Jordi Pujol i Soley y su familia son los principales acusados en un juicio donde también se imputan a cerca de una quincena de empresarios. Será en la Audiencia Nacional, aunque los procesados han puesto en duda desde el minuto cero que sea este tribunal especializado el que deba juzgar esta causa que ya lleva casi doce años arrastrándose. Será tan extraño este juicio que antes de comenzar tendrá un preámbulo inédito, una audiencia previa entre los médicos forenses oficiales en Barcelona y el forense de la Audiencia Nacional, así como los magistrados que deben juzgar el caso. Todo esto para comprobar que el presidente Pujol no está en condiciones físicas ni mentales para ser juzgado, tal como razonan los médicos de Barcelona, aunque en Madrid parecen hacer oídos sordos, o posiblemente, no quieren perder la oportunidad de tenerlo, aunque sea a través de una pantalla, en la funcional sede de San Fernando de Henares, los antiguos almacenes de Galerías Preciados, confiscados por el Estado en la expropiación de Rumasa, de José María Ruiz Mateos.
El tribunal estará formado por José Ricardo de Prada y por las magistradas María Fernanda García, que será la ponente, y Mercedes del Molino. Hará de fiscal Fernando Bermejo, después de que la fiscal Belén Suárez, que siguió el caso como heredera académica y funcional del fiscal José Mena, fuera promocionada al Tribunal Supremo. Y la Abogacía del Estado, con Rosa Maria Seoane a la cabeza, también estará presente, aunque no acusa ni pide pena para el presidente Pujol.
Guiño de Pujol al Procés, que activó los resortes del Estado
Sea como sea, comienza un juicio histórico de 42 jornadas, de la persecución de un hombre que ayudó a la consolidación de España como estado democrático, que ejerció una larga presidencia de 23 años –con sus aciertos y errores– y que hizo un guiño al Procés de independencia. De hecho, este vínculo con el independentismo activó ciertos resortes del Estado que tenían material para contraatacar y lo aprovecharon.
Barcelona y la Audiencia Nacional
El caso nació en dos causas, la denuncia de Manos Limpias en Barcelona, a raíz de la confesión de Jordi Pujol, la tarde del 25 de julio de 2014, con la que reconocía la existencia de dinero no regularizado en cuentas en el extranjero desde 1980, que tenían origen en la herencia de su padre, Florenci. Una especie de depósito ante la incertidumbre que suponía la dedicación a la política de su hijo, que ya había probado el pan que se daba en las cárceles españolas.
Técnicamente, el comunicado fue una táctica muy hábil de los abogados defensores para evitar una detención policial. El reconocimiento de los fondos desactivaba cualquier maniobra por el estilo y llegaba después de que la familia hubiera regularizado ya los fondos, a través de la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro. Que es lo mismo que decir que Hacienda ya sabía que había los fondos gracias a su regularización.
En segundo término, el caso llegó también a la Audiencia Nacional, a través de la denuncia de la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, bien alentada por la policía patriótica con el comisario José Manuel Villarejo haciendo de las suyas, con la conexión de‘Alícia Sánchez Camacho y una operación aún por aclarar en la justicia andorrana contra la entidad bancaria de Andorra donde la familia tenía el dinero que había ocultado al fisco español durante años, que se hicieron públicos a través de una imagen publicada en El Mundo de los depósitos remitidos a BPA por la familia Pujol.
De los tres mil millones a…
Un origen que huele a chamusquina y que las defensas aprovecharán para sacar provecho para anular una gran cantidad de indicios que ha servido a la fiscalía para construir un relato que un buen día llegó a cifrar la fortuna de los Pujol en «tres mil millones». Un importe que el juez Santiago Pedraz hizo desaparecer archivando una causa que no tenía sentido alguno y que afectaba a los negocios regulados de Oleguer Pujol Ferrusola, el hijo menor de la familia. Ahora, sin embargo, la situación es bien diferente. El expresidente se enfrenta a nueve años de prisión por ocultar dinero en Andorra y supuestamente haber beneficiado a los hijos con corruptelas cuando presidía el Gobierno, de ahí la imputación de una quincena de empresarios.
Los delitos que se imputan a sus siete hijos –Jordi, Josep, Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer-, la exesposa del primogénito, Mercè Gironès, y una quincena de personas más, como los empresarios Luis Delso, Gustavo Buesa, Josep Mayola y Carles Vilarrubí, entre otros, son asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución. De hecho, el juicio será un juicio entre político, por su simbolismo y por el origen del caso, y muy técnico, porque ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado lo tendrán fácil para acreditar la ejecución de algunos de los delitos de la acusación, complejos y muy débiles ante la protección de las garantías procesales.
Petición de penas de prisión muy altas para toda la familia Pujol
La Fiscalía Anticorrupción pide 9 años de prisión para el expresidente de la Generalitat por asociación ilícita y blanqueo de capitales, y entre 8 años y 29 para sus siete hijos y para Gironès. En concreto, son peticiones de 29 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola -que ya estuvo ocho meses en prisión-, 17 para Gironès, 14 para Josep, y 8 para Pere, Oleguer, Oriol, Mireia y Marta, además de multas millonarias. También pide cinco años de prisión para los empresarios investigados. En su escrito, la fiscalía interpreta que la familia Pujol se concertó desde 1991 para ocultar una «cantidad ingente de dinero en Andorra producto del favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de varios concursos públicos de la administración pública catalana». Dinero que iban a parar a Andbank, y las entidades anteriores y que, finalmente, fueron transferidos a la BPA.
La Abogacía del Estado no acusa al presidente, pero no se queda corta con el resto de la familia. Así, pide 25 años de prisión para Jordi Pujol Ferrusola, 17 para su exesposa, Mercè Gironès, y 4 y medio para otro de los hermanos Pujol Ferrusola, Josep. Pero en cambio no pide responsabilidades a ningún otro miembro de la familia. El escrito de la Abogacía, firmado por Rosa María Seoane, reclama una responsabilidad civil de 7,7 millones para el mayor de los hermanos Pujol Ferrusola y su exesposa, por cinco delitos fiscales. Todo esto, si se superan las dos primeras jornadas de cuestiones previas, que son fundamentales de aclarar después de una instrucción de casi 12 años.
Este lunes se inicia una nueva etapa de un caso que ha marcado la política catalana y que, por ejemplo, fue uno de los factores clave en la desaparición de Convergència Democràtica de Catalunya, y de rebote, de Unió Democràtica de Catalunya, los dos grandes partidos que gobernaron no solo con tranquilidad durante 23 años en Cataluña, sino que sirvieron de salvavidas a los últimos gobiernos de Felipe González y, de apoyo al primer gobierno de José María Aznar. La casualidad histórica ha querido que Miquel Roca, el primer apóstol del pujolismo en Madrid, haya sido condecorado hace tres días con la orden del Toisón de Oro, pocos días antes de que hagan comparecer a su mentor para comprobar si está en buen juicio para hacer un juicio. Uno fue el abogado de la infanta española, y el otro votó sí en la consulta sobre la independencia en abril de 2011 en Barcelona.
