La comisión de investigación del Congreso sobre la operación Cataluña continúa indagando en la jungla de las cloacas del Estado. De hecho, la documentación aportada y los testimonios que han pasado por el estrado de la comisión han aclarado mucho más el camino de lo que pensaban los grupos parlamentarios impulsores de la comisión. Uno de los protagonistas que ha emergido con fuerza ha sido la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera del Cuerpo Nacional de Policía, es decir, la poderosa UDEF. Una unidad policial adscrita a la comisaría General de la Policía Judicial y que ha sido uno de los ejes de la operación Cataluña.
De hecho, el caso Pujol o el caso Trias son ejemplos de cómo esta unidad especial ha forjado la persecución a los independentistas catalanes. Las sospechas de su papel principal en el operativo contra el Procés se han confirmado con un audio difundido por El Món. Una conversación donde el jefe de la UDEF durante los años de plomo de la operación Cataluña, el comisario José Luis Olivera, admitía no solo la existencia de la brigada política antiindependentista, sino que se vanagloriaba de haberla diseñado con la orden y permiso del gabinete del ministerio del Interior, entonces dirigido por Jorge Fernández Díaz.
Estas declaraciones, más la documentación aportada por el que fue el responsable de la Unidad de Asuntos Internos, el comisario Marcelino Martín Blas, y sus explicaciones en las dos comparecencias que ha hecho, han puesto en marcha una nueva estrategia. Los grupos parlamentarios han puesto ahora como objetivo aclarar las labores de esta unidad, sus controles, y qué ha pasado -laboralmente- con los instructores que han firmado o preparado atestados, notas o informes sobre independentistas. Todo esto en un marco de desconfianza después de que el jefe de la UDEF en Madrid fuera sorprendido con veinte millones de euros emparedados en su casa.
Más documentos y explicaciones
De entrada, la comisión ha solicitado un informe de la Unidad de Asuntos Internos del año 2012 donde se reclamaba a la dirección adjunta operativa de la Policía Nacional y al ministerio fiscal que se investigara al comisario Olivera y varios jefes de grupo de la UDEF. Un oficio policial que se llevó a cabo durante la investigación del caso Gürtel cuando los agentes de asuntos internos detectaron informes de los investigadores «manipulados» por los jefes de grupo o brigada y luego revisados por Olivera. Es decir, «se eliminaban o incluían hechos o partes de la investigación discrecionalmente».
De hecho, Martín Blas dio detalles por escrito y dijo que si los policías no consentían los cambios eran «invitados a dejar la unidad». Asimismo, muchos de estos informes se filtraban a la prensa, incluso antes de ser terminados. Por eso, en junio de 2012, Martín Blas pidió permiso para intervenir las comunicaciones de Olivera, cosa de la cual se enteró después el mismo jefe de la UDEF, lo que abrió una guerra brutal de buena parte de los mandos de la UDEF. La sospecha era que estos mandos «cobraban» estas tareas.
Martín Blas no obtuvo el permiso judicial. Según detalla el comisario en una declaración escrita aportada al Congreso, el fiscal en jefe de Madrid de entonces, José Javier Polo, le llamó en agosto de 2012. Polo le advirtió que no autorizarían las intervenciones por una nueva circular sobre el delito de revelación de secretos. El fiscal entendía que los hechos denunciados quedaban fuera de lo que establecía la nueva instrucción. Un hecho que, a criterio de Martín Blas, era muy discutible. En todo caso, el expediente quedó en un cajón durmiendo el sueño de los justos, igual que el informe Colombo, que investigaba las posibles relaciones entre los detectives de Método 3 en Madrid y la UDEF. Un informe que fiscalía archivó sin permitir la más mínima investigación.
Varios agentes
Martín Blas focalizaba la actuación en varios miembros de la UDEF. En concreto, los agentes con tarjeta de identificación profesional 89.140, 111.129, 89.169 y 78.777. De hecho, el 89.140 ya fue imputado en el escándalo del lápiz de memoria de los Pujol. Un caso por el que ha sido condenado el exdirector adjunto operativo del CNP, Eugenio Pino, en la que es, por ahora, la única condena por la operación Cataluña. Precisamente, en base a estas identificaciones como agentes operativos que firman los informes presuntamente manipulados, los grupos parlamentarios han comenzado a pedir explicaciones por escrito.
Así, desde Junts per Catalunya, con el acuerdo del resto de grupos, han pedido información concreta sobre estos agentes. En este sentido, han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, los «objetivos alcanzados por estos agentes desde su incorporación» y «la supervisión realizada sobre su rendimiento». En este sentido, piden detalles para poder aclarar si su situación dentro del cuerpo está vinculada a «posibles prácticas irregulares» previamente detectadas. En este sentido, los diputados sospechan que algunos de estos agentes han sido destinados a lugares internacionales, como legaciones en el extranjero.
De hecho, es el sistema que muchos miembros de la policía patriótica pudieron disfrutar después de la entrada de Marlaska al ministerio. Por eso, se ha pedido el listado detallado de los agentes de la UDEF que en los últimos cinco años han sido destinados a delegaciones internacionales, las funciones que tienen asignadas y los criterios de su selección. La intención de los grupos parlamentarios tiene un doble objetivo. Por un lado, dilucidar el papel de la UDEF y clarificar sus tareas en cada sumario relacionado con la operación Cataluña. Y, por otro, instar una reforma de esta unidad, con agentes más profesionales y expertos en inteligencia financiera.
