Nueva victoria judicial para el comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, y ya van seis acumuladas. En este caso, en el marco de la macrocausa Tándem. En concreto, la Audiencia Nacional lo ha absuelto de la acusación de haber accedido a datos reservados de un empresario de Marbella por encargo de una mujer con quien mantenía un litigio urbanístico. La Fiscalía Anticorrupción le pedía una condena de 9 años de prisión por delito de soborno pasivo y de descubrimiento y revelación de secretos.
La sección cuarta de la Audiencia Nacional, en una sentencia de 64 páginas a la cual ha tenido acceso El Món, concluye que Villarejo no participó en los hechos que se encuadraban en la pieza separada 8 de la macrocausa. En cambio, sí condena a un año de prisión a los policías Constancio Riaño y Antonio Bonilla por los mismos hechos como autores de un delito de descubrimiento de secretos. Una pena mucho menor a la solicitada por el ministerio público que reclamaba hasta ocho años de prisión.
Un trabajo extraño
Según relatan los hechos probados de la resolución, el 24 de julio de 2015, una vecina de Marbella, Marzena Kartzyna Nikiel, contactó con el socio de Villarejo, Rafael Redondo, como abogado en ejercicio en el despacho Stuart & Mckenzie, donde era socio principal Villarejo, para pedir ayuda en un conflicto urbanístico con el empresario Felipe Gómez Zota. El 18 de agosto, un inspector de policía, José María Serrano Ydigoras, destinado en la Comisaría General de Información, igual que el acusado Constancio Riaño, también Inspector de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), jefe de sección de relaciones institucionales y superior inmediato, consultó las bases de datos con su clave sin que tuviera, a priori, ningún motivo para hacerlo ni orden alguna por alguna investigación en curso. En detalle pidió al Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado (OCP) las escrituras que había otorgado el empresario Felipe Gómez.
Serrano envió la información a Riaño y este la envió a la entidad ANBYCOL, que dirigía Antonio Bonilla, un policía en segunda actividad. Bonilla, a su vez, remitió los documentos a Redondo, al correo corporativo de Cenyt, la consultora de Villarejo. De hecho, Villarejo aún era policía en activo en el momento de los hechos. Bonilla, además, tenía un acuerdo con Cenyt, para analizar datos informativos patrimoniales. Con estos datos, se elaboró un informe calificado de «perjudicial», con fecha del 7 de septiembre, que se incorporó después al procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella a raíz de la admisión a trámite de la querella presentada por Marzena Karze contra el empresario. Los magistrados no ven por ningún lado que Villarejo participara en ninguno de los trámites.
