La plataforma Penedès Marítimo ha anunciado una marcha lenta hasta las puertas del Parlamento el próximo miércoles 29 de marzo para exigir una respuesta a la reiterada petición de la gratuidad de la C-32 en Sitges y Cubelles. Después de manifestarse entre Vilanova y Sitges a principios de febrero, y de pedir una enmienda de 15 millones a los presupuestos de la Generalitat para destinarlos a bonificaciones –rechazada por ERC y PSC–, ahora los agentes políticos, económicos y sociales del territorio afectado quieren dar un paso más y trasladarán sus reivindicaciones hasta la cámara catalana. Recalcan que el objetivo no es una gratuidad universal, sino conseguir el 100% de bonificación para los viajes de ida y vuelta hechos en menos de 24 horas.
La protesta está prevista a las 10 horas del día 29 desde el aparcamiento del hipermercado que hay a pie de la c-31 en el Prat de Llobregat. El objetivo es circular por la ronda Litoral de Barcelona para llegar hasta el Parlamento y exigir una respuesta a su reivindicación, que consideren “justa, legítima y necesaria para la movilidad del territorio”, tanto para los vecinos de la zona que trabajen en el área metropolitana como para los residentes del área de Barcelona que se atansen a trabajar en el Garraf y el Baix Penedès cada día.
Semana clave en el Parlamento
Mientras tanto, el Parlamento de Cataluña debatirá y votará una moción presentada por el PSC para reclamar la gratuidad de los peajes de la C-32 para los profesionales y vecinos del Baix Penedès y el Garraf. El punto 1 de la moción dice así: «Estudiar una propuesta en los próximos tres meses, conjuntamente con los ayuntamientos e instituciones que conforman el Penedès Marítimo, para garantizar una movilidad obligada gratuita para los vecinos y vecinas y trabajadores y trabajadoras de los municipios del Garraf y el Baix Penedès que hagan un uso recurrente del peaje de Vallcarca a la C-32». También insta el Gobierno a «analizar y trabajar para mejorar la situación actual del eje que conforma la C-31, mediante la aplicación del modelo 2+1 donde sea oportuno, entre Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú y hasta Cubelles».
Además de los votos del PSC, también tendrá garantizado el de Junts per Catalunya, quien ya presentó una enmienda a los presupuestos de la Generalitat que quedó rechazada. La gran duda es el que hará Esquerra Republicana, que tendrá que decidir si vota a favor de facilitar la gratuidad de los peajes que suponen un agravio para los profesionales y vecinos de las comarcas del Penedès marítimo.
Moción destinada también al transporte público
Otras puntos de la moción del PSC, algunos de pactados y transaccionados por el PSC y Junts, es la de revisar las propuestas del Plan de Mejora del Transporte Público de las comarcas del Alt y Baix Penedès y Garraf, así como el incremento de los buses exprés en las horas punta, a partir de las diez de la noche y garantizar la conectividad directa con autobús hacia la UAB. A la vez, también se pide garantizar la conectividad entre los hospitales de Vilanova, Ribes y Vilafranca. Otro aspecto que trata la moción es revisar los horarios y la frecuencia de la R2 Sur –a pesar de que dependa del gobierno español– y mejorar la movilidad a los polígonos industriales. También se insta a la Generalitat a mejorar las paradas de autobús interurbano y la creación de una guía de transporte público del Penedès, así como acordar con el gobierno español el traspaso de los recursos económicos «para la adecuada gestión de los servicios ferroviarios que sean de competencia del gobierno de la Generalitat».
Nuevas bonificaciones sin efecto
En el momento de la manifestación de hace un mes, la consejería de Territorio rechazó la liberación de los peajes y el Gobierno también aprobó los nuevos descuentos. En el caso del peaje de Vallcarca (Sitges) –uno de los más caros de Europa y que sin los descuentos tiene un coste de casi 8 euros–, las bonificaciones pasan del 40% al 50% para los conductores con movilidad obligada –desplazamientos de ida y vuelta en un margen de 24 horas–. Aun así, esto tiene poco efecto para los usuarios, y es que el aumento de un 7,3% del IPC ha hecho que el precio del peaje bonificado solo disminuya un 2,7%. Por lo tanto, ir y volver de Barcelona para los habitantes del Garraf, a estas alturas, tiene un coste de 7,8 euros, sin tener en cuenta la gasolina.
Un tramo gratuito
Uno de los otros anuncios fue el de la gratuidad de la movilidad interna entre Calafell y Cubelles. El objetivo, según defensa el Departamento de Territorio, es convertir este tramo de la autopista en una ronda gratuita alternativa a la C-31, que travesía Calafell, Seguro de Calafell, Cunit y Cubelles y que registra una media de unos 22.000 vehículos diarios.
Para el resto de vehículos que entren o salgan de Cubelles o Calafell, pero que no hagan desplazamientos internos en la llamada Ronda Penedès, los precios de los peajes de acceso a estos municipios se encarece también un 7,3%. En Cubelles el precio será de 2,49 euros y a Calafell de 0,73 euros.
Peaje hasta el 2039
La autopista Pau Casals está gestionada por la concesionaria Aucat, que forma parte de la corporación catalana Abertis, que a la vez está controlada por el grupo italiano Atlantia y ACS, de Florentino Pérez. Aucat tiene contrato con la Generalitat hasta el 2039, a pesar de que inicialmente el tramo entre Barcelona y Sitges tenía que acabar el 2022. Esto se cambió en 1994 porque el mismo grupo se hiciera cargo de la concesión del tramo entre Sitges y el Vendrell con un peaje reducido, hecho que provocó cierta polémica, puesto que la Generalitat lo adjudicó sin un concurso público.
