Este martes, El Món publicó en pocas horas dos noticias relacionadas con los derechos lingüísticos de los catalanohablantes. Parece que una y otra se produzcan en dos universos paralelos. En la primera, explicábamos el caso de una denuncia archivada por la Generalitat. Una carta con buenas palabras al afectado, una promesa ambigua de tomar medidas en un futuro, que no se sabe cuándo llegará ni si llegará, y caso enterrado. Esta vez, la queja era contra un banco, y la daba por cerrada la Agencia Catalana de Consumo. Pero otras veces ha sido por una discriminación lingüística en la sanidad y ha sido el Departamento de Salud el que ha echado tierra encima tan rápidamente como ha podido. A pesar de la insistencia de los afectados. De hecho, es gracias a la persistencia de estos ciudadanos que estos dos casos han salido a la luz: cuando la administración les ha respondido con un portazo, sin amedrentarse y sin pereza han buscado la manera de hacerlo público. No pueden obtener nada, lo hacen por convicción.
La segunda noticia publicada ayer era un anuncio según el cual Junts ha arrancado al gobierno español –bueno, ERC dice que el mérito no es solo de ellos, sino de varios partidos– una modificación del proyecto de ley de atención al cliente para obligar a las grandes compañías a atender a los usuarios en cualquiera de las lenguas oficiales del estado español, incluido el catalán. Una obligación que ya existe en Cataluña pero que es totalmente ignorada en muchos casos, en los que la ley acaba siendo papel mojado.
Es inútil hacer leyes si después no hay voluntad política por parte de los gobiernos o de los tribunales para hacer cumplir la norma. Es una curiosa manera de respetar la separación de poderes que consiste en que el ejecutivo y el judicial boicotean al legislativo o, directamente, se rebelan. Esta es la fórmula que se aplica en la tarea de hacer respetar los deberes lingüísticos de consumidores y usuarios. Debería ser un deber asumido con convicción por cualquier administración de cualquier país del mundo, pero en Cataluña es visto como una incomodidad que intentan evitar tanto como pueden. Se trata de hacer que no puedan eludirlo. Solo los ciudadanos tienen esta fuerza en sus manos. Y empiezan a usarla.
