La sobreexplotación de la costa es una de las grandes preocupaciones de los biólogos marinos de Cataluña. El elevado número de actividades que se producen a la costa, como por ejemplo el uso desmesurado de embarcaciones recreativas que fondean en espacios protegidos, provocan un impacto sobre el fondo marino. Para preservar la flora y la fauna de los parajes naturales más preciados existe la figura del parque natural, que, según la definición de la Unión Internacional para la Conservación de la Natura (UICN) es «un paisaje natural, que a veces incluye elementos de paisaje cultivado y asentamientos humanos, que ha sido protegido y es accesible al público». Esta etiqueta, pero, puede provocar el efecto contrario y, en lugar de proteger y conservar el paisaje, generar un «efecto grita» que atraiga cada vez más visitantes y contribuye, despacio y sin una intención exprés, a la degradación del medio ambiente.
Justamente esta paradoja es la que se vive en el parque natural del Cap de Creus, al Alt Empordà. «La etiqueta Cap de Creus genera un efecto grita que perjudica más del que protege. Y así se ha podido ver perfectamente este verano», asegura Xavier Vizcaíno, miembro de la entidad ecologista IAEDEN-Salvamos Ampurdán, en conversación con El Món. El principal problema que rodea este parque natural es que las regulaciones solo se centran en el espacio terrestre y no regulan el espacio marítimo, por lo cual queda más desprotegido. La ley de protección de Cap de Creus fecha del 12 de marzo del 1998, y no se ha modificado desde entonces. Es por eso que varios ecologistas y biólogos han trabajado durante años para que sus reclamaciones se escucharan y la Generalitat impulsas definitivamente una renovación del Plano Rector de Usos y Gestión (PRUG), para adecuarlo a las nuevas necesidades del parque.
De hecho, a raíz de la «hipersaturació» y la carencia de regulación, la entidad IAEDEN-Salvamos Ampurdán ha llegado a llevar a debate interno hasta qué punto era positivo para la preservación medioambiental mantener la etiqueta de parque natural, puesto que, al atraer tanta gente amenaza más el fondo marino que protegerlo. «Sin un plano rector de usos con cara y ojos no existe un parque natural. Es papel mojado», apunta Josep Lloret, investigador del Instituto de Ciencias de Mar (ICM) que formó parte de los primeros debates que hicieron sobre la cuestión.
«Cada vez somos más personas y se hacen más actividades. Necesitamos una regulación de una vez por todas», asevera Bernat Hereu, profesor agregado de la Universitat de Barcelona especializado en la conservación de la biodiversidad y coordinador de los seguimientos de la fauna marina en el Cap de Creus que ha trabajado en la remodelación del PRUG. Para el biólogo, el principal conflicto que ha habido este verano en la zona es «el excesivo número de actividades no programadas» que se producen, en referencia a los submarinistas que actúan sin licencia y en todas aquellas personas que hacen un uso descontrolado de los jets ski: «Todo esto genera un fuerte impacto sobre el medio ambiente», dice Hereu, que se reafirma en la necesidad de controlar el espacio marino.
Esta regulación está a punto de llegar. El consejero de Acción Climática, David Mascort, aseguró hace poco menos de una semana desde el Cap de Creus que su intención es «sacar a exposición pública lo PRUG antes de finales de año para intentar aprobarlo el 2024». Aun así, para Lloret todavía hay que mantenerse prudente en la hora de habla sobre esta cuestión, pero cree que es «una oportunidad de oro» para hacer una regulación «con cara y ojos». Una idea que también comparte el director del parque natural, Ponç Feliu, que lamenta que el PRUG es «la asignatura pendiente» en cuanto a la preservación del entorno: «Pensamos que se ha hecho mucho trabajo al medio terrestre, pero hay que regular también el medio acuático porque las actividades que se hacen puedan continuar haciéndose, pero respetando el entorno».
Remodelar la regulación
Con esta remodelación del PRUG, que todavía está en fase de resolución después de todas las alegaciones que hicieron los ecologistas a la propuesta de la Generalitat, se pretende regular de manera exhaustiva las actividades deportivas, recreativas, educativas y científicas que se hacen en el espacio marino del parque natural. Para evitar que se vuelva a enquistar el conflicto y la regulación no se adecue a la realidad del parque, Mascort ya ha dejado claro que el PRUG tendrá una vigencia de cuatro años, por lo cual en 2028 -siempre que los tempos sean los previstos y se apruebe el plan el próximo año- se volverá a poner la regulación del Cap de Creus sobre la mesa.
Además de la restricción y el control de actividades que se hacen en el espacio marino que prevé el PRUG, Lloret recuerda que hay que complementar el plan con más vigilancia que haga cumplir las restricciones: «Necesitamos más gente en el mar que pueda informar y sancionar si es necesario», reclama el investigador, y recalca que solo con una buena «educación ambiental», es decir, informando y concienciando la población, ya se pueden evitar muchos de los problemas actuales. Todo y la advertencia, pero, Lloret «espera que salga un PRUG que se pueda equiparar en los planes de gestión de las reservas marinas del estado francés», como por ejemplo la del parque natural de Banyuls, en la Cataluña Norte.
Una solución para el Cap de Creus que llega con treinta años de retraso
Los expertos creen que el paso que se hace ahora para regular el medio marino del parque natural llega tarde. Vizcaíno fue uno de los promotores y el coordinador de la campaña por la cual el Cap de Creus se convirtió en un parque natural, y recuerda que desde la entidad ecologista de la cual forma parte ya habían advertido la Generalitat que, si no destinaban más recursos económicos, la ley no cumpliría todo el que prometía: «Algunos técnicos consideraron que el redactado [de la ley 4/1998] era lo mejor que se había elaborado nunca en Cataluña, pero nosotros ya advertimos que, sin una partida presupuestaria suficiente y un servicio de vigilancia permanente, la complejidad del parque haría que la ley sirviera para cumplir menos del que prometía», recuerda el ecologista. Y, tal como advertían, es el que ha acabado pasando.
Así pues, más de treinta años después, la solución podría llegar definitivamente en los próximos meses para resolver «la asignatura pendiente» del Cap de Creus y dar un paso adelante en la protección medioambiental de Cataluña.
