Nuevas imposiciones por el castellano en la escuela. Este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha obligado un centro, este golpe del Barcelonès, a hacer al menos una asignatura troncal no lingüística en castellano, después de que lo pidiera el padre de un alumno. Aun así, la medida de momento todavía es cautelar y se empezará a aplicar a partir del curso que viene y hasta que haya sentencia firme. En la interlocutoria, hecho público por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y a la cual la ACN ha tenido acceso, el tribunal dice que el centro tiene que decidir su proyecto lingüístico, pero siempre respetando la legislación que impone, según la AEB, un modelo de “conjunción lingüística”.
Esta decisión se suma a las cuatro de hace pocos días que también obligan a la misma medida en otros centros. El TSJC ha adoptado la medida cautelar en un centro del Maresme y ha sentenciado por otro de Barcelona, mientras que el Tribunal Supremo ha rechazado dos recursos de la Generalitat contra dos sentencias del TSJC que ya habían dado la razón a los padres que querían una asignatura principal en castellano en centros de Cubelles y Sant Pere de Ribes (Garraf).
A juicio tres personas más por el supuesto acoso a Canet
Esta nueva sentencia llega menos de una semana después de que el juzgado de instrucción 12 de Barcelona decidiera abrir juicio oral contra tres usuarios de X por el supuesto acoso hacia los padres y la alumna de la escuela de Canet de Mar (Maresme) que reclamaron el 25% de clases en castellano. Estos tres hombres se suman en un cuarto que ya había sido enviado a juicio. En la interlocutoria, el juez declara abierto el juicio oral contra los tres por delitos contra la integridad moral. Además, establece que los acusados tienen que abonar una fianza de 12.000 euros por las responsabilidades de indemnización que se puedan derivar. La fiscalía de delitos de odio y discriminación pide dos años de prisión para los implicados.
Por otro lado, el padre de la menor ha impulsado una recogida de fondo para poder sufragar los gastos para tener una actuación «más intensa» en el procedimiento, según explica él mismo en una carta que explica la iniciativa. El objetivo es ampliar la actuación contra otras personas que también hicieron mensajes contra su familia en las redes sociales y añade que algunas autoridades públicas «también tuvieron un papel relevante en el ataque coral» que sufrieron.
