Una investigación que comenzó en 2013 en El Vendrell llega este lunes a la Audiencia Nacional. Es lo que se ha llamado la rama catalana del caso Efial, ya que también había una madrileña que terminó con los 15 acusados absueltos. En este caso se juzgará la presunta malversación de fondos públicos por un importe total de más de 8 millones de euros realizada mediante servicios de la consultoría Efial-CGI, presuntamente ilícitos, prestados a diversas autoridades locales, principalmente en las comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre.
La instrucción estuvo a cargo del titular del Tribunal de Instrucción Central de la Audiencia Nacional número 4, José Luis Calama, el mismo magistrado que investiga ahora el caso Plus Ultra, con José Luis Rodríguez Zapatero como principal investigado. En un auto del 13 de enero de 2013, Calama propuso sentar en el banquillo de los acusados a diecinueve personas, entre ellas cuatro exalcaldes de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con la presunta manipulación de contratos en catorce ayuntamientos catalanes, a favor de la empresa de consultoría Efial.
Torredembarra, zona cero
Este juicio proviene de una investigación iniciada en 2013 en el Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell. Todo comenzó a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción sobre posibles irregularidades en contrataciones públicas del Ayuntamiento de Torredembarra. La fiscalía tiró del hilo y encontró diversos indicios de delito, que terminaron en dos piezas separadas en la Audiencia Nacional. La tesis del ministerio fiscal, compartida por el juez instructor, es que la mercantil Efial Consultoría (posteriormente Consultoría en Gestión Innovadora SL) implicó a diversas autoridades locales para influir en la adjudicación de contratos públicos y eliminar la libre concurrencia.
El auto de apertura de juicio oral imputa un fraude cometido por la connivencia de la consultora con los ayuntamientos por valor de 8.731.780 euros. Entre los acusados, destacan los exalcaldes Andreu Martí, de l’Ametlla de Mar; Daniel Masagué, de Torredembarra; Josep Jaume Castellnou Barceló, de Vandellòs, y Rafel Vidal, de Ascó. También están procesados varios cargos municipales, funcionarios, y miembros directivos y ejecutivos de la consultora. Aunque la mayoría de ayuntamientos que entraron en la dinámica que ahora se juzga son de las comarcas tarraconenses, también hay ayuntamientos de las comarcas de Barcelona, de Girona y de Ponent.
Las cifras más elevadas del presunto fraude se detectan, según el sumario, en l’Ametlla de Mar, 4,58 millones de euros; Ascó, con 2,2 millones y Tortosa, con 1,05 millones. En cuanto a Torredembarra, el cálculo es de 504.000 euros; en Vandellòs, de 199.800 euros y en Cambrils, de 13.700 euros. También se investigaron contratos por valor de 84.960 euros en Barcelona; de 113.860, en Llinars del Vallès; de 75.000, en Masquefa, de 76.120 euros en la Seu d’Urgell; de 63.326 en Calonge y cantidades más pequeñas en varios contratos menores del Ayuntamiento de Girona. El caso también afectó a los consistorios de Tàrrega y Vilassar de Dalt, pero finalmente estos casos fueron archivados porque no se detectaron hechos delictivos.
Un ayuntamiento paralelo
Según el escrito de acusación, que el juez estimó en la calificación de los hechos, la técnica de Efial era que su personal emitía «repetidamente informes destinados a contradecir los que habían sido emitidos previamente por los órganos de supervisión de las corporaciones locales, como el secretario o el interventor». De esta manera, se proporcionaba una «apariencia de legalidad en ciertas decisiones y resoluciones que, en algunos casos, se han considerado contrarias a la ley».
«Su integración en el funcionamiento del consistorio, que en algunos casos se ha llegado a describir como un ‘consistorio paralelo’, representa una desviación progresiva y creciente del derecho administrativo, utilizando ciertas herramientas para evitar cualquier forma de supervisión administrativa, así como para eludir las diversas normativas que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas», señala el auto que abre el juicio oral, de 73 páginas y al que ha tenido acceso El Món.
Uno de los mecanismos habituales para llevar a cabo este fraude era la creación de una empresa pública que parecía tener como «único objetivo facilitar el control administrativo y reducir el grado de cumplimiento de las exigencias de la normativa de contratación pública, una medida que benefició tanto a la misma Efial como a los profesionales que llevaban a cabo los contratos».
