La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), entidad pública dirigida principalmente por el Ministerio de Exteriores –en manos de José Luis Albares– y que pagaba a policías relacionados con la operación Catalunya, no deja de aportar sorpresas. Obligada a redefinirse y con advertencias del Tribunal de Cuentas, la FIIAPP –rebautizada como FIAP, Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas– también ha sido una importantísima intermediaria en compras de material militar, armamento, elementos tácticos y de seguridad, así como de inteligencia y comunicaciones, en Ghana, Mauritania, Marruecos, Ucrania, Níger, Chad, Senegal, Burkina Faso, Togo o la zona del Sahel en general, con diversas empresas y sociedades. De hecho, una de las principales empresas con las que ha trabajado ha sido Fieldsports Ltd., una empresa de armamento domiciliada en Malta y disfrazada de tienda de material deportivo que se lleva una gran parte, por no decir la mayoría, de las adjudicaciones.
Así se desprende de la documentación a la que ha podido acceder El Món, aunque buena parte de las adjudicaciones han desaparecido de la plataforma de contratación del Estado y muchas de las empresas contratadas han sido liquidadas. La ingente cantidad de licitaciones de esta fundación estratégicamente pensada para mejorar las condiciones de desarrollo resulta que se destina a cuestiones de seguridad y militares –o bajo una turbia estrategia de control migratorio–, que tanto se financian con fondos del Estado español como aprovechando fondos de la Unión Europea.
Precisamente, este punto de los fondos europeos destapa uno de los puntos negros de la fundación, los diferentes contratos menores a Ignacio de Lucas, el fiscal que articuló la acusación por blanqueo contra Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio Carles Puigdemont, y que fue promocionado después por el gobierno de Pedro Sánchez, como representante del ministerio público español en la Fiscalía Europea.
Empresas de Seguridad, las grandes adjudicatarias
La multitud de contratos a empresas como FieldSports Ltd.; URO Vehículos Especiales, marca española de construcción de blindados; Vlimad Global Services; Indra; Transmotor B.V; Cicomtec Sistemas AL; Equipos Móviles de Campaña ARPA, SL; Arminia Tecnologia y Control; Technology and Security Developments, S. L; ETEL 88 S.A. o Saborit Internacional, entre muchas otras, aún ponen más el foco en una fundación que ha contratado incluso al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata o policías de la UDEF, así como expertos en «infiltraciones policiales». Aunque muchas de estas adjudicaciones no tienen ni la memoria justificativa ni el pliego de cláusulas administrativas ni técnicas.
De hecho, buena parte de la documentación contable de la FIIAPP desapareció, supuestamente, a raíz de un ataque informático. Todo indica que esta fundación pública podría haber financiado pruebas de sistemas de control migratorio y aprovechado los fondos también para contratar miembros del poder del Estado con relaciones directas con los grandes retos políticos o parapolíticos de los últimos años, como ha sido el Proceso soberanista.
Ahora bien, sorprende también que entre la cantidad de contrataciones menores, además de jueces, fiscales, policías, abogados del Estado, guardias civiles o miembros del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) también se encuentren consultoras como Ernst & Young o prestigiosos despachos de abogados de Madrid, que hacen de puertas giratorias con la alta administración del Estado, como Llorente y Cuenca, así como fundaciones como la de la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, el centro de estudios DEJUSTICIA o varios contratos en el Consejo General de la Abogacía Española o la Fundación Intermon/Oxfam, una ONG salpicada por escándalos sexuales de sus directivos.
Una empresa de Malta, la más beneficiada
Si en la lista de empresas a las que FIIAPP adjudica material de seguridad y defensa o intervención militar hay una que destaca, esa es Fieldsports. Una sociedad, domiciliada en la calle París de Mellieha, en Malta, que la misma FIIAPP tiene catalogada como «pime» y que según su web es una tienda de material deportivo de caza y pesca, pero que tiene un amplísimo catálogo de armamento, material táctico, de seguridad, de prevención, uniformidad y todo lo que haga falta en el mundo de la seguridad. Incluso, comercializan vehículos de seguridad en los proyectos que técnicamente lidera o patrocina esta fundación pública.
La relación de la contratación menor entre 2016 y 2020 es bastante concluyente. Desde las compras de teléfonos satelitales (de uso para la alta seguridad) a empresas como Biccom Telecomunicaciones, para «actuaciones en el Cuerno de África», o a Desarrollo de Componentes Aeroespaciales para los proyectos de drones Ukraina UA/48b o Ukraina UA/52, o contratos por importe de 929.710 euros a Tramsmotors BV para vehículos de control para el Sahel, o 174.000 euros a RadioTrans S.A. para equipos de seguridad, O Vimad Global Services, para sistemas de transmisión y cámaras de seguridad por casi 8.000 euros. Pero Fieldsports, en solo un semestre de 2017, obtuvo 8 licitaciones por un importe de 702.146,39 euros. En el mismo periodo, Vimad Global Services, para material táctico, recibió 85.800 euros. La pime de Malta se lleva la palma de las licitaciones.
En total, según los listados de adjudicaciones que abarcan desde 2016 hasta el primer semestre de 2020, esta pequeña tienda de Malta, ha obtenido, como mínimo, 46 contratos por importe de 4.801.122,27 euros. Todo ello en diversas adjudicaciones por «material de intervención», material táctico como cascos, chalecos antibalas, vehículos blindados, uniformes, equipos de subsistencia, ampliaciones de contratos anteriores, asistencias técnicas para vehículos blindados, otros materiales en licitación que no se pueden encontrar en las memorias de contratación, «material colectivo de apoyo», material individual de protección o «equipos de medios de vida». Material y suministros para proyectos opacos en Senegal, el Sahel, Burkina Faso o Mauritania, entre otros.
Más empresas
Pero Fieldsports no se encuentra sola. Otras empresas o sociedades como URO también se llevan mordiscos con contrataciones que ascienden en un semestre a 1.750.000 euros. También aparece Technology and Security Development SL, especializada en vehículos militares bautizados como hard top, blindados ligeros, con adjudicaciones que ascienden, en solo seis meses, a 619.335 euros. Otras grandes beneficiarias son Saborit Internacional, SL especializadas en material de intervención policial o militar que suministran «equipos para la policía», «balística», material antitrauma o de apertura de intervenciones policiales. Otras empresas beneficiadas por esta fundación son las especializadas en drones Asesoramiento y Servicio de Drones o Desarrollo de Componentes Aeroespaciales.
Ahora, esta entidad, vigilada por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado, se ha visto obligada, por parte del gobierno de Pedro Sánchez a redefinirse como fundación. El resultado ha sido que el pasado 11 de marzo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentó desde la sede del ministerio “la nueva identidad de la antigua FIIAPP”, de la cual han cambiado incluso el nombre y que ahora se llama, FIAP, acrónimo de Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas. También se ha cambiado el sistema de gobernanza y la composición de su patronato. Ahora, habrá que ver en qué gasta la ingente cantidad de dinero público que gestiona teóricamente para cooperación.
