Lo que debía ser un trámite administrativo rutinario –la renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de una niña menor de edad– se convirtió el pasado 29 de julio de 2026 en un episodio de intimidación policial, discriminación lingüística y posible falsedad documental. Según la denuncia formalizada ante la Fiscalía Provincial de Girona, a la que ha tenido acceso El Món, la familia del diputado de Junts Isaac Padrós sufrió una escalada de hostilidad por parte de los agentes de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de la Jonquera desde el mismo momento en que cruzaron la puerta de la comisaría.
Los hechos se iniciaron a las 10:06 horas de la mañana, cuando Padrós -con ceguera total y que se desplaza con un perro guía– y su pareja, Carme Termens, llegaron a la comisaría de la Jonquera acompañados de su hija. La familia disponía de cita previa para las 10:30 horas para renovar el DNI de la menor. Según consta en la denuncia, desde el primer contacto los policías españoles se dirigieron a ellos exclusivamente en castellano y mostraron una evidente contrariedad cuando los usuarios utilizaron el catalán. Les hicieron repetir hasta cuatro veces la hora de la cita, un agente exigió directamente que hablaran en castellano alegando que no les entendía, y les ordenaron esperar en la calle, en la acera frente a la comisaría. No fueron llamados al interior hasta pasadas las 10:45 horas.
Una vez en la mesa de tramitación, la tensión aumentó cuando Termens exhibió el título de familia numerosa vigente para acogerse a la exención legal del pago de la tasa de expedición del DNI. El agente encargado se negó a aplicar la gratuidad alegando que lo deberían haber advertido al inicio y remitiéndolos a un cartel informativo pegado en la pared. Entonces, Padrós le recordó que, debido a su discapacidad visual, ningún cartel impreso le resulta accesible. A pesar de ello, el funcionario insistió en que era obligatorio pagar la tasa.
Intimidación colectiva y arrebato violento de la documentación
Ante la petición de la familia de cumplir la legalidad vigente –acreditando que no se negaban a pagar sino que solicitaban la aplicación del derecho de exención establecido por ley–, la respuesta policial fue una demostración de fuerza. Según la denuncia, hasta siete agentes de la Policía Nacional irrumpieron de golpe en la sala de atención, rodeando a la familia. «El agente con TIP 128146 se situó a la espalda del diputado y le exigió que hablara en castellano. Cuando Padrós pidió un servicio de traducción, le fue negado bruscamente afirmando que ‘no había'», relata el documento al que ha tenido acceso este diario.
Sin ninguna causa legal ni motivo explicado, el agente TIP 128146 requirió a Padrós que se identificara. El diputado sacó sus tarjetas del bolsillo, reconoció al tacto su carnet oficial del Parlamento de Cataluña y lo entregó. Sin embargo, el agente lo rechazó con desprecio afirmando en castellano que «no valía para nada» y que solo servía el «DNI español», mientras los demás agentes «reían y se burlaban». La situación escaló de la violencia verbal a la física: cuando Carme Termens buscaba el DNI de su marido para entregarlo, el agente TIP 128146 le agarró el brazo con una mano y, con la otra, le arrebató bruscamente el documento de las manos, generando un momento de angustia a la madre y a la niña menor de edad. Los agentes se llevaron el DNI sin dar ninguna explicación.
Represalia administrativa
Ante la gravedad de los hechos y la retención de su documento, Padrós efectuó una llamada de emergencia al 112 para solicitar la presencia urgente de los Mossos d’Esquadra. Mientras tanto, la familia fue expulsada a la calle sin el DNI del padre, el cual solo le fue devuelto en el último momento a través de su pareja. Para evitar perpetuar el sufrimiento de la menor, Termens decidió abonar la tasa en efectivo –bajo protesta– para poder retirar el DNI de la niña y llenó sendas hojas formales de queja. Mientras tanto, los agentes continuaron las burlas haciendo comentarios despectivos sobre el texto de la queja: «parece un manual de instrucciones». Cuando la patrulla de los Mossos llegó a la comisaría, el agente TIP 128146 –que previamente había leído la queja formal donde se le identificaba– notificó a Padrós un acta-denuncia por desobediencia y negativa a identificarse. En el documento, sin embargo, se hace constar que el mismo texto policial admite contradictoriamente que el agente se apoderó del DNI haciendo uso de «la fuerza mínima imprescindible».
Cinco delitos sobre la mesa y protección urgente de pruebas
La denuncia presentada ante la Fiscalía atribuye a los agentes de la policía española la comisión de cinco delitos: contra el ejercicio de los derechos cívicos por haber impedido deliberadamente el uso del catalán y la aplicación de la exención legal de la tasa; un delito de denegación discriminatoria de una prestación cometido por funcionario público por condicionar un servicio público a un pago improcedente en un contexto de hostilidad por la lengua y burla de la ceguera del denunciante; un delito contra la integridad moral por la intimidación ambiental de siete agentes, las burlas colectivas y el arrebato violento del DNI ante una menor y una persona con discapacidad; un delito de falsedad en documento oficial por haber faltado a la verdad en el acta-denuncia alegando una falsa desobediencia como represalia; y, subsidiariamente, un delito de coacciones por haber compelido a la familia a pagar la tasa y a abandonar la comisaría bajo presión y violencia física.
En su escrito a la Fiscalía Provincial de Girona, Padrós y Termens solicitan la incoación inmediata de diligencias de investigación penal y la posterior presentación de querella ante los Juzgados de Instrucción de Figueres. Asimismo, han pedido con carácter de urgencia la conservación y entrega de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia interiores y exteriores de la comisaría de la Jonquera para evitar su sobrescritura, así como las grabaciones de las llamadas al 112, el registro de consultas a bases de datos policiales sobre el diputado y la suspensión inmediata del expediente sancionador administrativo abierto por la Policía Nacional.
