El Tribunal Supremo ha asomado la cabeza para recordar que él también forma parte del entramado del Estado en una dura precampaña electoral. Lo demuestra, el auto que la sala penal ha dictado esta mañana que abre la ejecutoria de la sentencia del caso Mascarillas, el proceso que condenó al exministro de Transportes de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el intermediario, Víctor de Aldama. La ejecutoria es el subproceso de una causa que regula la ejecución de las condenas o decisiones judiciales. Así que la resolución dictada incluye el requerimiento a los tres condenados del pago de multas, el retorno del dinero obtenido por los sobornos y las indemnizaciones que la sala estimó. En resumen, el Supremo reclama el ingreso de bienes y dinero por un importe total de 647.000 euros.
Según los números del auto, de 15 páginas y al que ha tenido acceso El Món, el Supremo reclama en concepto de multas a Ábalos 52.500 euros; a García, 45.750 y 75.000 a Aldama. Los tres de manera solidaria también tendrán que abonar a la cuenta del Poder Judicial 430.298 euros, es decir, la cantidad que habrían cobrado en sobornos y comisiones y que les repartió Aldama. En cuanto a las indemnizaciones por responsabilidad civil, la sala les exige solo a Ábalos y a García el abono de 34.450 euros a INECO y a TRAGSATEC, 9,500,54 euros, ambas sociedades públicas.
Quince días de plazo
Asimismo, el auto solo otorga un plazo de 15 días para todos los pagos. Una vez agotados los 15 días, se iniciará lo que se conoce como vía de apremio para el pago de las multas y las indemnizaciones. En cuanto al pago del importe del soborno, el TS encomienda a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) encontrar entre los bienes y fondos de los acusados suficiente cantidad para pagar el importe impuesto.
En la misma resolución se determina el periodo máximo de cumplimiento de prisión, 15 años y 18 meses en el caso del exministro, y 15 en el caso de su asesor. En cuanto a Aldama, a cambio de evitar la prisión, gracias a su delación, se le cita para que en un periodo de 15 días ratifique el consentimiento para trabajar durante un año en beneficio de la comunidad. También se le advierte que deberá comparecer cada seis meses al Supremo para informar de sus actividades laborales, mercantiles y empresariales con plena «observancia del ordenamiento jurídico».
