Plataforma per la Llengua ha encendido las alarmas. Un año y medio después de la firma del Pacto Nacional por la Lengua, la entidad ha hecho pública una diagnosis demoledora: el acuerdo no ha tenido ningún impacto real ni ha supuesto el punto de inflexión necesario para revertir la situación de emergencia lingüística que vive el catalán. Según un informe hecho público esta mañana por el presidente de la entidad, Òscar Escuder, y la vicepresidenta, Mireia Plana, solo se han ejecutado completamente un 38,8% de las medidas programadas para 2025. Por el contrario, un 30% de las acciones ni siquiera se han comenzado a desarrollar. «Son resultados decepcionantes que hemos trasladado a Salvador Illa y al consejero de Política Lingüística», ha dicho Escuder durante una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas.
Tras analizar los datos oficiales del Departamento de Política Lingüística y cruzarlos con comprobaciones propias, la fiscalización de la ONG de la lengua dibuja un escenario de incumplimientos y de baja intensidad política. La entidad, que se sumó al pacto en un inicio por la buena diagnosis de fondo y la dotación de recursos, recuerda que ya advirtió que el texto era insuficiente y avisa ahora que el despliegue es «claramente insuficiente», con un volumen importante de actuaciones que solo se han aplicado a medias y sin continuidad. De hecho, la entidad en defensa de la lengua carga contra el ejecutivo de Salvador Illa por la falta de implicación con el catalán. «Firmarlo sin implicarse no sirve de nada», ha sentenciado el presidente de la entidad, que ha instado a Illa a tomar las riendas del pacto para que se cumpla íntegramente.
Un «plan de gobierno» sin obligaciones ni evaluación
La entidad es especialmente crítica con la misma naturaleza del acuerdo. «Ni es aún un verdadero Pacto Nacional que continúa quedándose a medio camino entre un plan de gobierno y un Pacto nacional de verdad. Un Pacto nacional tiene que tener la implicación del Gobierno, de todo el Gobierno, del resto de administraciones y de los principales actores sociales en todos los ámbitos», ha remarcado Òscar Escuder. La falta de transversalidad ha impedido implicar al resto de administraciones y no se han generado compromisos políticos firmes que sobrevivan a los cambios electorales. Además, denuncian la falta de indicadores claros, calendarios reales y mecanismos de evaluación, un entramado de «formulaciones genéricas» que imposibilita medir su cumplimiento o aplicar correcciones cuando los objetivos no se cumplen. «Sin indicadores claros, ni cuantitativos ni cualitativos, se hace difícil evaluar el estado real del cumplimiento real del pacto», ha manifestado Escuder. A pesar de ello, Plataforma per la Llengua ha podido fiscalizar las medidas que se debían ejecutar en 2025.
En el análisis político de los resultados, la organización salva el papel del Departamento de Política Lingüística, pero señala directamente la inactividad del resto de áreas del ejecutivo socialista. La lengua se sigue tratando como un elemento sectorial y no como una prioridad transversal. Departamentos como Salud, Empresa o Derechos Sociales quedan en el punto de mira; en este último caso, la mitad de las actuaciones asignadas continuaban sin ninguna aplicación en el mes de julio. «No se ha visto que todas las Consejerías han tenido la lengua en su lista de prioridades reales. Por ejemplo, los derechos lingüísticos en la salud se siguen vulnerando continuamente», ha manifestado Escuder. Además, también ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no realiza todas sus intervenciones en catalán.
Exigencia de actuaciones inmediatas en ámbitos clave
Ante este escenario de inacción institucional, la entidad exige al Gobierno una intervención inmediata en sectores estratégicos para el futuro del catalán. En el ámbito educativo, la organización reclama asegurar que todo el alumnado finalice la etapa obligatoria con un dominio pleno de la lengua, y también reforzar su presencia en la Formación Profesional y en la universidad, poniendo fin a las vulneraciones de la opción lingüística de los estudiantes catalanoparlantes. Esta misma presión se traslada a la salud y los cuidados, donde alertan del aumento constante de quejas por derechos lingüísticos y reclaman fijar un calendario de obligado cumplimiento de la Ley de política lingüística.
Asimismo, en el sector comercial y laboral, la entidad exige a la Generalitat y a los Ayuntamientos que apliquen de «manera efectiva» las obligaciones fijadas por el Código de Consumo y la Ley de comercio, garantizando la atención a los usuarios y haciendo del catalán un requisito profesional indispensable. Finalmente, Plataforma per la Llengua hace un llamado a convertir el deporte y el ocio en espacios naturales de socialización y cohesión para los jóvenes, al mismo tiempo que insta a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) a recuperar su papel como «motor» central de la normalización lingüística porque, según ha dicho Plana, «difunde contenidos en castellano sin ninguna necesidad real». La entidad ha reafirmado su voluntad de mantener la presión, la fiscalización y la denuncia pública para garantizar el cumplimiento de los derechos de los hablantes.
