Ha sido una semana intensa judicialmente hablando. No solo por la trascendental sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a raíz de la ley de amnistía. El asedio judicial al PSOE persiste y aumenta, sobre todo a raíz de las decisiones judiciales, los nuevos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la posible nueva pieza de investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero por los presuntos negocios en Bolivia y la presión sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente español. Pedro Sánchez, de hecho, ya ha visto cómo han condenado a su hermano David por obtener una plaza de manera irregular en la diputación de Badajoz.
El caso Leire ha aportado nuevos interrogatorios que han dado pistas sobre el funcionamiento de la trama y el grado de los implicados. Aunque en septiembre, habrá declaraciones esperadas como el caso de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, o el exabogado de Koldo Garcia, Ismael Oliver. Mientras tanto, la UCO ha vuelto a ser protagonista con informes sobre los posibles pagos que recibía Leire Díez del PSOE, así como sobre las finanzas de Santos Cerdán y de su familia.
Todo esto mientras que el juez Arturo Zamarriego, que inició la investigación sobre la presunta cloaca socialista para torpedear causas contra el PSOE, Moncloa, Pedro Sánchez y su entorno, ha prorrogado su instrucción por seis meses más. Una decisión que, de momento, obliga a demorar la petición de inhibición que le ha hecho el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Zamarriego alega que está esperando un informe de la Brigada Provincial de Policía Científica, que considera «necesario para esclarecer los hechos». Una vez tenga el informe, resolverá sobre la inhibición. El Colegio de Abogados de Madrid también ha entrado indirectamente en el caso, clamando contra la criminalización del oficio por la multitud de abogados investigados en las diferentes causas que afectan al PSOE.
La UCO alimenta la causa
Los investigadores de la Guardia Civil no han dejado los casos contra el PSOE con hambre. Al contrario. Dos informes más nutren ahora la causa contra Díez y contra Santos Cerdán. En cuanto al exmilitante socialista, sobre sus ingresos abonados presuntamente por el PSOE y sobre el exnúmero tres del partido, sobre su relación con la empresa Servinabar y los pagos que habría recibido. Unos oficios policiales, sin embargo, con un carácter especulativo bastante notorio. Contado y debatido, el martes, el juez Pedraz recibía un oficio, el 98/2026, al que ha tenido acceso El Món, con que la UCO señalaba el uso por parte del PSOE de empresas del exdirigente socialista andaluz, Gaspar Zarrías, y del abogado de Koldo García, Ismael Oliver -citado por el juez el 9 de septiembre- para pagar 43.225 euros a Leire Díez, supuesta clave de bóveda de la trama. El análisis de los agentes apunta que Díez recibió cinco pagos para financiar la trama.
Por un lado, cuatro pagos fueron transferencias de 4.000 euros entre junio y septiembre de 2024 un total de 16.000 euros, abonadas por Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías, en formato de nómina. Y, en último término, un pago de 27.225 euros abonados por la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado Ismael Olivier. Dinero que, siguiendo el relato de la UCO, Díez habría recibido del PSOE a través de estas dos sociedades. Para la Guardia Civil, el sistema tenía como «objetivo aparente desvincular el origen de los fondos» y por lo tanto, «se articulaban operativos de interposición de sociedades y facturación falsa».
Las dos pistas que llevan a concluir estos pagos del PSOE a través de empresas interpuestas es la «proximidad» de la facturación de la sociedad de Zarrías a la formación y el pago a Leire. Además, el coste total de la contratación de Díez supondría en total para la empresa 7.505,17 euros en total cada mes. Una cifra que coincide con la cantidad abonada supuestamente por el PSOE a la consultora Zaño. Un dato para la Guardia Civil que «resulta especialmente significativo». Ahora bien, la UCO no se ve en condiciones de asegurar que los pagos a Zarrías, provinieran directamente de una cuenta del PSOE porque aún deben aclarar la titularidad de la cuenta corriente desde donde recibía los pagos. Un punto que será clave para las defensas. A todo esto, se debe añadir otros pagos como el que habría recibido el abogado Jacobo Teijelo, que según la tesis de la Guardia Civil habría sido utilizado como instrumento para canalizar fondos para pagar los servicios del mismo letrado como para pagar a terceros relacionados con la trama.
Más sospechas sobre Santos Cerdán
Otro de los atestados estrella de la semana ha sido el informe patrimonial sobre Santos Cerdán, el número 122/2026. Un atestado entregado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Según los agentes de la Guardia Civil, el exnúmero tres del PSOE y negociador del pacto de investidura de Sánchez con Junts y ERC ingresó 18.261 euros en «ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido». También añaden que «disfrutó» con su familia de 323.178 euros que procedían de Servinabar, la constructora de su amigo Antxon Alonso. Una empresa de la cual, incluso, el exsecretario de organización del PSOE estuvo a punto de ser socio, cuando se quedó sin trabajo, tal y como apunta un documento civil confiscado en el registro del domicilio de Alonso.
