Los últimos acuerdos con Educación no frenan a los sindicatos críticos, que se aferran al mandato de la consulta de mayo –en la que los docentes rechazaron mayoritariamente los pactos– para exigir un paso más al Gobierno. En un comunicado, el sindicato mayoritario USTEC avisa a la consejera Esther Niubó de que el curso no comenzará con normalidad “sin negociación”. En este sentido, los docentes ya han convocado una huelga para el primer día de curso y los sindicatos USTEC, CGT e Intersindical plantean nuevas reclamaciones. Entre ellas, una cláusula de garantía salarial que depende de la Secretaría de Administración y Función Pública, organismo que depende del Departamento de Presidencia dirigido por Albert Dalmau. Mano derecha del presidente, Dalmau se hizo cargo de Educación durante la baja de Niubó y diseñó el polémico pacto con la UGT y CCOO.
Los docentes no disponen ahora de ninguna cláusula de revisión salarial y USTEC defiende que esta evitaría “nuevas pérdidas de poder adquisitivo”. Esta cláusula ya fue uno de los elementos que llevó a la CGT e Intersindical –cuarto y quinto sindicato en orden de representación– a levantarse de la última negociación. El sindicato de base anarquista planteaba diferentes opciones para instaurarla, pero el departamento aparcó esta cuestión defendiendo que no depende de Educación.
En todo caso, los sindicatos entienden que la Generalitat tiene capacidad para aplicar esta cláusula y exigen la “apertura de una negociación” en la mesa general de Función Pública. La USTEC, sindicato exclusivo de la educación pública, tiene representación a través de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), una coordinadora sindical de la cual es miembro cofundador. Desde USTEC recuerdan que son la organización más grande de la coordinadora y que harán valer su nombre para conseguir las mejoras.
Dudas con el calendario planteado por Educación
La demanda dirigida a Función Pública no desvía otras críticas concretas sobre Educación, a quien USTEC reclama que materialice los acuerdos de marzo y mayo –firmados solo por UGT, CCOO y Profesores de Secundaria– de “manera inmediata”. En el último encuentro con el departamento, este martes, la consejera ha mostrado su compromiso a ejecutar el pago del nuevo complemento retributivo, el reconocimiento de la deuda de los estadios y el despliegue de nuevas dotaciones para la escuela inclusiva. Pero el sindicato cuestiona que lo haya hecho “sin concretar plazos claros”.
En su comunicado, el principal sindicato de los docentes también exige la aplicación de una jornada laboral de 35 horas; una reducción que, en el ámbito educativo, se «debería traducir en menos carga lectiva», defiende la nota. Otras peticiones tienen que ver con un “calendario real” de reducción de ratios –el pacto dibuja un nuevo horizonte a dos años vista de 20 alumnos en I3 y 25 en 1º de ESO– y un incremento global de la inversión educativa que se acerque al 6% del PIB.
Guerra de relatos entre sindicatos
La USTEC ha aprovechado el último encuentro con la consejera para denunciar lo que considera un “uso político” de la comisión de seguimiento de los acuerdos, que ha suplantado, cuestionan, la mesa sectorial. El sindicato hace público así una de las quejas de los últimos meses y que ha tensado la relación con UGT y CCOO, firmantes del primer acuerdo y defensores de aterrizar la letra pequeña en las reuniones de seguimiento.
En el redactado del preacuerdo de mayo, el segundo, las partes admitían que el incremento de dotaciones para la inclusiva a consecuencia de los “acuerdos adoptados en las reuniones de la Comisión de Despliegue y Seguimiento del Acuerdo de 9 de marzo, el Departamento de Educación y Formación Profesional y las organizaciones sindicales CCOO y UGT”. Los sindicatos que formaban parte defendieron la efectividad de estas reuniones posteriores, mientras que la USTEC incidía en la presión de la calle y de la nueva negociación como principal factor de presión para incrementar efectivos para la inclusiva.
“USTEC reclama transparencia y que todas las cuestiones que afectan las condiciones laborales se negocien en los órganos correspondientes”, ha apuntado ahora el sindicato mayoritario en el comunicado.
