Cursos para entrenar a agentes de policía encubiertos. Esta era una de las funciones de la FIIAPP, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Una fundación pública, dirigida principalmente por el ministerio de Exteriores, que pagaba a policías relacionados con la operación Catalunya, todo a través de contratos menores, así como a jueces y fiscales relacionados con el caso Pujol, como el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata, o fiscales que persiguen a Gonzalo Boye, el abogado del presidente Carles Puigdemont, como Ignacio de Lucas, promovido a la Fiscalía Europea, y Ángel Bodoque, encargado de la acusación de blanqueo contra el abogado estratega del exilio.
Un análisis de la ingente documentación obtenida por El Món sobre las contrataciones de FIAAP desde 2016 hasta 2022 permite asegurar que la entidad pública formaba a policías para infiltraciones y acciones encubiertas como las que se han ido destapando en los últimos meses en movimientos independentistas y sociales de la izquierda catalana. Pero los contenidos de estos cursos, la gran mayoría adjudicados con la cláusula de contratación menor, no siempre están registrados en la plataforma de contratación pública, ni tampoco las memorias justificativas, ni los acuerdos de adjudicación.
¿Gratificaciones?
En este sentido, la documentación contable de la fundación permite corroborar la cantidad de policías y guardias civiles que son contratados como «expertos» para diferentes tareas formativas. Unas contrataciones que han hecho levantar la oreja en el Congreso de los Diputados y ya han comenzado a pedir las primeras explicaciones en la Comisión Constitucional del Congreso, ya que ven un sistema de compensación a instituciones sensibles como la judicatura, la fiscalía o los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
De hecho, la entidad, advertida por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado, alegó que habían desaparecido datos de contratación debido a un ataque informático “ransomware” que habría hecho desaparecer la contabilidad de los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Los «errores contables» detectados por los organismos de control han obligado al gobierno de Pedro Sánchez a redefinir la fundación. Así, el pasado 11 de marzo, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, presentó desde la sede del ministerio «la nueva identidad de la antigua FIIAPP», de la cual han cambiado incluso el nombre y que ahora se llama FIAP, acrónimo de Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas. También se ha cambiado el sistema de gobernanza y la composición de su patronato.
Operaciones internacionales… policiales
Según informa oficialmente el ministerio de Exteriores, la función principal de la FIIAAP, actual FIAP, es «apoyar la construcción de sistemas públicos en más de 120 países». Todo ello con la «promoción del talento público y el intercambio de conocimiento entre instituciones homólogas de diferentes países». La FIAP ejecuta actualmente 118 proyectos de cooperación institucional en 114 países, con una media de ejecución de 70 millones de euros anuales. Pero el historial de la contratación de esta fundación no parece tan bienintencionado.
Entre las adjudicaciones, se encuentran las contrataciones de expertos para tareas policiales y de seguridad muy concretas y que se repiten en los diferentes ejercicios. Incluso financiados con fondos europeos. Por ejemplo, el contrato CTTO/230/2019, adjudicado a Miguel Ángel J.J, contratado como experto por un importe de 3.280 euros, así como la adjudicación CTTO/231/2019 para la contratación de José Maria M.G. por el mismo importe. Ambos contratados para «servicios necesarios para la realización de la actividad de agentes encubiertos, informantes».
Además, hay contrataciones desde el año 2017 para la formación en «agentes de inteligencia», otro concepto que se utiliza para definir a los infiltrados en el argot policial. Cursos que tienen como argumento proyectos en Bolivia y con contratación de expertos, como José Ángel M.M. o Jaime T.A, un oficial de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil implicado en el caso de los confidentes descontrolados de los atentados del 11-M. Ambos expertos fueron contratados por importes de 5.740 euros para cada uno. También se incorporan en el paquete de las adjudicaciones, contrataciones de expertos como José María G-F G., también de la Guardia Civil, para cursos «de inteligencia operativa» por importes de 3.900 o 5.500 euros depende de cada ejercicio.
Los interrogatorios también
Una de las otras preocupaciones, a raíz de la documentación contable a la que ha tenido acceso El Món, son las técnicas de interrogación policial. Así, la fundación FIIAPP es profusa en este tipo de cursos con fichajes de expertos a través de contratos menores. Por ejemplo, Frank D.V., es contratado como experto por 6.240 euros para la actividad de «técnicas de entrevista e interrogatorio avanzado». Uno de los otros contratos corresponde a Maria Belén R.R., una preciada subinspectora, psicóloga del Cuerpo Nacional de Policía y asesora del Consejo General del Poder Judicial, que recibió 3.000 euros por impartir «cursos y técnicas de entrevistas e interrogatorios».
Uno de los otros puntos de FIIAPP son los cursos o las formaciones policiales en seguimientos y rastreos. De hecho, una técnica bastante utilizada en la persecución del independentismo. Causas como la Volhov, la operación Judes, las diligencias 104/17 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia o la detención del presidente Carles Puigdemont en Alemania, las balizas de geolocalización o las actas de seguimiento tuvieron un papel protagonista. Es especialmente llamativa la contratación frecuente por modalidad de contratación inferior a 200.000 euros, de la empresa GPSTRACER -muy contratada por la administración pública en general- para el alquiler «de equipos de rastreo y vigilancia». De hecho, hay contratos desde 2017 por importe de 15.000 euros.
Inteligencia policial
Unas de las contrataciones más destacables son las del comisario del Cuerpo Nacional de Policía, Diego M.G.D., por 11.700 euros, en el año 2017. Se le encargó «la elaboración de documentación de inteligencia». Es decir, informes de inteligencia policial como los que, por ejemplo, alimentaron las causas contra el independentismo. Un contrato que se repite y por el mismo importe para un comandante de la Guardia Civil, Carlos B. D. Según el marco del programa de formación, era para un proyecto en Perú, pero sin especificar ni qué proyecto, ni por qué motivos, ni su duración, ni quiénes fueron los alumnos ni sobre qué convenio de colaboración se justificaron.
En este sentido, también cabe subrayar las cuatro contrataciones por un importe total de 11.700 euros para «actividades en formación de inteligencia». Cuatro contratos que vienen continuados de los dos anteriores, los referentes a Perú, pero que en este caso afectan a Bolivia, sin que tampoco haya ningún documento que detalle la necesidad, ni la justificación de estos acuerdos ni por qué motivos o razones se adjudicaron a los «expertos» que se beneficiaron de ellos. Los contratados fueron Dionisio P. T., un teniente de la Guardia Civil adscrito al servicio de Policía Judicial, y Esther N.C., una inspectora del CNP, que trabajaban en ciclos de inteligencia criminal, intercambio de información en sistemas o redes, dirección y gestión de inteligencia y procesos para inteligencia táctica. Todo un sistema que permite gratificar por la puerta trasera a miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
