La sesión de este miércoles en el Parlamento de Cataluña ha estado marcada por los retrocesos. Si los grupos primero derogaron las sanciones a los ayuntamientos que habían incumplido las restricciones por la sequía, después se materializó el acuerdo para revertir los beneficios fiscales hasta ahora otorgados al Hard Rock. La cámara aprobó la proposición de ley de ERC y los Comuns gracias a los votos de estas dos formaciones, del PSC y de la CUP. Por su parte, Junts, el PPC y Vox votaron en contra, mientras que Alianza Catalana optó por abstenerse. Esta aprobación tuvo lugar después de que el Consejo de Garantías Estatutarias confirmara que la iniciativa se adecua al marco jurídico y legal, en respuesta a una petición de Junts que pedía al órgano que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la iniciativa.
Es importante recordar que esta modificación del reglamento -uno de los acuerdos que los socialistas suscribieron con ERC y Comuns para la investidura de Salvador Illa- suprime los beneficios fiscales aprobados en 2014 mediante una modificación de la ley del juego y que permitían que el macrocomplejo pagara solo un 10% de impuestos sobre los ingresos provenientes de esta actividad. Gracias a la reforma refrendada este miércoles, si finalmente se materializa el proyecto del Hard Rock, el tipo impositivo al juego será del 55% y también se eliminan todos los artículos del reglamento que hasta ahora suponían «privilegios» para los promotores del Centro Recreativo Turístico de Vila-seca y Salou.
Un proyecto tocado de muerte por un «cambio de votos»
Desde el PSC, el diputado Jordi Riba ha subrayado que la iniciativa no tiene nada que ver con si se quiere o dónde se quiere que el Hard Rock se implante en Cataluña, sino que es «solo una modificación fiscal». Más contundentes se han pronunciado tanto ERC, que a través de la diputada Raquel Sans ha celebrado que con la modificación legal se vuelva a la fiscalidad de 2014 y «se acaben los trajes a medida, los privilegios fiscales y los regalos al juego»; como los Comuns, que en palabras de la presidenta del grupo, Jéssica Albiach, han afirmado que con este movimiento el proyecto queda tocado de muerte. Por su parte, la diputada de la CUP Laia Estrada ha advertido que «no es suficiente» con este movimiento y que hasta que no se descarte el Plan Director Urbanístico «no se enterrará definitivamente» el proyecto.
En cuanto a las voces contrarias, desde Junts consideran que «los grandes proyectos requieren una gran responsabilidad» y que «todos tienen blancos y negros y cosas positivas y cosas negativas», argumentando que es una mala noticia para el país. El PP -por su parte- ha cargado contra el PSC por «cambiar votos por inversiones en el Camp de Tarragona».
