Sorpresa en Andorra por la respuesta de la alta judicatura española a sus peticiones de auxilio judicial en el contexto de la trama andorrana de la operación Cataluña. El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, el ya jubilado Manuel García Castellón, cerró las puertas a la jueza andorrana que instruye la investigación de la operación Anacleto, una contraofensiva de una parte del poder judicial y fiscal andorrano para debilitar la otra causa que mantiene imputados al expresidente español Mariano Rajoy, a sus ministros de Hacienda e Interior Cristóbal Montoro y Jorge Fernández Díaz y a la cúpula del Ministerio del Interior durante los años duros de la policía patriótica contra el Procés.
El juez García Castellón denegó enviar los documentos alegando que eran «secretos de estado» y que provenían de la actuación de Villarejo como policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Una opinión que compartía con el ministerio fiscal y que recoge en una interlocutoria del 2023 que no se hizo llegar a la justicia andorrana hasta justo antes de la declaración del comisario, el martes de la semana pasada, en el marco de la instrucción de la querella contra Rajoy interpuesta por el Instituto de Derechos Humanos de Andorra, en la que también se han personado los hermanos Cierco y la familia Pujol-Ferrusola. La respuesta de la Audiencia Nacional descafeína la contrainvestigación andorrana que pretendía debilitar la causa contra Rajoy, que puede afectar a antiguas autoridades andorranas.
Anacleto, una contrademanda
La resolución del juez, de cinco páginas, con fecha 8 de febrero del 2023 y a la que ha tenido acceso El Món, respondía a una comisión rogatoria de la batlle –jueza, según la terminología andorrana– de Instrucción Especializada número 1, Azahara Cascales, del 7 de junio de 2022. En estas comisiones reclamaba grabaciones y documentos que, en principio, se encontraban en la macrocausa Tándem que investiga las actividades de Villarejo. Unos indicios que podrían acreditar las relaciones de los expropietarios de la BPA con Villarejo, que habrían servido para elaborar documentación que sirviera para la querella contra Rajoy.
La operación Anacleto -en homenaje al famoso personaje de cómic creado por Manuel Vázquez, Anacleto, agente secreto– se inició a raíz de un atestado de la policía andorrana que a su vez se nutría, curiosamente, de otro informe de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de la Policía española y que relacionaría a los hermanos Ramon y Higini Cierco, propietarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) –víctima de la operación Cataluña– con José Manuel Villarejo.
La investigación se centra en supuestos encargos de los Cierco a Villarejo para elaborar las notas de inteligencia que habrían servido para documentar la querella andorrana contra Rajoy. El sumario arrancó justo cuando se tramitaron las comisiones rogatorias en España comunicando a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz que se les investigaba por la trama andorrana de la operación Cataluña.
«Material secreto»
La interlocutoria responde al habitual estilo directo y claro del magistrado García Castellón. En principio, la jueza andorrana reclamaba tres grabaciones de audio, recogidas en un informe de la Unidad de Asuntos Internos del 16 de diciembre de 2020, así como las copias de las notas de inteligencia sobre Andorra y las anotaciones de las agendas que se referían a personas físicas y jurídicas del Principado de Andorra. Así, y a lo grande, también solicitaba cualquier documento, registro, audio o imagen referida a andorranos que se encontrara dentro de la causa.
Al recibir la solicitud, se dio traslado al ministerio fiscal, para que expresara su posicionamiento. El fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro ya puso trabas a la solicitud recordando que son elementos sensibles para la seguridad del Estado. Una opinión compartida por García Castellón, que en su respuesta a Andorra recuerda que la macrocausa Tándem, entonces con 36 piezas separadas -ahora hay 40- «tiene aspectos clasificados como secretos o reservados» que «se obtuvieron en las tareas policiales del comisario Villarejo».
Villarejo era policía
En esta línea, aporta un dictamen del poderoso Gabinete Técnico de la Dirección General de la Policía -que, incluso, maneja parte de los fondos reservados- del dos de febrero de 2021 con el que «se consigna que son documentos clasificados y afectos a la legislación de secretos oficiales». Todo ello porque son «documentos que contienen datos concretos sobre fuentes de los servicios de información y datos y otras informaciones que pueden revelarlas». Las conversaciones solicitadas, donde Villarejo charla con dos personas diferentes sobre sus actividades en Andorra, son simplemente «secretas» y, por tanto, no se pueden desclasificar y remitir a Andorra porque la legislación española no lo permite.
Además, añade que las notas de inteligencia solicitadas fueron protegidas como «secretas» por acuerdo del Consejo de Ministros del 6 de junio de 2014″ porque «afectaban la seguridad nacional y los intereses nacionales de España». En la misma línea, el juez remarca que Villarejo no era un comisario cualquiera, sino que era un «comisario de inteligencia adscrito a la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía» y, por tanto, en este destino «manejaba fuentes de información sobre hechos presuntamente delictivos, y actuaba en función de su actividad profesional». Por tanto, sus actividades y los documentos solicitados, como actuaciones policiales estarían «amparadas por la manta de cobertura del carácter secreto».
Sería un «colapso»
Por otro lado, el juez también se niega a remitir cualquier información sobre Andorra que se encuentre en la causa 96/17. En pocas palabras, el magistrado admite que aún no se ha podido desencriptar todo el material confiscado en los registros. En este sentido, asevera que el volumen de información recogido a lo largo de la instrucción hace imposible poder filtrar información a demanda. Además, mucha de esta información, según alega el juez, se mantiene sin investigar porque está encriptada y ni el Centro Criptológico Nacional (CCN), el brazo informático del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ni los analistas del CNP tienen suficientes recursos para poder abrirlos y averiguar qué dicen o qué aporta la documentación.
De hecho, en declaraciones esta semana a TVE Catalunya, García Castellón, admitía que solo se había podido desencriptar un 1% de todo el material. En todo caso, el instructor subraya a su compañera de toga andorrana que no hay ningún sistema para buscar dentro de los archivos con los parámetros que solicita, como por ejemplo, la territorialidad. La cantidad de información tiene «saturados» los servicios policiales de la investigación y hace «inviable» la petición de documentación, porque en caso contrario, la policía y el juzgado llegarían al «colapso».
