Nuevo comunicado desde el departamento de Interior. De hecho, un comunicado oficial emitido «desde la Dirección General de la Policía», que ocupa Josep Lluís Trapero, con el que «se quiere aclarar el marco legal y la finalidad de las actuaciones que han generado debate público en los últimos días». Es decir, en referencia al descubrimiento de agentes de los Mossos d’Esquadra encubiertos espiando en asambleas de docentes. El comunicado defiende la actuación policial como una «obligación normativa». Un comunicado después de que ERC y la CUP hayan pedido la dimisión del director Trapero.
«La Comisaría General de Información (CGINF) tiene atribuidas por ley, concretamente por el artículo 109 del Decreto de estructura de la Dirección General de la Policía, funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo referida a la conflictividad laboral y social», contextualiza el comunicado. «El objetivo explícito de estas funciones es poder llevar a cabo una valoración de amenazas y riesgos», remarca. Y concluye: «No se trata de una decisión discrecional del cuerpo policial: es el cumplimiento de una obligación normativa».
«Respetamos los derechos»
El comunicado continúa asegurando que «estas funciones quedan recogidas en el actual decreto de estructura aprobado en el año 2023 y también constaban en el anterior, del 2011». Así se justifican alegando el tiempo que hace estas tareas la policía de la Generalitat. «Los Mossos d’Esquadra respetamos y defendemos el derecho de reunión, el derecho de huelga y la libertad sindical como respetamos el resto de derechos individuales y colectivos, y tenemos la obligación legal de garantizarlos todos así como la seguridad pública», se autodefienden. Así, la dirección general concluye: «Nuestra obligación es velar que estos derechos se puedan ejercer de forma segura para todos». El comunicado aprovecha para ponerse a disposición de los grupos parlamentarios para «explicar nuestras actuaciones».
