Esta semana el Gobierno, una veintena de entidades por la lengua, de la sociedad civil y de agentes económicos, junto con el PSC, ERC y los Comuns, han firmado el Pacto Nacional por la Lengua, el compromiso con una hoja de ruta hasta 2030 para garantizar el futuro del catalán y que tendrá una dotación anual de un mínimo de 200 millones de euros. El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, en una entrevista con El Món, admite que el Pacto tiene «menos fuerza» porque no cuenta con Junts per Catalunya y la CUP, que no han querido firmarlo, pero cree que, aun así, «sigue siendo muy potente». Sobre el contenido, manifiesta que «por primera vez en la historia pone objetivos claros en términos de demografía de la lengua, algo que nunca nadie se había atrevido a hacer». Sin embargo, expertos en materia lingüística, algunos de los cuales forman parte de entidades que se han adherido al Pacto, aseguran que hay aspectos positivos en el documento, pero creen que se queda corto y ven más contras que pros. De hecho, se muestran críticos por las incoherencias del principal objetivo del Pacto, que es lograr 600.000 nuevos hablantes en cinco años. También critican que el tono del documento sea «pedagógico» y no se haga referencia a leyes futuras ni sanciones con el cumplimiento de la ley vigente.
Gerard Furest, coordinador de lengua de La Intersindical Educación, en conversación con El Món, puntualiza que desde el sindicato «había dudas», pero que han terminado firmándolo con «un sí crítico». Asegura que ve «luces y sombras» y en los aspectos negativos del Pacto opina que «faltan actores sociales» como, por ejemplo, USTEC, que es el sindicato mayoritario de la educación. Considera que «un pacto nacional debe lograr muchos más actores de los que han llegado y más cuando hacía tanto tiempo que se trabajaba» y, además, lamenta que «todo es muy pedagógico» porque no se incluyen leyes y se utilizan solo verbos propositivos como «velar», «ofrecer» o «facilitar», entre otros.
Un documento que no afronta la necesidad de aplicar sanciones
Furest también critica que la creación de una Oficina de Protección de Derechos Lingüísticos se financie con «recursos internos» del Departamento de Política Lingüística y no tenga un presupuesto concreto: «¿Qué significa esto? Es absurdo, sobre todo porque sabemos que las discriminaciones por motivo de lengua ocupan el primer lugar». Y, por otro lado, apunta que de cara al futuro habrá que ver cómo se llevan a cabo «los mecanismos de seguimiento» para ver si el dinero que se destina tiene un impacto en la realidad y, si es necesario, defiende «sanciones» en los casos en que no se logren los objetivos marcados.
El escritor y divulgador lingüístico Enric Gomà manifiesta que el pacto «no es suficiente, y se queda a medio camino», y añade que el «gran problema es que es ‘voluntarista'». «Cada vez que escucho la palabra ‘concienciar’ y ‘sensibilizar’ me dan ganas de vomitar», dice sin morderse la lengua. «No hay la más mínima alusión a una ley futura, ni a sanciones y tampoco a hacer cumplir la ley actual vigente, que alguna no se puede hacer cumplir, como la ley del Cine, pero otras sí, como los derechos lingüísticos». «Es un pacto que no quiere romper paredes», concluye, y advierte que con las carencias que tiene el documento «el catalán seguirá siendo una lengua prescindible y accesoria».
«Incoherencias y carencias» y «cifras casi ridículas»
Òscar Escuder, presidente de Plataforma per la Llengua, otra entidad que ha firmado el Pacto, deja claro que «no sería nuestro pacto ideal, el que hubiéramos escrito nosotros», pero puntualiza que han hecho un análisis «detallado» y que la decisión de firmar «no se ha tomado a la ligera» y se ha producido después de un proceso de diálogo con la consejería. «Hemos visto los pros y contras» del Pacto, y, por ejemplo, hay aspectos que «nos parecen incorrectos por cantidades destinadas, con cifras casi ridículas, como una partida de 109.675 euros destinada a la protección de la infancia vulnerable, otra destinada a la juventud y colectivos específicos, de 553.322 euros, o a la empresa y el trabajo solo se destinan 1,3 millones. Y, además, es muy crítico con las medidas aplicadas en el ámbito sanitario y lo califica de «escándalo». «Hay incoherencias y carencias», concluye.
