La consejera de Territorio, Ester Capella, ha querido volver a poner presión este lunes en el Estado para que firmen «de forma inmediata» los convenios que permitirán a la Generalitat estudiar, licitar y llevar a cabo las obras de la N-260, una carretera de ámbito nacional. Así lo ha explicado este lunes desde Soriguera, en el Pallars Sobirà, apenas junto a la vía a la cual hace referencia el proyecto. Los diversos proyectos de mejora pretenden responder a las reclamaciones de los vecinos del territorio principalmente afectado, es decir, los que pasan por la demarcación de Lleida, en las comarcas del Alto Pirineo.

Después de que la semana pasada la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, afirmara que habría que preparar un calendario para la firma de los acuerdos de, como mínimo, cuatro meses, Capella considera que se trata de una «excusa» con tal de no cumplir con lo que se comprometió a hacer. En este sentido, la consejera considera que «si hay voluntad política, mañana mismo podemos firmar los convenios». Con la firma de estos convenios, la Generalitat podría empezar varios proyectos, como por ejemplo estas mejoras en la N-260, o un nuevo proyecto de remodelación de la N-II.

La consejera de Territorio, Ester Capella, haciendo un parlamento a tocar de la carretera N-260 con varias autoridades / ACN

Una vez el acuerdo se haya hecho oficial y las dos ejecutivas hayan firmado el convenio, la Generalitat recibirá un total de 260 millones de euros del Estado para salir adelante el proyecto de mejora de la N-260. A pesar de que se trata de un proyecto de mejorar que no es especialmente vistoso, Capella considera que las reformas pretenden «mejorar la cohesión y el equilibrio territorial» de la zona y, al mismo momento, facilitar las comunicaciones entre las poblaciones de la comarca.

Una exigencia reiterada

Del mismo modo que este lunes la consejera de Territorio ha reclamado la firma del convenio de infraestructuras, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, le exigió a la ministra Sánchez que firmara los documentos de una vez por todas. Una vez ambos ejecutivos hayan cerrado el pacto, la Generalitat recibirá una transferencia de 914 millones de euros para invertir en proyectos de infraestructuras.

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