La recta final de la práctica de la prueba en el juicio de la operación Kitchen tiene un protagonista especial. De hecho, es el acusado que sería la clave del caso. Se trata de Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas que fue reclutado por la policía patriótica de Mariano Rajoy para conseguir la información delicada que el extesorero del PP tenía sobre la financiación de la formación, los famosos papeles de Bárcenas. En principio, la previsión es que Ríos declare este miércoles con la acusación de la Fiscalía Anticorrupción de actuar como confidente, captado por el comisario de inteligencia ahora jubilado José Manuel Villarejo, a cambio de dos mil euros al mes de los fondos reservados, una pistola de porcelana y la oposición regalada para entrar en el Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, la operación Kitchen –cocina, en inglés-, tenía un «cocinero», el adjetivo con el que la policía patriótica se refería a Ríos.
Decenas de documentos y grabaciones implican a Ríos en la trama y reflejan qué información pasaba al equipo de policías que preparó la operación para recuperar los documentos comprometidos que estaban en manos de Bárcenas. Aunque la tesis de las defensas, esgrimida a lo largo de la vista oral –con las declaraciones de los testigos y de los imputados–, es que era una «operación de inteligencia» para averiguar dónde tenía Bárcenas el dinero escondido del fisco español y no recuperar información delicada del PP. La fiscalía pide para él 12 años de prisión y anular su nombramiento como funcionario de policía.
Esta semana, solo hay prevista una sesión del juicio y, en la misma agenda, el tribunal contempla que después de Ríos, declare el comisario Andrés Gómez Gordo, para quien el ministerio público pide 15 años de prisión y a quien Ríos pasaba información. Gómez Gordo era el jefe de seguridad de Dolores de Cospedal desde que la exministra de Defensa gobernaba Castilla-La Mancha. Cospedal tiene un sobreseimiento provisional en esta causa, a pesar de la oposición del ministerio fiscal.
«Tú y yo sabemos que debemos ponernos del lado del Estado»
La fiscalía pudo articular la acusación contra Ríos a raíz de la intervención de varios audios y archivos en el registro en la finca El Montecillo, donde el comisario tenía su domicilio. La Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía elaboró un minucioso atestado donde transcribía las conversaciones grabadas entre Villarejo y Ríos, donde el comisario adiestraba y preparaba al chófer de Bárcenas. «Tú y yo sabemos que debemos ponernos del lado del Estado», le instaba para apremiarlo a colaborar para poder encontrar los documentos en posesión del extesorero de los populares.
En estas conversaciones, al principio de la relación, Sergio Ríos se dirige a Villarejo como Tommy o Tony. Unos encuentros donde Villarejo insiste al chófer sobre pistas o indicios para encontrar el pendrive donde el extesorero del PP guardaría “conversaciones y documentos” que comprometerían Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal y Javier Arenas, responsables máximos del PP en aquel momento.
“Lo único es que este tipo de conversaciones, macho, en este pendrive, es algo que de alguna manera hay que calentarse mucho la cabeza para encontrarlo, macho”, indica el comisario. De hecho, en la misma conversación insiste en tratar de encontrar pistas del escondite. “Por eso te digo, coño que todo lo que sea para recuperar esas grabaciones tal y cual, recuperar los discos duros y tal”, enfatiza Villarejo, que remarca que también hay que encontrar sus móviles. En todo caso, el comisario apremiaba a Ríos a colaborar con el Estado para evitar hacer daño a las instituciones.
«El chico de los recados»
Durante la declaración en el juicio, como perjudicado, Bárcenas aseguró que Ríos era una especie de «chico de los recados», un «chico para todo» y su papel iba más allá de ser su chófer. De hecho, le cobraba cheques, le hacía tareas administrativas y gestionaba operaciones del día a día. Ríos fue contratado por Bárcenas, por recomendación de un exresponsable de seguridad del PP, en febrero de 2013, y finalizó la relación laboral entre abril y mayo de 2014, cuando a la esposa del extesorero, Rosalía Iglesias, algo le hizo sospechar, porque su comportamiento le generó «dudas».
