«La Fiscalía te lo afina«. Esta ha sido una de las frases emblemáticas de todo el contexto de la Operación Catalunya. Fue pronunciada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en una reunión en octubre de 2014 con el entonces director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), el magistrado en excedencia Daniel de Alfonso. Un cónclave donde quien debía vigilar el destino del dinero público se dedicó a dar informaciones sobre los líderes independentistas que, en aquel momento, lideraban la iniciativa de la consulta del 9-N.
Aquel encuentro provocó una crisis dentro de la OAC, una deslucida comparecencia en el Parlamento y una dimisión. Y aquí paz y después gloria. Pero la documentación presentada ahora por el excabeza de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, el comisario Marcelino Martín Blas, en la comisión de investigación de la Operación Catalunya, señala a De Alfonso como una fuente habitual y principal de información de la policía patriótica contra el independentismo. La conversación con el ministro no fue un caso aislado ni casual. Sus aportaciones eran sistemáticas y están recogidas en informes policiales que se integraban en el GATI, el Grupo de Análisis y Tratamiento de la Información de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. De hecho, dos agentes de la UDEF con TIP 16.768 y 79.338 fueron los encargados de orientar sus investigaciones.
Oleguer Pujol y el caso de los 9.000 millones que fue archivado por la Audiencia Nacional
Uno de los documentos más curiosos es uno registrado el 18 de febrero de 2016. Consiste en un informe manuscrito del exdirector de la Oficina Antifraude, redactado en «dos folios de una factura de un restaurante», sobre el conflicto abierto entre Aigües Ter-Llobregat y las empresas Agbar y Acciona, que hasta hace tres años todavía coleaba en los tribunales. Un documento, donde hay un «esquema» donde destacan el empresario Ferran Rodés, vinculado durante años a Acciona –fue miembro de su consejo de administración– y accionista mayoritario del diario Ara. Lo definen como «muy vinculado al independentismo catalán», por ser propietario del diario. Del resto de nombres, no se molestan ni «en aportar más datos».
Ahora bien, sí que fijan la mirada en la empresa Drago, porque se acompañan de las iniciales O.P. y L.I, es decir, de Oleguer Pujol y Luis Iglesias. Precisamente, esta información sirvió a la UDEF para investigar las finanzas de la sociedad Drago, de la cual el hijo menor de Pujol y Ferrusola era uno de los socios. A partir de esta investigación, se abrió la famosísima causa en la Audiencia Nacional de los «tres mil millones del Pujol» que se mantuvo abierta durante nueve años y que el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número cinco, Santiago Pedraz, archivó definitivamente en octubre de 2023, por falta de pruebas ni de ningún indicio que indicara la comisión de ningún delito.
Intento de aprovechar la batalla del agua
En cuanto a Agbar y Acciona, la guerra judicial del agua, la policía también hizo caso de De Alfonso, a quien califica de «colaborador». El magistrado los puso en antecedentes a su manera. De hecho, De Alfonso quería aprovechar el caso para involucrar nombres de CDC en una supuesta trama de corrupción en la batalla del agua entre las dos empresas, que terminó con una sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la adjudicación a Acciona de la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL). Según el relato del magistrado, en el concurso para adjudicarse la privatización los intereses de Agbar estaban «representados» por Oriol Pujol, Germà Gordó, y Josep Antoni Rosell, director general de la empresa pública Infraestructuras, SA, aunque la hipótesis no encaja con el resultado, porque la Generalitat adjudicó el ATLL a Acciona.
En este contexto, De Alfonso añade que Rosell estuvo «implicado en la entrega de unos maletines a la empresa Teyco». De hecho, Teyco también fue objeto de pesquisas de la policía patriótica, así como sus propietarios, la familia Sumarroca, por su relación con los Pujol Ferrusola. En este sentido, formaron parte de las listas negras de independentistas elaboradas por los policías con la información que les facilitaba Alícia Sánchez Camacho, exlíder del PP, y el financiero Javier de la Rosa.
Sobre Acciona, De Alfonso fue más cuidadoso al dar nombres y solo dio iniciales y cifras de dinero que las acompañaban. En concreto, «B.» con la cifra de 4,5 millones de euros; «R» con 5,5 millones y «G». La policía patriótica construyó la tesis de que se trataban de comisiones para poder ganar el concurso de privatización del suministro de agua que había abierto el presidente Artur Mas para obtener ingresos extra para la Generalitat a raíz de los recortes.
