El caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) continúa ofreciendo nuevos datos sobre la trama andorrana de la operación Catalunya. La relación entre la intervención relámpago de la entidad financiera en el Principado de Andorra y de su filial española, Banco de Madrid, en marzo de 2015, y las maniobras de la policía patriótica para obtener datos sobre los depósitos de los líderes soberanistas crece cada vez que aparecen nuevos documentos, audios o, incluso, nuevos procesos judiciales a raíz de las consecuencias del cierre del banco donde la familia Pujol Ferrusola tenía poco más de tres millones de euros que fueron regularizados en la hacienda española a través de declaraciones complementarias.
El último ejemplo es la decisión de la justicia andorrana de admitir a trámite una querella de los propietarios, los hermanos Ramon y Higini Cierco, y el consejero delegado del BPA, Joan Pau Miquel, contra la presidenta, el vicepresidente y el resto de miembros del consejo de administración de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias de Andorra, la poderosa AREB. Una querella interpone por los delitos de estafa, falsedad de cuentas y prevaricación. Una querella que añade aún más suspicacias tras la publicación de los correos electrónicos entre miembros de la policía patriótica que se atribuían la operación contra la BPA.
La querella fue aceptada el pasado 13 de junio por la Sección de Instrucción Especializada 3, de la Batllia de Andorra, el juzgado de instrucción en el Principado y, aporta datos interesantes sobre la gestión que llevaron a cabo las autoridades financieras andorranas con los fondos de la BPA y la venta posterior de la entidad. Unos datos que aún enturbian más la intervención, sus causas y, sobre todo, sus consecuencias como es que se hizo y quién se aprovechó de los depósitos del banco. Además, la querella delata la sorprendente prisa que han tomado de repente las entidades financieras para declarar de manera definitiva la quiebra de la BPA.
Diversas causas abiertas
Esta querella se dirige contra la presidenta del consejo de administración de la AREB, Sílvia Cunill, su vicepresidente Armand Pujal, y los consejeros Charles Cornut, François Lemasson, Òscar Gelabert y Joaquim Saurina. Según describe el escrito presentado, la AREB asumió la tarea de resolver BPA de manera ordenada y de acuerdo con la ley que le otorgaría esta responsabilidad. Así, desde 2015 la AREB ha estado encargada de administrar los activos y los pasivos de BPA. Ahora bien, esta gestión no ha sido pacífica, ni tranquila ni libre de polémicas, al contrario.
En concreto, los administradores tienen tres causas penales abiertas a raíz de lo que califican como una «pésima gestión y desleal administración por parte de los responsables de la AREB, con relación a los activos y pasivos de BPA«. Así como por haber causado un «perjuicio económico muy alto» a BPA y, por tanto, a sus accionistas, clientes y depositantes. Además, de haber incluso, falseado reiteradamente las cuentas anuales de BPA. A pesar de estos tres procesos abiertos en instrucción judicial, el 24 de mayo de 2023, la AREB presentó la demanda de declaración de quiebra de BPA, pidiendo además, que fuese designado como administrador judicial para encargarse de la liquidación total de la entidad.
Transacciones sospechosas con JC Flowers
La petición avanzó sin que en ningún caso fuese notificada a los antiguos propietarios de la BPA y, sin ninguna oportunidad a que nadie de los antiguos accionistas pudiese personarse. Un hecho que hizo reaccionar inmediatamente al equipo jurídico de los antiguos propietarios de la BPA, porque entre otros motivos, el proceso de quiebra oculta que hay tres causas penales abiertas por la mala gestión de los activos de la entidad intervenida y con una reclamación que, en caso de estimarse, sería de 83.400.000 euros más los intereses correspondientes. De hecho, lo entienden como una maniobra para intentar camuflar la gestión de la AREB de los fondos de la BPA que gestionaron, la creación de un «banco puente» y la venta de los activos a JC Flowers & Co.
Curiosamente, JC Flowers es un fondo de inversión que también consta en los archivos del Financial Crimes Enforcement Network (FINCen) estadounidense, la autoridad financiera de EE.UU. que emitió la «nota» que facilitó la intervención de la BPA. JC Flowers era el accionista del banco Saddle River Valley Bank y tuvo que pagar 8,2 millones de dólares de multa en 2013, por haber blanqueado supuestamente unos 1.500 millones de dólares que provenían irregularmente de la República Dominicana y mexicanas.
¿Dónde están los fondos?
