El juicio de la operación Kitchen en la Audiencia Nacional está aclarando puntos muy oscuros de las cloacas del Estado. La investigación del dispositivo clandestino para sustraer la documentación delicada sobre la financiación del PP al extesorero de la formación, conocidos como los «papeles de Bárcenas» ha destapado otras maniobras. Tanto es así, que los testimonios y un buen número de documentos aportados han permitido sacar a la luz el plan para intentar neutralizar la información que tenía y tiene el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, que podría afectar las estructuras y poderes del Estado.
La clave han sido cuatro testimonios que han pasado por la tribuna en la funcional sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares: dos exmandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un exagente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y una agente de la poderosa Unidad de Asuntos Internos que dirigía el comisario Marcelino Martín Blas.
Todos han aportado diferentes puntos de vista e informaciones concretas sobre la relación con Guinea, los servicios secretos y la supuesta connivencia con la fiscalía, así como el papel del asunto de Juan Carlos de Borbón con Corinna Larsen y el de El Pequeño Nicolás. Todo ello ha destapado cómo se abrió la macrocausa Tándem, es decir, la investigación judicial sobre las actividades de Villarejo –que también incluye como pieza separada 7, sobre la operación bautizada como Kitchen– para poder arrestar al comisario y registrar sus domicilios para recuperar el material sensible que tenía, especialmente el relacionado con la corona española y los negocios y aventuras de Juan Carlos de Borbón.
El whatsapp delator
Una de las pruebas documentales aportadas a la causa es una cadena de mensajes de WhatsApp entre dos de los acusados de la operación Kitchen. En concreto, entre Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional y único condenado por la operación Catalunya –por el caso del pendrive de los Pujol–, y Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, el seis de diciembre de 2019, en plena instrucción del caso. En los mensajes recogidos en un informe de Asuntos Internos, Pino da información a Martínez por si acaso la necesita en su defensa y sitúa el núcleo de las operaciones clandestinas como una maniobra para tapar los negocios y los escándalos de Juan Carlos de Borbón. El comisario escribe: “A ver, por si lo tienes que utilizar, yo informé a CR [Casa Real] y Sanz R [Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia hasta unos meses antes] de la existencia de las cintas de Corinna y a partir de ahí, todo. El resto es una excusa para desviar. Además, le dije dónde estaban las cintas”.
Pino se muestra, poco a poco, más preciso con el concepto «todo» y el «resto». Así, envía un whatsapp donde escribe: “Lo de Guinea es una excusa”. “Se buscaban las cintas [respecto de Corinna] y yo les dije que tenía copias fuera. Fue una mala actuación de la Casa [CNI]”, añade en un nuevo mensaje. “Se inventaron un anónimo […]. Desde Galicia, para implicar a la Fiscalía, y contactaron con el broker de Guinea para que los denunciara. Ya te lo explicaré. Nuestra actuación fue impecable, legalmente hablando”, afirma. Y aquí reside la clave de todo y que se ha detallado y confirmado a través de los testimonios de sus protagonistas. Es lo que se ha conocido como la operación King y supuso una pieza separada, la número 10, y la apertura de la causa general contra Villarejo, sus socios y empresas. Cabe decir que, curiosamente, en el juicio de esta pieza Villarejo no fue acusado, sino el comisario Carlos Salamanca y un broker llamado Francisco Menéndez.
