Plataforma por la Lengua ha alertado que dejar la negociación de la oficialidad del catalán en manos de los servicios legales del Consejo de la Unión Europea “comporta el riesgo que el gobierno español acabe proponiendo una oficialidad diluida y no una oficialidad llena”. La entidad remarca que la opinión de los servicios legales no es vinculante y no era necesario pedirla y, por el contrario, considera que el gobierno español no ha hecho «todo el que estaba en sus manos» para conseguirla. “Habría tenido que poner su fuerza negociadora porque se adoptara una decisión que es estrictamente política”, ha dicho.
La ONG del catalán lo ha dicho después de que la última reunión del Comité de Asuntos Generales durante la presidencia española de la UE haya acabado sin que se haya tomado una decisión favorable a la oficialidad. La plataforma considera que el gobierno español tenía tiempo para hacer tomar una decisión en los estados de la UE durante su presidencia, puesto que toda la información solicitada por algunos países ya era encima la mesa durante la última reunión y se trata de una reforma de un reglamento de ocho artículos.
En este sentido, ha reiterado que el Ejecutivo español, no se ha esforzado en el asunto de la oficialidad del catalán, pero, en cambio, sí que lo ha hecho para negociar «otras cosas que eran de su interés como, por ejemplo, la presidencia española del Banco Europeo de Inversiones». La organización sostiene que la responsabilidad de obtener la aprobación de los estados miembros es del gobierno español, pero admite que durante las últimas semanas ha constatado que algunos países siguen manteniendo «una posición dura».
Critica la estrategia del gobierno español
En todo caso, la plataforma subraya que si se confirma que el Estado ha dejado la negociación del asunto en manos de los servicios legales del Consejo de la UE, el gobierno español «está abordando mal» el asunto. Para la entidad, el gobierno español tenía que mantener la negociación en el terreno político y evitar que algunos estados miembros hicieran intervenir los servicios legales del Consejo, que, a parecer suyo, pueden poner trabas a la oficialidad del catalán con una respuesta parecida a la del 2004.