De esta manera, la querella narra y describe las causas abiertas contra los administradores públicos de los fondos de la BPA, cómo se llevó a cabo la liquidación, la venta y, sobre todo, quién hizo negocio con las plusvalías de la transmisión de activos de la entidad. Es decir, poder aclarar dónde han ido a parar los activos del banco con transparencia y con nombres y apellidos y, más cuando esta transacción fundamenta sospechas de mala administración. Todo desde que el 11 de junio de 2015, dos meses después de la intervención, se aprobara un plan que consistía en la «segregación del conjunto de activos y pasivos de BPA considerados legítimos«. Estos activos legítimos se obtendrían a través del análisis de cada cliente, y «serían migrados a una entidad puente creada con el objetivo final de vender estos activos a un tercero«.
La petición de quiebra también ha despertado las sospechas del juzgado donde se ha presentado por un motivo bien escandaloso, la reticencia de la AREB a presentar el expediente administrativo de la gestión de los fondos porque no basta con una auditoría realizada por una consultora. Así le requirió aportar los datos en que se basa el informe de la auditora. Un requerimiento que aún no se ha cumplido y que recurrió la AREB. De hecho, no es la primera vez que se niega. El Tribunal de Cuentas Andorrano también ha llamado la atención a la AREB por no aportar el estado de cuentas de la BPA en tanto que es una entidad pública gestionada por otra entidad pública. «Una actitud de oscurantismo que debe tenerse en cuenta como un indicio más de conductas con relevancia jurídica penal», apunta la querella.
Acordeones y ventas
El texto de la querella repasa la operación de venta rápida de la entidad desde el 17 de julio de 2015, cuando se hizo una valoración económica de la BPA. Solo cinco días después se creó una entidad puente, Vall Banc, SAU que solo tendría una vida de dos años y es donde debían ir a parar los activos legítimos para venderlos y para venderla un tercero la entidad puente. En abril de 2016 se puso negro sobre blanco y se llevó a cabo una maniobra de ingeniería financiera. El Consejo de Administración de la AREB acordó «la absorción de pérdidas y la recapitalización interna de BPA vía operación acordeón». Es decir, disminuyó el capital social a cero y correlativamente aumentándolo a 60.000 euros. Este capital lo suscribió totalmente la AREB, convirtiéndose BPA, de manera definitiva, en una entidad privada de titularidad pública.
Posteriormente, la AREB valoró el traspaso de activos de BPA en 70 millones de euros. A través de una emisión de unas obligaciones subordinadas que debían convertirse en acciones con un valor nominal de 70 millones. De esta manera Vall Banc podría satisfacer a BPA el contravalor de los fondos cedidos. Pero, extrañamente, las mismas cuentas de Vall Blanc, valoraron los fondos de la BPA en 96,2 millones de euros. De esta manera, en su balance Vall Blanc asumía una plusvalía de 26,2 millones de euros. Además, la querella aporta dos informes periciales donde ni de lejos se valoran con 70 millones de euros el precio de las acciones sino que se situarían en un rango de entre 3,4 y 19,1 millones de euros. Una diferencia que ha hecho llevarse las manos a la cabeza a los expropietarios de la BPA. El 3 de abril de 2018 JC Flowers compraba a BPA 12,8 millones. Por tanto, que los propietarios finales habrían generado una plusvalía de 83,4M€, es decir, el resultado de restar los 12,8 millones a los 96,2 millones. El proceso de compraventa está investigada en otro proceso penal.
Detener el proceso
En síntesis, la querella presentada describe con detalle los procesos penales abiertos no solo contra los miembros del Consejo de Administración de la AREB, sino contra los miembros del consejo temporal de la BPA justo después de ser intervenida. Procesos en investigación penal que presentan más que dudas razonables de cómo se gestionó la entidad después de la intervención, y su venta, cuanto más, el FINCen dejó sin efecto la Nota emitida. Por ello, acusan a los miembros del consejo de administración de intentar liquidar la marca BPA y sus activos ocultando información crucial al juez civil y asumiendo el papel de administradores judiciales del procedimiento de quiebra.
«Resulta evidente que el administrador desleal de un patrimonio como se está investigando, no puede convertirse en administrador judicial designado en una causa de quiebra de la entidad administrada, cuando sus funciones serán precisamente las de liquidar el poco patrimonio que ha dejado a BPA, fruto de su delictiva gestión al frente de la misma», apunta la querella. Por eso, reclaman detener el procedimiento con que quieren liquidar los activos de BPA el nombramiento de la AREB como administrador judicial hasta que se resuelva no solo esta querella sino el resto de procesos judiciales abiertos.
