El Ministerio del Interior tenía una lista de sospechosos de ser independentistas para ser investigados. Hasta ahora, las listas negras de independentistas se habían encontrado en las agendas del comisario de inteligencia jubilado José Manuel Villarejo y a través de las conversaciones, grabadas por él mismo, con la exlíder del PP en Cataluña, Alícia Sánchez Camacho. También se esbozaban con el empresario condenado Javier de la Rosa. Ahora, el excapo de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, ha aportado a la comisión de investigación de la operación Cataluña en el Congreso un nuevo documento que oficializa el listado de los que debían ser investigados.
El documento, al que ha tenido acceso El Món y que ya consta en el expediente de la comisión, es de la Unidad de Asuntos Internos y se dirige a la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía del Ministerio del Interior. Es decir, al área comandada por el máximo mando uniformado de la policía española, que entonces estaba ocupado por Eugenio Pino, pieza indispensable del gabinete del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El documento recoge informaciones recibidas por la Unidad de Asuntos Internos, que, en un principio, formaba parte del núcleo de la policía patriótica.
La lista establece las «posibles líneas de investigación» derivadas de la «información recibida y analizada» por Asuntos Internos. De hecho, esta propuesta de investigación se materializó con investigaciones posteriores, como es el caso de la familia Pujol, los empresarios como Carles Vilarrubí, Sol Daurella, Carles Sumarroca, Felip Massot y el entonces fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, que acabó destituido por defender la posibilidad legal de un referéndum. Un listado de víctimas de investigaciones prospectivas. La misma nota advertía que las informaciones aún no se habían podido «contrastar» por eso pedían a la dirección policial su investigación.
Jordi Pujol, la estrella
El documento tiene como estrella destacada a Jordi Pujol, con referencias a la «posible existencia de posiciones financieras de Jordi Pujol en entidades bancarias como Lloyds o Royal Bank of Scotland, en territorio suizo». Una información que generó comisiones rogatorias, orientadas por la UDEF, que resultaron un fiasco. También añadían anotaciones sobre supuestos fondos en «Cantrade Lausanne», así como una supuesta relación de Pujol con las «cajas de seguridad de Fèlix Millet en esta entidad que gestionaba un tal Jaime Castillo, como gestor de fondos especializado».
Sin moverse de Suiza, Asuntos Internos, en colaboración con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF del CNP, investigó también las «posiciones financieras» en «Lombard Odier» en una oficina en Ginebra. En el paquete de conocidos de Pujol, suman los vínculos «de un abogado de nacionalidad india con Jordi Pujol Ferrusola y Marta Ferrusola». Una operación de la cual Villarejo informó a Pino y Martín Blas a raíz de un caso de confiscación de material textil falsificado y aseguró que el abogado indio ofrecería información sobre los Pujol a cambio de beneficios en la acusación.
Incluso un fiscal y la Coca-Cola
En cuanto a empresarios que había que tener controlados e investigarlos, se abre la veda con Felip Massot, propietario del grupo inmobiliario Vertix. Un promotor que defendió en 2014 el derecho a decidir de los catalanes. A la lista se añaden la investigación de «posibles irregularidades y posiciones no declaradas» del «patrimonio de Carles Vilarrubí», empresario y exvicepresidente del Barça. Asimismo, incluían la demanda de investigar el patrimonio de Sol Daurella, pareja de Vilarrubí y presidenta de COBEGA, SA, la embotelladora de Coca-Cola en el Estado español y una de las integrantes del Diplocat, el consorcio de la paradiplomacia catalana que construyó el presidente Artur Mas.
La lista incorporaba «posibles irregularidades» financieras y patrimoniales de Carles Sumarroca. De hecho, Carles Sumarroca y sus dos hijos Carles y Jordi, muy relacionados con Pujol y Convergencia, fueron objetivos de la policía patriótica en el entramado de la operación Cataluña. Investigados durante siete años en la causa de los Pujol y en la causa del 3% –por la cual Jordi Sumarroca fue el único implicado del caso que estuvo en prisión preventiva. La familia Sumarroca interpuso una querella criminal contra los miembros de la cloaca que fue a parar a la Audiencia Nacional y al Supremo y que, finalmente, se archivó, a pesar de que la Fiscalía en un primer momento estuvo de acuerdo en admitirla a trámite.
Otro de los nombres que aparece en la lista negra oficial es el entonces fiscal en jefe de la Fiscalía Superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol. Todo por su posicionamiento favorable al referéndum y sus «vínculos con Unió Democràtica de Catalunya». De hecho, fue número dos de los democristianos en las elecciones de septiembre de 2015, donde se quedaron sin representación. La policía patriótica reclamaba investigar las «comisiones gestionadas por los abogados del partido».
Martín Blas, al principio
De hecho, el documento acredita que Asuntos Internos estaba también en el entramado de la operación Cataluña. Una información que se corrobora con los audios y los documentos aportados al Congreso. De hecho, el mismo Martín Blas ha admitido este martes, en su segunda comparecencia en el Congreso, que existía la operación Cataluña y que en un primer momento se bautizó como Operación Barna. A preguntas del portavoz socialista, sí que ha apuntado que participó en un principio pero que lo sacaron después, cuando ya vio que era una «xoriçada«. De hecho, la ha reducido a una operación orquestada por Villarejo «y sus amigos». El documento, sin embargo, acredita que Asuntos Internos formaba parte clave de los expedientes clandestinos para investigar contra el soberanismo.
