Nuevo episodio en la serie que afecta a Cal Macià –la Casa Vallmanya, el único inmueble que queda en pie en Cataluña del presidente Francesc Macià y que es bien cultural de interés nacional (BCIN) en la categoría de lugares históricos. Tras la negativa de su propietario a preservar la casa con un recurso contra la notificación de la Orden de Ejecución Subsidiaria de las obras de consolidación y preservación del inmueble, la Plataforma Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya ha presentado un requerimiento de inactividad dirigido a la Generalitat ante los Servicios Territoriales de Cultura de la Generalitat en Lleida. El escrito exige a la administración que cumpla con su función de «proteger y hacer cumplir las obligaciones y el deber de conservación» de Cal Macià. «Que actúe y realice las acciones necesarias para tratar de preservar la casa», señalan a El Món fuentes de Salvem Cal Macià.
Las mismas fuentes lamentan la nueva situación de «impás» que vive la casa de Alcarràs, donde el Avi pasó largas temporadas gracias a su esposa, Eugènia Lamarca, quien la heredó de su padre, el arquitecto Agapit Lamarca. La entidad teme que la Generalitat decida «demorar y perder estos tres meses» de plazo que hay para dar respuesta al recurso de la propiedad contra la ejecución subsidiaria de las obras de apuntalamiento y consolidación anunciadas. «Es inadmisible detener ahora todo este proceso durante tres meses por un recurso que no hacía falta, porque no hacía falta el requerimiento que lo había generado», subrayan, y dejan claro que lo que reclaman a la Generalitat es que actúe y «se deje de comedias».
La entidad defiende que la Generalitat podía haber ejecutado las obras sin necesidad de dar al propietario la posibilidad de demorar aún más el proceso y las actuaciones urgentes sin darle la opción de presentar recurso. «Emplazamos de nuevo a la Generalitat a ejecutar las obras de consolidación y mantenimiento de Casa Vallmanya sin perder ni un minuto más y sin dilatar la intervención esperando inútilmente que transcurra un nuevo período de tres meses que lo único que hará es agravar el estado de la casa y aumentar la responsabilidad que le puede ser atribuida al Ayuntamiento y a la misma Generalitat en el deterioro del bien protegido como BCIN», sentencia la entidad.
Un trámite que puede terminar en la denuncia que investiga la Fiscalía
Las fuentes de Salvem Cal Macià dejan claro que si la Generalitat no interviene y decide demorar su actuación y perder estos tres meses, aportarán esta documentación a la denuncia que presentaron contra el Ayuntamiento de Alcarràs y Cultura por permitir el deterioro del inmueble, unos hechos que ya están en manos de la Fiscalía de Lleida por si procede abrir un contencioso administrativo contra la Generalitat. «Si se produce una nueva demora en las actuaciones de la Generalitat, incorporaremos el escrito de hoy a la denuncia presentada a Fiscalía como «elemento probatorio más de los reiterados incumplimientos de la Generalitat respecto de sus obligaciones», concluyen.
