Seis de cada 10 multas de tráfico que se imponen en Cataluña a ciudadanos extranjeros quedan sin pagar. Lo recoge una información de la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Concretamente, entre los años 2023 y 2025, de los 4,3 millones de sanciones, 426.030 corresponden a personas que viven fuera de las fronteras del Estado. El 58,3%, cerca de seis de cada diez, no han sido abonadas. El año pasado, el impago por parte de los ciudadanos que viven fuera del Estado español se eleva hasta el 63,8%. En los años analizados, el porcentaje de extranjeros que no paga las multas nunca baja de la mitad. En el caso de los ciudadanos del Estado, los impagos se sitúan en el 34%.
El director del Servei Català de Trànsit (SCT), Ramon Lamiel, explica que tienen un sistema de cobro a extranjeros a través de una empresa. La multa se envía a los titulares de los vehículos en su idioma y, a veces, desde el mismo país. «Esto hace que la persona que recibe la multa se sienta un poco más interpelada», valora Lamiel en declaraciones a la ACN. Aunque seis de cada diez extranjeros multados no pagan, Lamiel considera que con el método que tiene el SCT se recupera un «importe destacable» de las sanciones.
No obstante, el director del SCT reconoce que en el caso de los extranjeros que viven fuera del Estado no se recurre a la vía ejecutiva, solo a la voluntaria, porque contactar con las haciendas de cada país «necesita toda una serie de trámites que son caros y que no son fáciles».
El 36,4% de los ciudadanos no pagan en la vía voluntaria
En el ámbito general, más de un tercio de las multas que se impusieron entre el 2023 y el 2025 no se pagaron voluntariamente. Con datos del mes pasado facilitados por Trànsit a la ACN, el número de expedientes sancionadores fue de 4.366.260, de los cuales se han pagado por la vía voluntaria 2.779.081.
En cambio, el 36,4% de los conductores multados no abonaron los importes de las más de un millón y medio de multas restantes. Cuando esto ocurre, Trànsit abre la vía ejecutiva y los expedientes pasan a manos de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), el órgano de la Generalitat que se ocupa de realizar los cobros. Esto solo se hace en el caso de los ciudadanos domiciliados en el Estado.
