que había sufrido las protestas por los recortes a los funcionarios y no podía ayudar con comodidad en las necesidades de inversiones de los municipios a través del famoso Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña (PUOSC), pasaba a ser el arquitecto y el ingeniero de un reto político de primer nivel. De hecho, el encargo le costó a Joana Ortega duros reproches del líder de su partido, pero miembros de la consejería de Presidencia y de la de Gobernación explican a El Món que se creó una «fidelidad muy fuerte entre ambos». «Mas ordenaba y quería planes A, B, C y lo que hiciera falta, Ortega nos lo trasladaba», coinciden varias fuentes.
Una de las primeras acciones, una vez diseñado quiénes serían los responsables del trabajo, fue aplicar el viejo dicho catalán de «todo está inventado». Así, el equipo elegido por Ortega, con un núcleo duro de cinco personas, y algunos funcionarios muy motivados en el objetivo, decidieron hacer una ronda por países que tuvieran experiencias similares. Siempre aprovechando viajes donde se firmaban convenios de colaboración educativa, empresarial o cultural. El equipo de Ortega viajó y prestó atención en Quebec, Ginebra y Finlandia. Pero Quebec fue la clave. Dos referéndums perdidos eran una guía perfecta sobre todo lo que no se debe hacer cuando te enfrentas a un estado.
El «manual de faenas» compilado por los impulsores del referéndum de Quebec
El departamento de Joana Ortega potenció un Comité Mixto Quebec-Cataluña. Y fue una suerte. Los independentistas quebequeses, y algunos miembros del gobierno liberal, hicieron un regalo casi clandestinamente a la vicepresidenta. «Tenga esto, es el manual de faenas», nos dijeron, rememora uno de los miembros de su gabinete. «Al principio, no entendíamos nada, pero después fue una herramienta indispensable», añaden. Se trataba de una recopilación de fechorías que el estado canadiense había llevado a cabo, de manera sibilina, para intentar sabotear los referéndums de independencia para hacer ganar el no. «Recogía desde las maniobras más burdas a las más refinadas, y sobre todo, advertía en aquellos tiempos sobre el peligro del voto telemático», comentan.
«Se nos abrió el cielo, era como un manual de instrucciones, un mapa de lo que pasaría, y algunas fórmulas para enfrentarlo», señalan. Fue un documento del cual sacaron mucho provecho. Muchísimo y les fue útil para prever movimientos del Estado. «Se trataba de abrir caminos cuando el Estado los cerraba eludiendo lo que no nos convenía, la confrontación, así nos lo recomendaba la comunidad internacional», remarcan fuentes del gabinete de Ortega. El manual preveía soluciones legales y legislativas, técnicas y logísticas y prevenciones de seguridad. También preveía «errores que no debíamos cometer», destacan. Tanto fue el agradecimiento de la Generalitat a Quebec, que Ortega llegó a invitar a la entonces primera ministra de Quebec, Pauline Marois, a participar en la Comisión del Derecho a Decidir.
El equipo: una veintena de personas
Una vez se tenía claro cómo se debía llevar a cabo la consulta, y con la tutela la Dirección General de Procesos Electorales, se creó un equipo de una veintena de personas, con muchos funcionarios. Por su parte, el Parlamento terminaba según demanda y con los criterios del Manual de Faenas, la ley de consultas no referendarias y de procesos participativos con la amenaza, ya meses antes de aprobarse cuando estaba en ponencia que sería impugnada ante el Tribunal Constitucional. Una vez aprobada la pregunta, el 12 de diciembre de 2013, en una cumbre en Palau, la maquinaria se impulsó.
Ahora bien, a medida que se acercaba la fecha, el gobierno español contraatacaba no solo con amenazas. «De la mesa que preparaba las reuniones se levantaron unos cuantos funcionarios, que dijeron que abandonaban el proyecto», subrayan. Otros, en cambio, se tomaron vacaciones durante el 9-N para que no los imputaran o qué hacían el trabajo de la consulta en una cafetería cerca de la sede de la institución, una vez habían fichado el fin de su jornada laboral para que no se dijera que trabajaban en horas de trabajo. Los juristas insistieron en los negociadores del Parlamento que la ley debía incorporar «sí o sí, procesos participativos», a pesar de la reticencia de ERC.
Dos informáticos y un bedel
El gobierno español impugnó la ley de Consultas ante el Tribunal Constitucional, pero los magistrados avalaron la parte de procesos participativos. El departamento de Ortega, sin embargo, tenía un buen grueso de la logística hecha, con el mapa aprobado de aproximadamente 2.000 puntos de votación, no solo con edificios de la Generalitat sino de los ayuntamientos, a pesar de la negativa de dos consistorios como el de Pontons, en el Penedès. Pero la brigada Aranzadi de la Moncloa había impedido algo con lo que no contaba ni el «manual de faenas», la Generalitat no podía utilizar el censo electoral.
Cuando todo estaba tambaleándose, uno de los bedeles de Gobernación llamó a la puerta de la vicepresidenta. La querían ver dos jóvenes informáticos del departamento. Dos chicos que podrían ser perfectamente protagonistas de la serie Big Bang Theory. Habían tenido una ocurrencia, no utilizar el censo y sí, en cambio, el concepto de registro de votantes/participantes. Es decir, votar por viviendas que constaran en el DNI de manera presencial. La solución era perfecta y más teniendo en cuenta los 40.000 voluntarios apuntados para hacer de mesa electoral que hicieron una formación «disfrazada» de otros conceptos. Sin censo, pero con suficiente seguridad para evitar el doble voto y eliminar el peligro del voto telemático porque no se podía garantizar ni su solvencia ni su seguridad, por parte de los ciberataques que se registraron contra las aplicaciones de la Generalitat y contraatacadas por el CTTI.
El cúter que garantizó la transparencia de las urnas
El hecho de disponer del registro de participantes servía para dar garantías del voto serio y único. El sistema, coordinado también con el CTTI, funcionó como un reloj. Ninguno de los trabajadores del CTTI fue identificado, ni ninguno de los trabajadores del departamento, a pesar de las peticiones que llegaban del Estado mediante el entonces consejero de Interior, Ramon Espadaler, ahora consejero en el gobierno de Salvador Illa. Pero, en toda la estructura faltaba un toque, un detalle para lograr la máxima transparencia. Para eso, eran fundamentales las urnas.
El departamento dio vueltas por varios fabricantes. Las urnas debían ser sencillas, baratas, homologables y sobre todo, fáciles de transportar. También debían ser apilables, sostenibles y reutilizables. Pero también transparentes, físicamente transparentes. Encontraron las de cartón. De hecho, los miembros del gabinete de Ortega bromeaban diciendo que eran con «cartón pero sin trampa» en referencia a una frase de matriz castellana de «sin trampa ni cartón«. Pero faltaba algo. Un poco más de transparencia. Fue entonces que con una urna montada sobre la mesa de los cinco miembros del núcleo duro del 9-N, uno de ellos, muy decidido, agarró un cúter y cortó una ventana. «Ya tenemos la transparencia», el resto de la historia ya es conocida.
