El Parlamento ha comenzado a abordar la dimensión política de las infiltraciones policiales en movimientos independentistas o de izquierda. Esta tarde, la comisión de investigación sobre el espionaje y las infiltraciones policiales ha iniciado su trabajo con la aprobación del plan de trabajo y la lista de comparecientes que ha contado con el apoyo de Junts, ERC, Comuns y CUP y la abstención del PSC. Vox se ha personado en la comisión, a través del portavoz de Interior de la formación, Sergio Macián, para votar en contra del plan de trabajo y de la lista de comparecientes. Un voto que ha justificado criticando con dureza que la cámara catalana investigue los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una vez emitido su alegato, ha abandonado la sala 1, escenario de la comisión.
Una vez aprobadas las comparecencias, se han sentado en la tribuna de la comisión que preside la cupaire Pilar Castillejo, Antoni Gavarró, del secretariado de la ANC, Xavier Antich, presidente de Òmnium, Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidària, y Cèlia Carbonell, del colectivo de juristas Irídia. Todos han cargado contra los sistemas de espionaje y de infiltración de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la vulneración de derechos que conlleva este sistema que busca perseguir y criminalizar el independentismo. «El espionaje y las infiltraciones son dos caras de la misma moneda», ha sentenciado Antich.
Demandas de los comparecientes
Los comparecientes, además, han hecho una lista de demandas para combatir el espionaje y las infiltraciones. De ahí que la ANC haya reclamado las reformas pertinentes para hacer un «control efectivo de los servicios de inteligencia», que no se permita la actuación de agentes infiltrados o encubiertos si no es con autorización judicial así como la creación de un fondo para poder financiar la lucha y el apoyo a las víctimas del espionaje o la infiltración.
Por su parte, Òmnium ha reclamado «contundencia institucional» al Parlamento para acabar con estas prácticas. En el mismo sentido, ha propuesto derogar la ley «franquista» de secretos oficiales, que controlen la legalidad de las actuaciones judiciales y policiales y que se garantice el control judicial y parlamentario del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
En cuanto a Alerta Solidària, Majoral ha exigido la condena clara de estas herramientas y ha recordado que la tarea de la comisión es que «la mierda no les salpique». Por lo tanto, demanda que se legisle para controlar y fiscalizar y para prohibir. Carbonell, por Irídia, ha definido el caso de los agentes infiltrados como una «investigación absolutamente prospectiva» que busca «sembrar la paranoia e imponer la represión de manera individual y colectiva» y pide tomar medidas para prohibir el uso de Pegasus o sistemas similares.
