El 14 de diciembre del año 2006, el Boletín Oficial del Estado español (BOE) publicaba la Ley 39/2006, la cual hace referencia a la promoción de la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia. Una norma impulsada por el gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, conocida popularmente como ley de dependencia, que marcó un precedente histórico en el Estado. Esta ley define el estado de dependencia -al que se llega a causa de una enfermedad, un hecho incapacitante, o la vejez- y, «respetando las competencias atribuidas constitucionalmente a las comunidades autónomas en materia sanitaria y de asistencia social», crea la base de un nuevo ámbito de protección para ampliar el estado del bienestar mediante la creación de un sistema, de base pública y universal, que garantizara el derecho subjetivo perfecto de todas las personas en situación de dependencia a acceder a una serie de prestaciones y servicios, considerados como mínimos, en condiciones de igualdad. Poco más de dieciocho años después de la publicación de la normativa, aunque se han dado algunos pasos adelante en su desarrollo, la ley continúa llena de grietas.
Desde el año 2017, más de 103,000 catalanes han muerto mientras esperaban que se les reconociera el grado de dependencia o para recibir la prestación correspondiente, según detalla el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales a partir de datos del Imserso -elaborado con cifras hasta el 30 de noviembre de 2024. Con estos datos en la mano, Cataluña es el territorio del Estado en el que más personas han perdido la vida en las listas de espera de dependencia -con un total de 103,055 personas. Concretamente, del total de víctimas mortales de los últimos siete años en esta situación, 73,042 estaban pendientes de recibir la prestación y 30,013 esperaban obtener el grado de dependencia. De hecho, Cataluña concentra el 26% de las personas que han muerto en las listas de espera de dependencia de todo el Estado. Se trata del territorio más afectado por el funcionamiento de la normativa española, seguido de Andalucía, donde 83,254 han perdido la vida en las listas de espera de dependencia, y la Comunidad Valenciana, donde el recuento asciende a 37,481 víctimas mortales -más de la mitad menos que en Cataluña.
Lentitud burocrática e infrafinanciamiento
Es por este motivo, entre otros, que desde la entidad denuncian que el funcionamiento actual de la normativa española evidencia un «sistema low cost» muy poco efectivo debido a los «procedimientos burocráticos, las ridículas cantidades de las prestaciones y la baja intensidad de los servicios». Según los datos recopilados en el Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la misma entidad, la administración española tarda, de media, 330 días en resolver un servicio o una prestación desde que recibe la solicitud. Una cifra que oscila arriba y abajo en función del territorio, ya que mientras Cataluña se encuentra por debajo de la media -con un tiempo de 265 días para tramitar una solicitud-, otras comunidades como Andalucía tardan 618 días. Es decir, casi dos años para resolver cualquier solicitud o prestación relacionada con la dependencia.
Las carencias de la ley de dependencia española, sin embargo, no se limitan solo a la lentitud burocrática de la tramitación de las solicitudes, sino que también están directamente relacionadas con la financiación. De hecho, seis comunidades autónomas han visto reducida significativamente la inversión estatal de la dependencia del año 2023, ya que habían certificado un gasto inferior en el año 2022 a la media de los ejercicios económicos anteriores. En este sentido, Cataluña ha sido el territorio más afectado porque ha recibido 25.7 millones de euros menos de los que le corresponderían debido a los recortes presupuestarios de los años anteriores.
Para la asociación, el infrafinanciamiento por parte del gobierno español es una de las principales causas que ha condicionado, directamente, las grietas del desarrollo de la normativa: «Es muy preocupante que cada vez se reduzca más la inversión por persona atendida. Si en el año 2010 esta se elevaba hasta los 8,135 € [el año en que se alcanzó el máximo de gasto estatal en relación con la dependencia], 14 años después, en 2024, a pesar del incremento de los costos del IPC de los servicios, esta cantidad se ha reducido hasta 5,982 euros [un 26.6% menos]», argumentan desde la entidad estatal. Para la asociación, esta reducción del gasto evidencia que «la reducción de la lista de espera [llamada técnicamente como limbo] y el incremento de las personas atendidas se está llevando a cabo a costa de reducir las cantidades de las prestaciones o de apostar por servicios de bajo costo». Es decir, consideran que el gobierno español presume de haber reducido la lista de espera en los últimos años, pero a cambio de recortar en prestaciones.
Remendar la ley de dependencia
Para paliar las carencias de la ley de dependencia, especialmente en materia de financiación, el gobierno de Pedro Sánchez lanzó, con el apoyo de los ejecutivos autonómicos y los agentes sociales, en el año 2021 el llamado plan de choque, que consistía en inyectar más dinero al sistema para la autonomía y la atención a la dependencia (SAAD) para reducir «sustancialmente» las listas de espera. Este plan de choque ha permitido acumular hasta 3,644 millones de euros en la aportación estatal sobre la dependencia en los últimos tres años -hasta 2024-, lo que ha aliviado, ligeramente, estas listas de espera. Ahora bien, este plan de choque también ha evidenciado, una vez más, la necesidad de reformular la normativa. El pasado 3 de diciembre, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, anunció que ya está «listo» el texto de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia -dos normativas diferentes agrupadas en un solo anteproyecto- para «hacer que el mandato del artículo 49 de la Constitución se convierta en política pública y, por tanto, se convierta en realidad».
El objetivo de este anteproyecto, según defienden desde el ministerio, es actualizar estas dos normativas vigentes y adaptarla a las nuevas necesidades de la población, cada vez más envejecida y «con nuevos modelos de convivencia». Concretamente, la reforma de la ley pretende ampliar las prestaciones económicas para el cuidado de personas dependientes y hacerla extensiva, más allá de las familias, al «entorno relacional». Es decir, equiparar un amigo o amiga a un familiar -aunque el titular de la prestación siempre es la persona dependiente: «Esta ley será realidad más pronto que tarde y aterrizará el mandato constitucional en una mejora de las condiciones de vida de los españoles», argumentó el titular de la cartera en rueda de prensa. De momento, sin embargo, la normativa aún no se ha presentado en el Congreso de los Diputados debido a las discrepancias internas dentro del equipo de Gobierno, formado por el PSOE y Sumar. Así pues, después de años de retraso, primero por pugnas políticas entre PP y PSOE y luego por la lentitud burocrática de los equipos de gobierno, el 2025 se presenta como una nueva oportunidad para desplegar mejoras en la ley de dependencia española.
