El Ministerio de Sanidad ha decidido tirar recto e impondrá el uso de la mascarilla en los centros sanitarios de todo el estado, haya o no acuerdo con las comunidades autónomas. La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de este lunes, convocado de urgencia por el repunte de virus respiratorios, acabó sin ningún consenso por la resistencia de algunos gobiernos regionales, en especial los gobernados por el PP. Fuentes del ministerio han explicado a la Agencia Catalana de Noticias (ACN) que aprobarán la medida el próximo miércoles y lo harán a través del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que regula la declaración de actuaciones coordinadas en materia de salud pública.
El gobierno español ha insistido que aprobarán la obligación de llevar mascarilla a hospitales y centros de atención primaria, tanto si se llega a un acuerdo con las comunidades como si no. Cataluña y el País Valenciano han sido las primeras en aprobar la medida, mientras que otras, como la Comunidad de Madrid, son especialmente beligerantes y acusan al Ministerio de Sanidad de querer imponer sus “ocurrencias”. El ministerio ha dado 48 horas a las comunidades autónomas para que hagan las aportaciones que consideren necesarias, pero ha advertido que pasado el plazo se aprobará la medida porque “hay que proteger a la ciudadanía y a las comunidades que ya lo han impuesto”.
En declaraciones en la Cadena SER, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha matizado que la voluntad del gobierno español es encontrar un consenso con los gobiernos regionales, pero que tienen en cartera el mencionado artículo 65 y no dudarán a usarlo si consideran que se está usando el debate como arma arrojadiza contra la Moncloa. De hecho, García ha acusado al PP de hacer “negacionismo” y le ha reclamado que “se aclare” porque durante la reunión del consejo interterritorial hubo comunidades populares que se mostraron a favor de recuperar las mascarillas y otras que se posicionaron en contra. “Somos suficientemente científicos y maduros para poner una medida transitoria que tiene el aval científico y una buena aceptación entre la ciudadanía”, ha dicho.