El grueso del dinero que ingresó Cerdán y su familia se registró entre el año 2019 y 2023, es decir, mientras que José Luis Ábalos, condenado por el caso Mascaretes, era ministro de Transportes y Acciona -principal cliente de Servinabar- fue la adjudicataria de obras públicas que forman parte del sumario, así como durante la etapa que Cerdán sustituyó a Ábalos como secretario de organización. De hecho, la Guardia Civil pone la lupa en unos «ingresos en efectivo de origen desconocido entre 2014 y 2017 de 18.261,56 euros». Es decir, poco más de seis mil euros al año.
Además, subrayan que entre 2019 y 2023 Cerdán y su familia dejaron de gastar y pagar con tarjetas. Un dato que apuntaría a pagos constantes en efectivo. El informe también destaca que Servinabar entre finales de 2021 y principios de 2022 negoció la compra de una vivienda de casi un millón de euros en Madrid que debía ser para Cerdán. Una venta que no se llevó a cabo, a pesar de un pago a cuenta de 9.000 euros, porque los vendedores se echaron atrás. Un hecho que acreditaría según la policía, la plena disposición de fondos de Servinabar por parte de Cerdán. El informe también añade que Francisca Muñoz, la esposa de Cerdán, fue contratada en una empresa a través «de un entramado empresarial» en el que participaba Alonso y que fue despedida «solo un día después» de la detención de Koldo Garcia, el asesor de Ábalos también condenado por el caso Mascaretes.
Las explicaciones de la dirección de la Guardia Civil
Por otro lado, la dirección de la Guardia Civil también ha pasado por ventanilla de la Audiencia Nacional. Su directora general, Mercedes González, compareció este viernes ante Santiago Pedraz, y se presentó como una «víctima de Santos Cerdán» y negó cualquier presión a los mandos de la UCO para aflojar en las investigaciones contra el socialismo. González admitió las tres reuniones con Díez, pero negó cualquier implicación. Es más, aseguró no tener buena relación con Santos Cerdán y que nunca habría participado en un plan tramado por el exsecretario de organización. Tanto es así que remarcó al magistrado que si hubiera sabido que Díez venía interpuesta por Cerdán nunca se habría encontrado con ella. En todo caso, González detuvo las conversaciones cuando Díez le preguntó sobre el comandante Rubén Villalba, también investigado en la causa.
El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, también declaró ante el juez esta semana. Dos horas de declaración para negar haber presionado a la UCO para ponerse de perfil en investigaciones judiciales como ahora del caso del hermano del presidente. Aun así reconoció haber abierto una investigación interna para aclarar la publicación en la prensa de un mail de Begoña Gómez relacionado con la causa de David Sánchez. Una cuestión que admitió, fue objeto de una llamada del mismo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Tanto Llamas como González continúan como imputados en la causa. En todo caso, Llamas aprovechó para cargar contra el exjefe de la UCO, Rafael Yuste y diferentes integrantes de la Unidad enfatizando que no tenía buena relación con ellos.
Y abogados también
La semana también ha dejado los testimonios de la abogada de Koldo Garcia, Leticia de la Hoz, que negó a Pedraz haber cobrado del PSOE. Asimismo culpó a una «venganza» la acusación de la empresaria Carmen Pano, que denunció a la Hoz a la UCO por haber intentado sobornarla para que negara haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE. Pano declaró ante el juez que De la Hoz les ofreció tanto a ella como a su chófer unos 250.000 euros a cambio de negar haber entregado los 90.000 a Ferraz para «salvar el culo de Ábalos y Koldo». Una oferta que Pano rechazó, según afirmó ante el juez el pasado 29 de junio.
Otro abogado, en este caso José Aníbal Álvarez, el primer letrado de Ábalos, declaró este lunes ante el juez que Díez le ofreció pagar la defensa del exministro a través de una sociedad. Un sistema que el abogado rechazó. En cambio, sí reconoció haber organizado dos reuniones entre Díez y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Dos encuentros que fueron grabados y de los que El Món ha explicado su contenido. Unos encuentros que servían, teóricamente, para tener una segunda opinión sobre la estrategia de defensa del caso Kitchen, donde está juzgado, y por las cuales no cobró nada. Pero las grabaciones no apuntarían precisamente hacia esta tesis.
