Las cifras han otorgado un baño de realidad a la nueva sesión de la comisión de investigación del Parlamento sobre la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Esta mañana, la funcional sala de grupos de la cámara catalana, ha comenzado su trabajo prestando atención a Elisenda Xifré, representante de la Federación de Entidades de Atención y Educación a la Infancia y la Adolescencia. Una intervención que ha servido para contextualizar con la crudeza de los datos el trabajo y los objetivos de la comisión.
En la misma línea se han expresado Jordi Salvia y Joan Enrique Gil Robles, de la Red de Pisos Tutelados, que engloba entidades con proyectos y pisos asistidos, que han alertado que la situación de jóvenes extutelados no es una cuestión puntual sino que es un fenómeno «estructural». Todo ello a raíz de los informes de la Sindicatura de Cuentas que denunciaban la falta de control y el desorden financiero y de los contratos de la DGAIA que ha obligado incluso, a rebautizar la institución. Una comparecencia interesante porque las voces que han explicado su opinión a los diputados son las del tercer sector, parte imprescindible de la gestión de la ex DGAIA. Los comparecientes han evitado opinar sobre los efectos de la transformación en DGPIA porque aún es demasiado pronto para ver sus efectos.
Defensa del sistema público
Los tres comparecientes han defendido la existencia de un sistema de defensa y garantía de los derechos de los niños y los adolescentes. Un sistema «público amplio y universal» basado en la prevención y la protección. De ahí que aunque han admitido que se deben hacer cambios o mejorar la «transparencia», los mecanismos de control y regular mejor la concertación, sí que han valorado la labor realizada por la DGAIA y el trabajo de la Generalitat desde el año 1995 que creó las figuras de los pisos tutelados para los jóvenes en riesgo de exclusión.
De hecho, han destacado la evolución creciente de extutelados que trabajan y estudian o que hacen una cosa u otra. Los números son claros. Tanto Salvia como Gil Robles han recordado que actualmente la Generalitat tiene 2.578 plazas de pisos de acogida cuando en el año 2012 eran 356 y en 2016 eran 485. «No importa el color de la piel, sino que realmente los jóvenes estén acompañados», ha subrayado Salvia que valoraba el hecho de que un 23% de los jóvenes extutelados estudia y trabaja a la vez.
«Situación de emergencia social alarmante»
Xifré ha asegurado a los diputados que solo aportaría «datos de contexto» para explicar después qué propuestas como entidades proponen. Pero, era una advertencia trampa, porque Xifré, como quien no quiere la cosa, ha captado la atención de los diputados que en estas comisiones tienden demasiado al móvil y al ordenador. Así ha definido la situación como «emergencia social alarmante» destacando la cifra de que un 34% de los niños que viven en Cataluña están en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, uno de cada tres niños.
Del 2016 al 2024 los niños en riesgo de exclusión han crecido un 20%, unos 75.000. También ha concretado que de los 16.000 expedientes abiertos por desamparo en 2016 se ha pasado a 19.700 en 2025, un 23% de crecimiento. Además, ha resaltado que el 28% de los hogares con niños no pueden asumir ninguna actividad de ocio a la semana, y el 12% padecen una «inseguridad alimentaria grave». Unas cifras que no concuerdan con, por ejemplo, los datos de inversión que para la atención social de los jóvenes es del 1,5% del PIB de Cataluña cuando la media europea es del 2,5%.
La situación actual también proviene de la crisis de 2009 que se alargó hasta 2014 y posteriormente, la crisis generada por la pandemia de la COVID 19. Para reducir esta crisis alarmante, reclaman más «transparencia» y el «replanteamiento» de las líneas de servicio que se prestan. También, mantener los servicios de titularidad pública con mecanismos de control. Por otro lado, ampliar al riesgo moderado y leve, y no solo de riesgo grave. En esta línea, han admitido la falta de familias acogedoras y la necesidad de llevar a cabo una mejora profunda de los servicios residenciales.
