El informe Colombo, el atestado de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) del Cuerpo Nacional de Policía sobre una supuesta red de tráfico de información policial descubierta a raíz de la operación Cataluña, sigue ofreciendo sorpresas. Este informe, elaborado el 12 de mayo de 2014, en la época de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, con Marcelino Martín Blas como jefe de la UAI, y que la Fiscalía Anticorrupción ocultó en un cajón y no quiso investigar, hacía constar que se había detectado una trama societaria que servía para financiar estas operaciones de transferencia de información entre cuerpos y fuerzas de seguridad y empresas de seguridad privada, medios de comunicación o partidos políticos.
Todo con el objetivo de conseguir supuesta información comprometida de personas de relevancia social o adelantar datos de investigaciones policiales a los afectados. Un sistema similar al que la misma UAI descubrió en la investigación de las operaciones financieras del comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, con un entramado de empresas y sociedades que permitirían rastrear los fondos con los que se financiaban las operaciones clandestinas del Estado.
Por otro lado, el atestado, que tiene el número 1005/14, recalca la falta de medidas de seguridad de las bases de datos policiales delicadas. Especialmente, sobre las investigaciones de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Financiera del CNP, la conocida UDEF, que tendría un papel muy relevante en esta trama de tráfico de información policial y judicial, especialmente a través del Grupo 21. Los analistas de la UAI destacan en el informe Colombo la debilidad del sistema de seguridad de sus investigaciones, la permisividad con que algunos de sus agentes se llevaban «documentación a casa» y el desconocimiento de quién podía o no acceder a las carpetas con información sobre sus operaciones.
Detectives y sociedades
En este informe, de 261 páginas más anexos, hay una relación con más de treinta empresas y sociedades que permitían el flujo de capitales para poder pagar a los hipotéticos suministradores de la información y poder cobrar los servicios de difundirla, guardarla o hacer el uso que consideraran conveniente en un momento determinado. Según fuentes de Asuntos Internos consultadas por El Món, había connivencia entre diferentes mandos policiales –o expolicías con vínculos con el cuerpo– para obtener información a cambio de dinero y que esta información fuera mercancía para vender, presionar o difundir datos delicados en operaciones de relevancia pública con protagonistas también públicos.
De hecho, el origen de las investigaciones sería la agencia de detectives Método 3, entonces inmersa en una investigación judicial a raíz del caso Camarga, la grabación de la conversación comida entre Alícia Sánchez Camacho, exlíder del PP en Cataluña, y una de las principales informantes de la operación Cataluña, y Victoria Álvarez, examante de Jordi Pujol Ferrusola, la pieza que utilizó la policía patriótica para continuar las pesquisas contra la familia del expresidente. Una de las intenciones de la investigación era intentar acreditar que Método 3 era una de las partes privadas de la brigada política de Fernández Díaz. Una tesis que la fiscalía se negó a investigar y el ya extitular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, también prefirió dejar estar.
Sociedades y destinos internacionales
La investigación de Asuntos Internos, además de ser entregada a la fiscalía, fue aportada como prueba documental de la pieza separada 27 de la macrocausa Tándem, el sumario donde se instruyen las actividades de José Manuel Villarejo. Una pieza que fue archivada. El informe Colombo identifica una treintena de empresas que servirían para «simular operaciones entre estas empresas» a través de «dobles facturaciones o facturaciones falsas». Además, los policías identificaron virtuales operaciones mercantiles entre este entramado societario y sociedades domiciliadas en la República Dominicana, Panamá, Andorra, Argentina, EE. UU. y el Reino Unido.
Según Asuntos Internos, la estrategia de los compañeros investigados era cobrar un dinero para obtener la información, pagar a los informantes y llevar a cabo las operaciones que querían con estos datos. El cobro a través de sociedades con facturaciones de tareas ficticias permitían devolver al circuito mercantil el dinero percibido en negro o bien ennegrecían dinero en blanco para pagar a los informadores. De hecho, la policía elaboró un listado con los que sospechaban que eran los principales informadores, siguiendo el rastro de los expedientes encontrados en las empresas de seguridad privada investigadas, las consultas a las bases de datos policiales y el seguimiento de las investigaciones policiales.
«La verosimilitud de las declaraciones y los documentos aportados por los investigados, indican una serie de indicios que hace presumir a esta instrucción la implicación del grupo empresarial en el delito de blanqueo de capitales», apuntan los policías. Según su tesis, la particularidad de los indicios se basa en la «presunta posesión de cuentas o tarjetas de crédito en bancos pertenecientes a paraísos fiscales, la remisión de dinero por diferentes medios con origen o destino paraísos fiscales». Todo a través de «transferencias bancarias simulando operaciones mercantiles o bien llevando el dinero físicamente» que haría «sospechar» a los policías que el «grupo investigado pudiera poseer activos físicos y financieros en otros países». En este sentido, destacan que algunas de estas operaciones estarían «relacionadas estrechamente con jurisdicciones no cooperantes en materia de blanqueo de capitales».
Policías y empresas
Entre las sociedades investigadas se cuentan Marítimo 15, SL; Clarte Business Consulting, SL; M3 Consultora de Seguridad S.L., MJ Consultoría Antifraude, SL; Paradigma Globla, SL; Consultora de Seguretta Avançada, Sl; Sopdit, SL; Sistema i Acció S.A; Dealing Business, SL; D.I.V.E.R.S. 2000 Gestiones y Servicios, SL., Bea Toil Energies and Trading, SL; Fundacion Maia y Meihong. Según el informe Colombo, alguna de estas sociedades no tendría la licencia para las actividades para las cuales hipotéticamente facturaban, como estar inscritas en el registro de Seguridad Privada. Además de un «uso de sociedades instrumentales y una red de sociedades con el mismo domicilio social, mismos administradores y apoderados, facturaciones entrelazadas y sin trabajadores propios». También se incluyen en la investigación dos sociedades que la policía subraya, como Facsaint y Cigar Club, domiciliadas en la República Dominicana, e Investigaciones Globales, con sede en Panamá.
Por otro lado, el informe identifica seis mandos policiales que serían la clave de todo. Identificados con su TIP y el mando que tenían entonces dentro del Cuerpo Nacional de Policía. De la Guardia Civil, lo dejan en manos del servicio de asuntos internos del instituto armado. En esta relación, los policías de Asuntos Internos constatan que estos mandos no procuraban por las medidas de seguridad de sus investigaciones, un hecho especialmente remarcable porque es donde se encontraría el origen del negocio. El informe resalta que, por ejemplo, el Grupo 21 de la UDEF, una de las unidades más delicadas y con más información de casos sobre posibles corrupciones, «si bien cerraba el despacho con llave, los mismos responsables reconocían que no sabían quién lo podía controlar ni quién tenía esa llave».
Además, en cuanto al acceso a la «información relevante almacenada en los ordenadores», el informe añade: «Los responsables reconocen que todos los miembros acceden indiscriminadamente y, si bien el jefe de sección asegura que solo acceden los miembros del Grupo 21, el jefe de grupo desconoce realmente quién tiene acceso a su información». Incluso, destacan que desconocen si los superiores tenían esta posibilidad. «Es preocupante que no controlan quién accede a la información», concluyen los agentes de Asuntos Internos, que añaden la facilidad con que los agentes de estas unidades «se llevaban los expedientes a casa para elaborar informes». Es decir, que nunca se pudo terminar de investigar quién y a qué información accedieron los policías que supuestamente colaboraban con pasar información sobre investigaciones delicadas a empresas privadas de seguridad.
