Plataforma per la Llengua ha denunciado la inacción del Ayuntamiento de Reus (Baix Camp) con «deficiencias lingüísticas importantes» en más de 100 comercios y, además, ha presentado formalmente un conjunto de alegaciones a las bases reguladoras del proyecto Sandbox de Innovación Urbana del consistorio con el objetivo principal de que el texto incorpore obligaciones lingüísticas claras para las empresas y entidades participantes. El municipio está gobernado por el PSC, ERC y Ara Pacte local y tiene de alcaldesa a la socialista Sandra Guaita.
La ONG ha explicado que a lo largo de 2025 comunicó al consistorio que en la campaña Radares Lingüísticos –donde se recogen quejas y avisos de socios y simpatizantes– había detectado más de 100 comercios reusenses que presentaban «deficiencias lingüísticas importantes» en la rotulación y la publicidad. La ONG del catalán detalla que el ayuntamiento les aseguró que se había enviado una carta formal informativa a los establecimientos, pero lamenta que después de todo este tiempo «no ha habido mejoras significativas de la situación».
Así, la entidad en defensa de la lengua reclama que el consistorio aplique «mecanismos concretos de prevención a la hora de abrir nuevos establecimientos, y también de control y de evaluación». Asimismo, y debido a la dimensión del municipio –de más de 100.000 habitantes–, pide que Reus dé un paso adelante en la asunción de las competencias de mediación, inspección y de sanción. A este hecho, se suma ahora un conjunto de alegaciones para exigir cláusulas lingüísticas en un programa de innovación del consistorio.
Ninguna garantía para la lengua
Tal como denuncia la entidad presidida por Òscar Escuder, el redactado actual de la regulación no prevé ningún tipo de garantía para la lengua catalana, un hecho que consideran una brecha en la protección de los derechos lingüísticos de la ciudadanía en sectores estratégicos como el tecnológico. «El texto no menciona la lengua catalana y no tiene en cuenta el Reglamento de uso de la lengua catalana (RULC) del Ayuntamiento, aprobado por el pleno y vigente desde 1995», subraya en un comunicado. Además, la entidad en defensa de la lengua especifica en las alegaciones que las obligaciones en materia de lengua de la Ley de política lingüística, del Estatuto de autonomía y del Reglamento municipal «son vinculantes para las entidades que suscriben convenios de colaboración con el Ayuntamiento», y propone once enmiendas técnicas para que las bases las recojan expresamente e incorporen el catalán en las condiciones, los convenios y el seguimiento de los proyectos piloto.
Entre otras medidas, Plataforma per la Llengua pide que las obligaciones lingüísticas consten en los convenios con las entidades participantes, que la comisión de seguimiento del Sandbox verifique su cumplimiento, que la memoria descriptiva de cada proyecto detalle los idiomas en los que estará disponible la solución y que la memoria final incluya un apartado específico sobre el cumplimiento del régimen lingüístico. Con todo, Plataforma per la Llengua reclama al consistorio de la capital del Baix Camp que «añada estas obligaciones y evite que el catalán quede omitido» en este programa municipal de innovación y favorezca su presencia en los servicios y las tecnologías que se prueben desde un inicio.
