Salut ha lanzado una propuesta incendiaria en pleno conflicto con los médicos del país. El Departamento encabezado por la consejera Olga Pané ha anunciado una medida que condiciona una parte de la financiación de los centros de atención primaria (CAP) a acortar las bajas con diagnósticos más rápidos. Según detalló la consejería este domingo, se trata de pruebas voluntarias que no tendrán penalización en la financiación de los CAP y que tienen el objetivo de reducir el tiempo de diagnóstico de las personas en situación de baja. El Gobierno defiende que esta medida ofrece incentivos para los centros de atención primaria que logren acortar la duración de estas bajas resolviendo más rápidamente el diagnóstico de los pacientes, algo que, desde su punto de vista, es beneficioso para la ciudadanía, pero también para los profesionales del sistema sanitario.
Esta medida anunciada por el ejecutivo de Salvador Illa ha abierto una nueva crisis entre los sindicatos y la administración catalana. A través de un comunicado, Comisiones Obreras (CCOO) alerta que esta medida “coacciona el criterio médico” y advierte que el problema se encuentra en los “recursos” y las “listas de espera”. Para el sindicato, “el problema real es que las empresas no están haciendo la prevención de riesgos laborales que les correspondería” y acusan al Gobierno de comprar el relato de la patronal sobre el absentismo laboral. En esta misma línea, a través de un comunicado también, la UGT ve la medida de la cartera de Salut como una «cortina de humo» para “tapar el déficit estructural de la sanidad”. Un déficit que ha llevado a los médicos a salir a la calle este lunes en un nuevo día de huelga -y que repetirán el viernes-, el cual se suma también a la convocatoria estatal que se extiende durante toda la semana.
Desde el sindicato Metges de Catalunya, convocantes de las huelgas de esta semana, también se han mostrado muy críticos con el anuncio de la consejería de Salut: «Están incentivando que enviemos gente a casa sin diagnosticar reduciéndoles la baja. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que se debe hacer es invertir en los medios para acortar los tiempos de diagnóstico», ha recalcado el secretario general del sindicato, Xavier Lleonart, esta misma mañana en declaraciones a TV3. En este sentido, desde UGT recuerdan que el Departamento de Salut “invierte mucho menos por habitante que antes de los recortes”, en un contexto en el que la población cada vez se encuentra más envejecida y con más problemas crónicos.
Críticas de los socios preferentes de Illa
Además del rechazo sindical, la medida anunciada por el Gobierno también ha desatado las críticas de los socios preferentes de Salvador Illa, con quienes el PSC intenta destrabar los presupuestos. En rueda de prensa, el presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha dicho que están en contra «de enviar a trabajar a alguien que está enfermo sin el diagnóstico que corresponde o el tratamiento que necesita». El dirigente republicano también ha señalado que la medida crea la «sospecha» de que algunas bajas «no se tramitan como corresponde». «Si [el Gobierno] no tiene esta sospecha, no debería actuar de tal manera que la haga verosímil», ha remarcado Junqueras. En esta misma línea se ha expresado la líder de los Comuns, Jèssica Albiach, que, a través de una publicación en sus redes sociales, ha recordado que las «bajas médicas son un derecho de los trabajadores y trabajadoras, y su duración la deciden los sanitarios según criterios médicos»: «¡No debe ser de otra manera. Las bajas no se tocan!», ha exclamado.
Ante las críticas del sector social y político del país, desde el Gobierno aseguran que esta polémica medida busca evitar bajas sin diagnóstico y demoras en las visitas. La propuesta forma parte del convenio vigente entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Generalitat para el período 2025-2028 y prioriza las patologías osteoarticulares y los problemas de salud mental porque, según indica la consejería, son “las que acumulan más días de baja en Cataluña”. En este sentido, Salut asegura que el objetivo es “dar más capacidad a los equipos para que puedan atender mejor a los pacientes y resolver antes los casos”, así como “incentivarlos a revisar procesos”. El argumentario de la administración, sin embargo, sigue sin convencer a los sindicatos del país.
