Fue el titular que sirvió de gancho para defenestrar lo que el unionismo identificaba con uno de los liderazgos del Proceso, y ahora los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía constatan la larga mano de la brigada patriótica del Ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy. Fueron los famosos «3.000 millones de los Pujol». Una fortuna presuntamente recogida por la familia del expresidente Pujol y que ponía en el centro de la polémica al pequeño de los Pujol Ferrusola, Oleguer. Después de diez años, el titular del juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, decidió archivar la causa con el argumento de «falta de pruebas ni ningún indicio de la comisión de ningún delito».
Ahora bien, la poderosa Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía sabía desde hacía tiempo que este caso fue prefabricado por la factoría de la policía patriótica. Así se desprende de un atestado de la policía española, al cual ha tenido acceso El Món, donde los agentes recogen el denominado «Proyecto Ole», que encuentran entre los documentos confiscados en los registros a los diferentes domicilios del comisario de inteligencia, ahora jubilado, José Manuel Villarejo. El excomisario fue uno de los coordinadores de la Operación Pujol, bautizada posteriormente como Operación Cataluña. Un documento que demuestra la implicación de la policía patriótica en el montaje contra la familia.
Además, una conversación entre Villarejo y el exjefe de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario, ahora también jubilado, Marcelino Martín Blas, en abril de 2013, muestra cómo los dos estaban detrás este caso. Una conversación que se ha integrado al sumario Tándem, la macrocausa que investiga los negocios de Villarejo y sus relaciones con el Ministerio del Interior. Un caso que está bajo la dirección del titular del juzgado central de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, dirigido por el juez Manuel García Castellón, que la semana pasada volvía a rechazar la personación de los Pujol. Una situación que podría cambiar, a la vista del atestado y de la conversación que se encuentra en la causa.
Un atestado concluyente
De hecho, que el caso de los «tres mil millones» fue producto de la policía patriótica fue constatado por los mismos investigadores en enero del 2022. Pero no lo comunicaron al juez hasta el 13 de octubre de aquel año, cuando registraron en el juzgado un atestado del 10 de octubre, con número 2022002000400003397. Todo ello, en el marco de la pieza separada número 35 de la macrocausa Tándem, sobre diferentes encargos a diferentes empresas de Villarejo, es decir, en el entramado empresarial con que llevaba a cabo operaciones encubiertas o clandestinas para los servicios de información del ministerio del Interior.
En este atestado, los investigadores dirigidos por el inspector en jefe y jefe del grupo III con TIP 111.470 —que coordina las pesquisas sobre Villarejo desde el año 2017— detallan al juez hasta unos noventa «proyectos» encomendados al equipo del comisario de inteligencia. En este oficio se detallan los clientes, los «principales investigados», el presupuesto y las condiciones de cobro y pago, así como los años que se han llevado a cabo. Los expedientes donde el cliente está en blanco responderían a proyectos u operaciones que vendrían encomendadas por la dirección de la policía patriótica.
Entre estos expedientes sin nombre de cliente aparece el «proyecto Ole», de principios de 2013, donde el principal investigado es Oleguer Pujol Ferrusola. Curiosamente, tampoco consta el presupuesto. Los policías también alertan que entre la documentación decomisada se incluirían papeles que están afectados por «la legislación de secretos oficiales». En este sentido, la carpeta del Proyecto Ole se copió en un lápiz de memoria que fue librado al juzgado y al ministerio fiscal para que lo estudiaran. Hasta ahora, no se ha remitido ninguna copia a las partes, ni siquiera a los afectados de las investigaciones. Justo es decir que entre los proyectos detallados se encuentran como clientes influyentes despachos de abogados, multinacionales, grandes compañías de seguros, bancos españoles, empresas de la Ibex, dirigentes del PP o, incluso, inmobiliarias o empresas promotoras que buscaban información delicada de activistas o ecologistas que se oponían a sus proyectos.
Un audio explicativo
Fuentes próximas al caso apuntan que el Proyecto Ole describe como se llevó a cabo la investigación prospectiva del trabajo de Oleguer Pujol y sus empresas de compraventa. En este marco, el objetivo fue una gran operación inmobiliaria, de varios locales que habían estado en posesión del Banco de Santander y el Grupo Prisa, y de los cuales se hizo un paquete para facilitar su venta en el mercado inmobiliario internacional. Una operación que se utilizó para incrementar el cálculo sobre la supuesta fortuna de la familia del expresidente hasta los «3.000 millones». Un montaje que se ha deshecho después de diez años de instrucción con el insistente magistrado Santiago Pedraz y el fiscal José Grinda.
El atestado de la policía queda refrendado por una conversación, grabada en MP3 y aportada también por la policía, en la que el comisario Villarejo comparte esta información con Martín Blas. Es una conversación del 9 de abril de 2014, en la que Villarejo expone a su colega que tiene un nuevo confidente «alemán» y que su pareja le explicará secretos de la familia Pujol. En detalle, según Villarejo, este nuevo confidente cobra del fondo que gestiona Oleguer Pujol, investigado desde 2013. Martín Blas le ordena que vaya «despacio» porque «es más complicado que el
