El comisario de inteligencia jubilado del CNP, José Manuel Villarejo, estrella de la operación Cataluña, ya acumula una nueva absolución en la macrocausa Tándem –una carpeta judicial sobre asuntos al margen de sus casos catalanes. La Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al comisario del encargo ordenado por el empresario José Moya Sanabria, en 2021, para que le ayudara a resolver el conflicto que mantenía con la compañía constructora Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín, para recuperar la inversión de cien millones de euros que había realizado en esta inmobiliaria.
Se trata de la pieza separada número 25 bautizada como «proyecto Saving» y en la que la Fiscalía Anticorrupción solicitaba una pena para Villarejo de 23 años y medio de prisión y de casi 19 años para Redondo. En la sentencia, de 124 páginas y a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados absuelven a Villarejo y también a su socio Rafael Redondo de los delitos de cohecho pasivo propio, descubrimiento y revelación de secretos a terceros cometidos por funcionario público en el caso del comisario y de falsedad en documento mercantil.
Ningún delito
La sentencia, bastante plástica en su contenido, determina que los hechos probados no pueden constituir ningún delito. Así, los hechos probados en la resolución relatan que en julio de 2011 José Moya Sanabria, que ya ha fallecido, contactó con Villarejo, con el fin de que le ayudara a resolver el conflicto que, a cuenta de una inversión que había realizado, mantenía con la compañía Martinsa Fadesa y con su presidente, Fernando Martín.
En concreto, el origen del conflicto era una inversión que Moya Sanabria, en su nombre y también a través de una sociedad patrimonial de la cual era titular, había realizado adquiriendo acciones de la inmobiliaria por un importe superior a 100.000.000 de euros en el año 2000. Una cifra que suponía entonces, aproximadamente el 5 por 100 del capital social de la compañía y que pretendía recuperar. El encargo a Villarejo implicaba detectar y encontrar irregularidades que se habrían producido en el procedimiento concursal de Martinsa Fadesa. Si Villarejo encontraba estas irregularidades podría utilizarlas para negociar con Martín la inversión.
El tribunal concluye que la información encontrada, cómo se obtuvo y el dinero que se pagó no pueden constituir ningún delito porque fue un negocio entre particulares. En este sentido, enfatiza que Villarejo actuó en condición de consultor privado y no aprovechando su pasado como comisario de policía. «Este Tribunal no considera probado que la actuación ejecutada por el acusado José Manuel Villarejo Pérez, con la participación del también acusado Rafael Redondo Rodríguez, tuviera relación con las funciones públicas del primero, como Comisario del Cuerpo Nacional de Policía, adscrito a la DAO”, dictamina la resolución de la cual ha sido ponente el magistrado Javier Mariano Ballesteros.
La administración no se ha visto perjudicada
Los magistrados resaltan que nada indica que se produjera un menoscabo a la Administración Pública en beneficio propio. De esta manera, razonan que los hechos no constituían nada más que conseguir unos «intereses particulares lucrativos mediante la realización de una investigación privada solicitada por Sanabria» sobre posibles irregularidades que sospechaba en el procedimiento concursal de Martinsa Fadesa. El objetivo era tener la información para negociar la recuperación de la inversión.
Al fin y al cabo, los magistrados también enfatizan que los pagos respondieron a la prestación de servicios de carácter privado de investigación por parte de Villarejo y su socio Redondo. «En definitiva, estamos ante una actuación absolutamente privada, de manera que el pago de las cantidades abonadas responde exclusivamente a la contraprestación de los servicios realizados dentro del ámbito de esta actuación privada», concluye la sala.
