«Los indicios que se tuvieron en cuenta en su momento se han consolidado a lo largo de la instrucción, y resultan abrumadores los elementos de cargo reunidos en la instrucción contra el inspector del Cuerpo Nacional de Policía, Óscar Sánchez Gil«. De esta manera, el titular del Tribunal Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha acordado mantener en prisión provisional –que puede prolongarse cuatro años como máximo– al que fue jefe de la poderosa Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, acusado de delitos de narcotráfico, organización criminal, blanqueo de capitales, soborno y revelación de secretos.
En un auto de cinco páginas al que ha tenido acceso El Món, dictado tras la celebración de la vista para decidir sobre la prórroga de la prisión después de dos años de su encarcelamiento, el juez ha hecho caso de la fiscalía antidroga. El magistrado enfatiza los indicios «sólidos y consolidados» durante la instrucción de la comisión de delitos que podrían suponer más de 20 años de prisión y resalta el riesgo de fuga del acusado.
En cambio, la defensa sostenía que no hay indicios sólidos de la comisión de cualquier delito. De hecho, en una de las últimas comparecencias, hecha a petición del inspector, detallaba cómo funcionaba una trama sistemática de corrupción policial en el marco del narcotráfico. El inspector Sánchez, alias El Anodino por su carácter discreto, siempre ha negado su participación en los hechos a pesar de la cantidad de dinero en efectivo que los agentes de Asuntos Internos encontraron en su casa y la cantidad de recursos en criptomonedas que administraba. Su defensa siempre ha negado que Sánchez fuera Aduana, el sobrenombre en clave que tendría en la organización de narcos como referente de contacto y colaborador policial. También alegó la manipulación de los audios incriminatorios, hecho que el juez desestima ante la precisión «milimétrica de los informes».
Ignacio Toran, clave
Por otro lado, el auto toma partes de los indicios recogidos en la investigación del coimputado en la trama, Ignacio Torán. En concreto, una «compleja red de estructuras opacas con personas interpuestas», así como el uso de la mercantil Abadix Fruit, la empresa que se utilizaba para la introducción de cocaína en el estado español simulando que se dedicaba a la importación de frutas. Una de las pruebas de cargo del caso es un decomiso de droga en el puerto de Algeciras de trece toneladas de cocaína en octubre de 2024 que hizo levantar las orejas a las unidades antidroga.
El juez concluye que a la vista de «la pluralidad de indicios» de la causa, así como los informes policiales aportados, hay suficiente para justificar el mantenimiento de la prisión provisional. El magistrado argumenta que Sánchez participaba de una «compleja organización criminal dedicada al tráfico de gran cantidad de drogas y al blanqueo de capitales de las ganancias que obtenían y que además, utilizaba a relevantes miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Por tanto, deja la puerta abierta a otros policías implicados, incluso, siguiendo el rastro de las declaraciones voluntarias de Anodino sobre la supuesta sistemática de narcotráfico policial.