Un presupuesto multiplicado por cinco
En cambio, Furest ve positivo que se multiplique por cinco el presupuesto dedicado a Política Lingüística, porque la dirección general, que después pasó a ser secretaría general, solo tenía un presupuesto de 45 millones y ahora tendrá más de 200. «Esto ya suma más que resta, porque aquí hay dinero». También ve positivo que el pacto «desideologiza la lengua» porque, según apunta, «durante mucho tiempo se ha asociado la defensa de la lengua al independentismo y ahora se rompe el relato de Ciudadanos». Igualmente, valora positivamente que se destinen fondos a discográficas en catalán, también del País Valenciano, y juegos de mesa en catalán «con los que llegaremos a todas las partes del dominio lingüístico». Asimismo, valora positivamente que se destinen 79 millones a aulas de acogida porque «faltan muchas» porque «hay una matrícula viva bestial». «Tienes alumnos en clase que nunca aprenderán catalán porque no hay dotaciones de aulas de acogida», subraya, y cree que, en principio, el pacto «pondrá solución».
Escuder defiende que el documento «tiene aspectos positivos» porque «pone la lengua como eje principal y transversal de las políticas públicas de la Generalitat y deja claro que afecta a todos los ámbitos de la vida». Y, por ejemplo, como medida destacada pone los 47 millones que se destinarán al Consorcio para la Normalización Lingüística, pero advierte que «hay que ver si ese dinero se destina de manera inteligente y estratégica y se tienen en cuenta las nuevas tecnologías». Con todo, subraya que el presupuesto que se destinará de forma anual «es más de lo que se ha invertido nunca hasta ahora» en política lingüística. El escritor y divulgador lingüístico Enric Gomà opina que «es un pacto muy esperado» después de cuatro años de trabajo y dice que no tenía sentido mantenerlo aparcado después de la creación de la consejería de Política Lingüística. «Es un pacto que está basado en la enseñanza, con las aulas de acogida, con 105 millones para educación, el Consorcio para la Normalización Lingüística, con 47 millones, y 39 millones para el audiovisual», que son el grueso de los 255 millones, pero critica el espíritu porque, según él, es «pobre». «Me parece escaso y pobre que la gran solución del pacto para que los jóvenes se pasen espontáneamente a comunicarse en catalán sea potenciar los contenidos audiovisuales», y pone énfasis en el hecho de que no se aborda ni se analiza por qué «los jóvenes renuncian al catalán».
600.000 nuevos hablantes en 2030: ¿es un objetivo realista?
Por otro lado, los expertos cuestionan el principal objetivo del Pacto Nacional por la Lengua: lograr 600.000 nuevos hablantes de lengua catalana en 2030, un objetivo que el consejero ve «factible». «Es una promesa muy pintoresca», resume Gomà, y detalla que «cada año hay 85.000 alumnos que hacen 4º de ESO que tienen capacidad de hablar catalán» y, según él, los 600.000 en cinco años «se nutrirán sobre todo de esta gente que entra en el cómputo con 15 años». «¿Quién morirá? Morirán monolingües castellanos, señores ancianos en la mayoría de los casos inmigrantes que no hablan catalán. De manera que tendremos una disminución de monolingües castellanohablantes y la aportación de individuos que tienen la capacidad de hablar en catalán», apunta, y pone énfasis en que actualmente hay un 80% que sabe hablar catalán y un 20% que no lo sabe. «Y el gran problema lo tenemos con el 80%, porque solo hay un 32,6% de hablantes habituales».
«Que haya 600.000 nuevos hablantes potenciales de catalán, que tengan esa capacidad, me preocupa poco», insiste, y critica que el Pacto «no ataca uno de los problemas clave, que es cómo conseguir que ese 80% hable más en catalán entre ellos de una manera espontánea, fluida, matizada, ingeniosa, humorística… porque hablar catalán no es solo pedir un café». Furest, por su parte, ve «un poco de cunyadisme« y admite que no le gusta poner cifras porque «le quita valor». «¿Por qué 600.000 y no 900.000?», se pregunta, y asegura que «podrían ser muchos más si se aplicaran las leyes vigentes en Cataluña», pero cuestiona que haya «voluntad política para hacerlo» porque todo esto requiere inspecciones y sanciones. En este sentido, señala que «algunas sanciones son posibles» y apunta que se puede suspender de sueldo y empleo a un profesor «por incumplir el proyecto educativo del centro y porque se saltó dos reuniones».
