Continúan los movimientos en Andorra, no solo aprovechando el viento a favor del juicio contra los Pujol Ferrusola en la Audiencia Nacional, sino también a raíz de la vista oral de la operación Kitchen, que radiografía el funcionamiento de las cloacas policiales del Estado. Unos movimientos que ahora apuntan al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios secretos españoles, y sus relaciones con la policía patriótica. Las declaraciones de los miembros de la policía patriótica en el juicio contra el expresidente de la Generalitat están incentivando una avalancha de iniciativas en el Principado para terminar de aclarar las actuaciones de las cloacas contra la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad donde los Pujol tenían el dinero por el cual ahora son juzgados.
Por un lado, hay movimientos en la causa abierta en la justicia andorrana por la trama de la operación Catalunya, donde está imputado el expresidente español Mariano Rajoy y sus exministros de Interior y de Hacienda, Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro. Precisamente, dos ministros que también están en manos de la justicia española: Fernández Díaz en el banquillo de los acusados de la Kitchen y Montoro, imputado en el caso Equipo Económico, sobre las actividades de la gestoría que tenía con su hermano y que habría servido, según el juez instructor, para cobrar a cambio de modificar leyes en favor de sus clientes.
Pero también ha habido movimientos en la instrucción de la operación Anacleto, es decir, el sumario andorrano con el que la fiscalía quiere relacionar al comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo con los propietarios de la BPA. Dos nuevos escritos, presentados el pasado 9 de abril, buscan detallar qué papel tuvieron los servicios de inteligencia españoles en la intervención de la BPA y, de rebote, de su filial española, Banco Madrid, así como el rol que jugó Pedro Esteban, el jefe de la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña durante los años duros de la operación contra el Procés y que actuaba como enlace con el CNI y que, de hecho, había llegado a reconocer a sus superiores las dificultades que tenía para trabajar con los espías.
«Operativa investigada»
Los abogados de los propietarios de la BPA, Higini y Ramon Cierco, así como la defensa del ex CEO de la entidad, Joan Pau Miquel, han registrado escritos, a los cuales ha tenido acceso El Món, que la judicatura andorrana ha comenzado a tramitar. Los escritos detallan que las declaraciones de los policías implicados en la operación para destapar cuentas y fondos de la familia Pujol Ferrusola en el Principado en el juicio al expresidente han «conducido a tener acceso a detalles de la operativa investigada». Unas informaciones que implican «intervenciones atribuidas al Centro Nacional de Inteligencia» y, de rebote, acciones ligadas a UNIFAND, es decir, la poderosa Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra.
Por tanto, ahora el objetivo que se proponen desde el Principado es conseguir los documentos que sirvieron para argumentar la intervención de la BPA. Sobre todo, los que relacionan los servicios de inteligencia españoles con los andorranos y con los del departamento del Tesoro estadounidense, el FinCEN, la «notice of finding» que fue la espoleta para cerrar la entidad financiera andorrana. De hecho, este movimiento completa, por un lado, la petición de desclasificación de estos documentos que formuló la comisión de investigación de la operación Catalunya en el Congreso y que aún duerme el sueño de los justos. Y, por otro lado, la desclasificación solicitada a los EE.UU., en el mes de octubre de 2025 que aún está pendiente de resolución.
La intención ahora es aprovechar el poder judicial de Andorra para solicitar esta desclasificación directamente al Estado español o bien, que es la propuesta que podría tener más posibilidades de éxito, utilizar una puerta trasera. Es decir, el margen que deja la ley andorrana para acceder a los documentos en poder de las entidades de supervisión, control e inteligencia financiera que colaboraron con el Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España) –donde se integra el CNI– y el departamento del Tesoro estadounidense, aprovechando las declaraciones tanto del comisario Villarejo el pasado 4 de noviembre en Andorra como las declaraciones de la flor y nata de la policía patriótica en marzo en el juicio de los Pujol.
Ir al grano
Los equipos legales que representan a los impulsores de la querella andorrana, tanto del Instituto de Derechos Humanos de Andorra como de los propietarios de la BPA y su consejero delegado, saben que exigir la desclasificación de los documentos en España no genera una «expectativa real de obtener directamente la información». Una tramitación que recuerdan debe llevarse a cabo a través de una comisión rogatoria internacional, «un mecanismo de cooperación entre autoridades extranjeras que por su naturaleza presentan una especial lentitud y complejidad y que muchas veces se ven entorpecidas por trabas, resistencias y obstáculos que dificultan o dilatan su práctica». Por eso, aunque mantienen esta posibilidad, proponen a la jueza instructora otra vía para ir al grano.
La vía alternativa consiste en buscar la información de la actuación de los servicios de inteligencia españoles que reside en el Principado sobre la operativa contra la BPA, la conexión entre España y Estados Unidos a través del FinCEN y la complicidad de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Unifand) y la Autoridad Financiera Andorrana (AFA). La estrategia es hacer un requerimiento judicial a las entidades de supervisión e información financiera y económica andorrana para que aporten «copia de todas las comunicaciones enviadas y recibidas, correos electrónicos, notas informativas o cualquier otra documentación que se haya intercambiado entre ellas». Todo en relación a la intervención de la BPA y de su filial española Banco Madrid.
La petición se formaliza basándose en el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil de la ley andorrana que obliga a las administraciones a exhibir los documentos que tienen las administraciones públicas. Además, aprovechan la ocasión para dar un tirón de orejas a la fiscalía andorrana, que en esta causa ha tenido un papel más bien pasivo durante toda la instrucción. Un hecho que consideran poco coherente con la gravedad de los delitos, ya que hay un ataque a la soberanía andorrana. Por eso, reclaman al ministerio público que se moje para exigir esta documentación que califican de importante para terminar de remachar el clavo de la trama andorrana de la operación Catalunya.
España escucha con cierta inquietud
La posibilidad de que salga a la luz la documentación que se habría transmitido entre las agencias de inteligencia y de control financiero andorranas, estadounidenses y españolas no ha hecho ninguna gracia a España. De hecho, la desclasificación que solicitó la comisión de investigación del Congreso, que representa el poder legislativo, aún espera respuesta, a pesar de la presión al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez para que se aporte el dossier de la intervención. La inquietud española se incrementa por la presión que los abogados estadounidenses están llevando a cabo ante las autoridades de EE.UU. para conseguir terminar de desclasificar el dossier de la BPA, ya que hasta ahora solo se han desclasificado medio millar de documentos.
Además, según ha podido saber El Món, el nuevo embajador de EE.UU. en España, Benjamín León, que presentó sus credenciales el pasado 18 de febrero, antes de su nombramiento tuvo sobre la mesa, como carpetas de interés, un informe sobre el caso de la BPA y la intervención del FinCEN. Es decir, la participación de la administración americana en una operación de raíz política y que tuvo una consecuencia catastrófica para la BPA. De hecho, la nueva petición puede abrir un nuevo frente en Andorra porque estos documentos podrían fortalecer la tesis de que las autoridades andorranas permitieron, en connivencia con las autoridades españolas, un ataque a su soberanía como país. En todo caso, el objetivo de la petición es recoger pruebas que permitan terminar de aclarar el entramado de uno de los principales dispositivos de la operación Catalunya que afectó a otro país.