La operación King
La operación King era un proyecto de estado clandestino en manos de Villarejo sobre los negocios y los problemas relacionados con altos funcionarios de Guinea. En esta trama estaba el empresario Francisco Menéndez, socio de Villarejo. De hecho, la causa tiene un jugoso informe confidencial de inteligencia del comisario donde expone los riesgos que suponen para España las operaciones de uno de los hijos de Teodoro Obiang, Gabriel Obiang. Aquí entra Francisco Menéndez, que tenía una deuda tributaria con Hacienda y que la negociaba junto con su socio, así como un nombre interesante, David Vidal, agente del CNI entre el año 2000 y 2013 y que tenía una «academia de inteligencia» y relación intensa con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Según recogen muchos de los documentos presentados como prueba y las declaraciones en la vista oral, el caso Menéndez se utilizó para denunciar a la Fiscalía Anticorrupción a Villarejo y su entramado de negocios. Según David Vidal, acordó una entrevista con la Fiscalía Anticorrupción, en la que debía participar Menéndez, a través del comandante de la UCO Francisco de Borja Pastor, ahora destinado a La Haya, y el entonces jefe de la UCO, Manuel Sanchez Corbí, ahora jubilado. Según la declaración de Vidal, Menéndez se echó atrás a última hora y fue él quien participó en el encuentro, en el que habló con los fiscales anticorrupción Manuel Moix e Ignacio Stampa y llevó documentos en formato fotocopiado. De esta reunión, celebrada en la sede de la Fiscalía Anticorrupción, no se abrieron diligencias por parte del ministerio público ni se recepcionó como notitia criminis, a la vista de la situación incómoda que podía sufrir Menéndez, pieza clave para abrir la investigación contra Villarejo.
Una denuncia anónima
La fiscalía con los documentos no hacía suficiente y necesitaba una denuncia. La solución fue, según relató Vidal en su testimonio, enviar una «denuncia» a la Fiscalía con una dirección de La Coruña, que respondía «simbólicamente» a la sede del CNP en la capital gallega. Una denuncia firmada por una tal “Asunción Mba”, una identidad falsa que, según Vidal, utilizó porque es un nombre común en Guinea. El documento, recibido por la Fiscalía el 26 de abril de 2017, denunciaba el tráfico de ciudadanos guineanos por Barajas y aportaba un número de teléfono sospechoso para seguir la pista, el de Rafael Redondo, el socio de Villarejo en el Grupo Cenyt.
Comienza la investigación
La denuncia justificó a la fiscalía la apertura de las diligencias de investigación con número 8/17, con un decreto firmado por los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa el 25 de mayo de 2017. El decreto se basaba en la denuncia anónima y no hacía ninguna referencia a la reunión previa que se había celebrado donde obtuvieron, oficiosamente, la información. Estos hechos fueron reconocidos por el mismo Menéndez ante el juez Manuel García-Castellón en una declaración guionizada de la fiscalía, a la que también ha tenido acceso El Món. Solo faltaron las declaraciones de los dos guardias civiles y de David Vidal para certificar toda la maniobra.
Además, enturbia más la causa el primer informe policial presentado a raíz de la denuncia. Es un informe de la Unidad de Asuntos Internos, con número 12.289/2017 de 18 de julio de 2017. Un informe exactamente igual que un informe de la misma unidad con número 5655/2016 del 7 de abril de 2016, cuando Asuntos Internos intentó abrir una investigación contra Villarejo pero la fiscalía de Madrid archivó por decreto de José Javier Polo, el fiscal en jefe de la demarcación, el 14 de octubre de 2016. La declaración de Vidal fue larga, intensa y no interrumpida por la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ante el reconocimiento explícito de cómo se montó toda la operativa para poder actuar contra Villarejo. De hecho, los seis agentes de la Unidad de Asuntos Internos, bien interrogados por la defensa de Villarejo, declararon que los registros en los domicilios del comisario se ordenaron para encontrar toda la documentación, fuera en papel o en formato digital, relativa a la operación King, así «como los proyectos que fueran un poco similares acompañados de notas informativas o presupuestos».
El Pequeño Nicolás también aparece
Uno de los testimonios más impactantes, que declaró el martes de esta semana, fue el de una agente de Asuntos Internos que reconoció haber sido presionada por un superior, el inspector Jesús Vicente Galán, para abandonar la investigación policial sobre el Pequeño Nicolás, un caso que abrió una profunda crisis entre el CNP y el CNI, así como entre los miembros de la policía patriótica. A la agente, incluso la invitaron, según relató, a postularse para tener un cargo en una embajada a cambio de cargar contra Martín Blas, que entonces era el jefe de Asuntos Internos y dirigió la investigación conocida como operación Nicolai, sobre las supuestas operaciones de la policía con Francisco Nicolás Gómez, que esberlar la policía patriótica y, de paso, la operación Catalunya.
