Junts per Catalunya ha llevado al Parlamento de Cataluña la crisis vial y de seguridad vivida en la línea Llobregat-Anoia de los Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). El grupo parlamentario ha registrado una batería de preguntas escritas dirigidas al Gobierno para exigir respuestas sobre las causas, el mantenimiento y las responsabilidades derivadas de los dos desprendimientos registrados en el techo del túnel de Gornal, en Hospitalet de Llobregat, sucedidos el 20 y el 27 de octubre de 2026. Ante la pérdida de confianza en la red ferroviaria del país, fuentes de Junts señalan a El Món que se necesitan «explicaciones y garantías». «Los catalanes necesitan recuperar la confianza en el transporte público» y, por eso, piden al Gobierno «transparencia, asumir responsabilidades e invertir en el mantenimiento de las infraestructuras».
La diputada Montse Ortiz firma la iniciativa parlamentaria, que pone el foco en la gravedad de una incidencia que obligó a interrumpir la circulación por una de las vías del tramo afectado. El primer desprendimiento, producido el pasado 20 de octubre, alteró profundamente el servicio de las líneas R5, R6, S3 y S8, provocando reducciones de frecuencias y modificaciones en los recorridos habituales. Según detalla el texto de la pregunta, la incidencia tuvo lugar en un punto donde confluyen infraestructuras de FGC y Adif, hecho que movilizó a técnicos de ambas compañías.
Dudas sobre la eficacia de las inspecciones y la seguridad
El núcleo de la fiscalización de Junts radica en la reiteración de los hechos, ya que solo un día después de que se restableciera completamente la circulación, el 27 de octubre, se produjo un segundo desprendimiento en la misma zona. Ante esto, la formación interpela directamente al ejecutivo catalán para que aclare qué inspecciones técnicas, actuaciones de mantenimiento y trabajos de conservación se habían llevado a cabo durante los últimos cinco años en este tramo del túnel de Gornal.
«¿Cómo es posible que después del primer desprendimiento, de días de servicio alterado y de las inspecciones realizadas, se haya producido un nuevo desprendimiento?», señala textualmente la petición registrada en el Parlamento. «Es especialmente preocupante que, después de días de inspecciones y reparaciones, se restablezca el servicio y al día siguiente se produzca un segundo desprendimiento», advierten las fuentes de Junts. En esta línea, el grupo quiere saber si se ha puesto en peligro la seguridad de los usuarios tanto en el período previo al 20 de octubre como una vez restablecido el servicio el 26 de octubre.
Depuración de responsabilidades y protección del entorno urbano
La iniciativa de Junts también pide un desglose detallado de los costos, de las tareas de reparación efectuadas entre el 20 y el 26 de octubre, y de las intervenciones previstas de cara al futuro, especificando qué administración o empresa pública asume la financiación de cada actuación. Así mismo, se exige saber si se han determinado posibles responsabilidades y qué entidad pública es la titular de la competencia de mantenimiento y seguridad en este punto concreto. Ante esto, las fuentes de Junts remarcan que se aclare «qué ha pasado, por qué ha pasado y quién es responsable» y critican que, en lugar de dar explicaciones, «vemos una disputa entre administraciones por las responsabilidades, mientras miles de catalanes continúan sufriendo las consecuencias».
Finalmente, la cuestión parlamentaria pone el acento en el impacto sobre el tejido urbano y la movilidad ciudadana. El texto solicita información sobre los estudios técnicos realizados para evaluar la estabilidad y la seguridad de los edificios del entorno, recordando explícitamente los antecedentes de socavones producidos en la zona de Bellvitge-Gornal durante la construcción de la alta velocidad (AVE). Al mismo tiempo, se pide un detalle de las medidas de transporte alternativo habilitadas por el Gobierno para paliar la afectación a los viajeros.
