Plataforma per la Llengua ha dado un paso adelante en la defensa del catalán en la sanidad pública y ha presentado alegaciones al proyecto de real decreto del Ministerio de Sanidad que modifica el sistema de residencia sanitaria especializada (MIR). La ONG del catalán ha solicitado que el decreto fije el conocimiento del catalán como un mérito para las plazas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y Baleares y, además, también pide que los residentes que no acrediten conocimientos reciban formación obligatoria dentro de la jornada laboral o formativa. Las alegaciones presentadas por la entidad presidida por Òscar Escuder, de hecho, hacen extensivas estas medidas a todas las lenguas oficiales del Estado distintas del castellano.
La organización considera que la reforma del real decreto es una «oportunidad» para garantizar que los futuros profesionales sanitarios dispongan de las competencias necesarias para comunicarse adecuadamente con los pacientes en catalán. «Tener en cuenta el catalán como mérito para ocupar plazas en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares serviría para reconocer una competencia especialmente relevante para el ejercicio profesional en estos territorios», expone en un comunicado. En este sentido, la entidad en defensa de la lengua recuerda que la lengua, como acreditan diferentes estudios, es indisociable de una buena atención sanitaria.
Competencia comunicativa durante el primer año
Plataforma per la Llengua propone que el personal residente que no acredite un conocimiento suficiente de catalán deba cursar una formación lingüística obligatoria y específica para el sector de la salud. Este aprendizaje estaría orientado a dominar el vocabulario, las expresiones y las situaciones comunicativas habituales del entorno sanitario, tomando como referencia un nivel inicial equivalente al A2. La organización reclama que estos cursos se computen como tiempo de formación y se integren plenamente dentro de la jornada laboral o formativa, en línea con los objetivos de reforzar la dimensión docente de la residencia y proteger la salud y conciliación de los profesionales.
Asimismo, la organización plantea en sus alegaciones que la adquisición de esta competencia comunicativa con los pacientes en la lengua propia del territorio se incorpore como un objetivo formativo en sí mismo durante el primer año del MIR. Dado que el sistema de residencia se basa en el logro progresivo de competencias profesionales bajo supervisión, la entidad defiende que la capacidad para comunicarse eficazmente con el usuario debe tratarse como un requisito indisociable de una atención médica de calidad.
«La lengua es indisociable de una buena atención sanitaria»
La entidad justifica las alegaciones argumentando que la competencia lingüística no es una cuestión secundaria, sino un elemento indisociable de una atención sanitaria de calidad y de la misma seguridad del paciente. Desde Plataforma per la Llengua recuerdan que una comunicación fluida resulta fundamental para el diagnóstico, la recopilación de historiales clínicos y la obtención del consentimiento informado, y se sustentan en varios estudios internacionales que vinculan una mejor atención en la lengua del paciente con una reducción de los riesgos y de la mortalidad hospitalaria.
Según datos aportados por la misma organización, el ámbito de la salud se ha convertido en uno de los puntos negros en cuanto al respeto de los derechos lingüísticos. Durante el 2025, Plataforma per la Llengua registró 354 quejas por discriminación lingüística en los hospitales y centros de salud catalanes –197 en la sanidad pública y 157 en la privada–, mientras que en lo que llevamos de 2026 la cifra ya se eleva a 197 denuncias -117 en la pública y 80 en la privada–. Estos datos se alinean con los estudios del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña, que indican que cerca del 69% de los médicos colegiados afirman no saber hablar catalán.
Presión al Estado y a la Generalitat
Con esta iniciativa, la entidad pretende aprovechar la reforma de la normativa estatal para forzar al Ministerio de Sanidad a asumir la pluralidad lingüística del Estado en la formación médica. Aun así, Plataforma per la Llengua remarca que estas alegaciones al MIR son solo un complemento a su demanda principal hacia la Generalitat: que exija el dominio del catalán como requisito indispensable para todo el personal sanitario que desee ejercer en el sistema público de salud catalán y se apliquen sanciones en caso de incumplimiento. En este sentido, propone cuatro medidas: sesiones obligatorias de asertividad lingüística, exigencia del B2 de catalán el primer año de contratación, acreditación del C1 el segundo año y un tratamiento correcto de las quejas por vulneración de derechos lingüísticos, con la apertura de expedientes y la aplicación de sanciones cuando corresponda. «El uso de la lengua no puede depender de la buena voluntad de los médicos, sino que debe ser un requisito de la correcta praxis sanitaria», sentencia.
