El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha ordenado este sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, que ponga fin a las deportaciones que la Casa Blanca ha amparado bajo la ley de enemigos extranjeros. Una normativa con la que Trump justifica encarcelar a personas migrantes en situación irregular en El Salvador bajo el pretexto de pertenecer a una organización terrorista. «Se ordena al Gobierno no trasladar a ningún miembro de la supuesta clase de detenidos desde los Estados Unidos hasta nueva orden de este Tribunal», señala la orden del Supremo, donde se ha mostrado la opinión contraria de los magistrados conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito -más próximos al líder estadounidense.
Esta polémica normativa afecta, particularmente, a las personas que en este momento están detenidas en la prisión de Bluebonnet, situada al norte del estado de Texas, acusadas de formar parte de la organización criminal Tren de Aragua. De hecho, hace pocas semanas, la administración estadounidense envió a 238 acusadas de ser miembros de la banda venezolana, y una veintena más que pertenecen a la salvadoreña Mara Salvatrucha. Con el regreso de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, estas organizaciones criminales han quedado declaradas como entidades terroristas, motivo por el cual la administración estadounidense sostiene que se puede aplicar la polémica ley de enemigos extranjeros -la cual se redactó en el siglo XVIII para ser usada durante la guerra.
La polémica ley de extranjería
Esta polémica ley que ahora aplica el gobierno de Trump se ha usado muy pocas veces desde su redacción hace casi más de tres siglos. En detalle, la normativa solo se ha invocado tres veces en la historia de los Estados Unidos, la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de retener civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento. La administración de Trump, sin embargo, ha recuperado esta polémica normativa para poder deportar y encarcelar «en caliente» a personas migrantes que sospechan que pueden formar parte de alguna de estas organizaciones criminales sin cumplir ninguno de los procedimientos establecidos.