Críticas a las medidas en el ámbito sanitario
Sobre las medidas que prevé el pacto en el ámbito sanitario, los expertos creen que se queda corto. El presidente de Plataforma per la Llengua, médico de profesión, opina que «es de escándalo» porque «hay incoherencias y falta de ambición» y deja claro que «la única medida que te garantiza los derechos lingüísticos es que todos los que trabajen en la salud sepan catalán». «Es el espacio más sangrante y uno de los que se debería hacer menos pedagogía y más control interno porque es donde se producen las peores agresiones», dice el coordinador de lengua de La Intersindical, y asegura que «va cojo porque afecta a miles de personas y es un espacio más vulnerable que la educación». Por ejemplo, Furest cree que para garantizar el catalán en el ámbito sanitario se podría haber incluido un régimen sancionador para los profesionales, pero destaca que «Comuns y PSC son partidarios de no imponer sanciones por el catalán».
Además, considera que la partida de 500.000 euros para la formación de sanitarios es «poquísimo, sobre todo si se tiene en cuenta que hay un montón de profesionales extranjeros», expone, y defiende que «se les debería formar a todos». El pacto debería decir que se velará para que todos los sanitarios acudan a los cursos y no los abandonen, propone, y, además, según dice, se debería hacer constar que «los jefes de planta velarán porque se cumplan los derechos lingüísticos». «Se debería utilizar un lenguaje de muchos más derechos de ciudadanos», concluye. Enric Gomà recuerda que en Cataluña hay muchos sanitarios que son de fuera y que no hablan catalán y lo considera «gravísimo», y lamenta que «todos los gobiernos de los últimos veinte años han pasado de puntillas». Sobre el Plan en este campo, expone que «todo es una especie de oferta de cursos, concienciación y sensibilización porque el requisito de hablar en catalán no está». «Yo prefiero que lo aprueben en el Parlamento y que se lo tumben, porque así sabemos dónde estamos», manifiesta, y asegura que «hay un miedo al escándalo». «Este Gobierno, como otros, siempre tiene miedo del mínimo escándalo, la mínima crítica, el mínimo malestar, y por eso nunca se obliga a nadie, todo son buenas palabras». «El PSC tiene un porcentaje de votantes castellanohablantes importante y los trata con mucho cuidado».
Crear espacios exclusivos para el catalán
Finalmente, Enric Gomà no quiere dejar pasar la ocasión para comentar la afirmación que hizo la consejera y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo de esta semana, donde afirmó que «la protección de una lengua no debe ir en detrimento de otra». «Naturalmente que debe ir en detrimento y, además, es muy interesante que haya utilizado la palabra ‘proteger’ como si el Pacto se hiciera para proteger lo que tenemos» y defiende que «esta idea excluye la difusión y el crecimiento», asume «Justamente cuando se hace un pacto para crecer porque el castellano, y un poco el inglés, están ocupando unos espacios que ahogan el catalán. Naturalmente que debe haber detrimento del castellano», sentencia.
Para el divulgador lingüístico, no se puede pretender que el país deba funcionar con las dos lenguas de una manera mecánica, con un 50%, que es una especie de bilingüismo duplicado. «Es un desgaste de energías tan grande que disminuye el catalán porque lo vuelve prescindible», señala, y apuesta por crear espacios de «exclusividad» para el catalán. «Debe haber cultura en catalán que no tiene su imitación en castellano, debe haber espacios donde el catalán se hable sin depender de una traducción castellana y eso cuesta mucho de entender. Y con esta idea de detrimento trasladas al castellanohablante que no es necesario que aprenda catalán», y deja claro que «se debe ir a buscar espacios exclusivos en catalán que irán en detrimento del castellano».
