Plataforma por la Lengua han iniciado una ofensiva para defender el decreto de régimen lingüístico del sistema educativo, que blinda el catalán en la escuela, y revertir su suspensión cautelar decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a raíz de un recurso de la entidad españolista Asamblea por una Escuela Bilingüe. Así, ha presentado un recurso de reposición al TSJC para evitar la suspensión cautelar del decreto aprobado el mayo pasado por el Gobierno, y un escrito de oposición contra el pleito presentado por la asociación españolista. La ONG del catalán, además, ha presentado un escrito para recusar a todo el tribunal por haber participado de manera irregular en el caso y al juez Javier Aguayo, presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal, por haber hecho declaraciones «en contra de la enseñanza del catalán» durante la misión de los eurodiputados en diciembre impulsada por el comité de Peticiones, orquestada por PP y Ciudadanos. Además, añade que el magistrado se «extralimita» en la interlocutoria porque anticipa el que tendría que resolver la sentencia. La ofensiva ha sido coordinada por el abogado, ex juez y asesor jurídico de la entidad, Ramon Llena, que desde un punto de vista técnico «hay muchos argumentos a favor» que prospere, pero alerta de la politización del tribunal y la sala.
La entidad presidida por Òscar Escuder, que valoró positivamente el decreto a pesar de considerarlo «poco ambicioso», considera que la suspensión de la norma «no se puede justificar de ninguna forma» porque en un procedimiento contencioso–administrativo como este existe «la presunción legal que las actuaciones de las administraciones son ajustadas a derecho, y esto solo se puede dictaminar, a favor o en contra, con un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión». Cómo defiende el Gobierno, la entidad también destaca que «no hay ningún cimiento de riesgo» en la hora de mantener vigente el decreto, porque no comporta «efectos inmutables ni irreparables». Así mismo, subraya que la suspensión del decreto afecta de «manera grave» el interés general porque impide en los centros educativos «mejorar las herramientas y reforzar los procedimientos» para conseguir un mayor equilibrio lingüístico a las aulas.
Además, considera que el tribunal «prejuzga» en la interlocutoria, donde considera que el decreto es un instrumento para materializar la inconstitucionalidad de la Ley 8/2022 y el Decreto Ley 6/2022, y hace afirmaciones que van «más allá» del debate sobre la adopción de las medidas cautelares solicitadas por Asamblea por una Escuela Bilingüe. La entidad en defensa de la lengua catalana considera que esto evidencia que el TSJC hace «un juicio sobre el fondo de la cuestión que, lejos de garantizar la finalidad del recurso, anticipa la decisión final, que se tiene que expresar a través de una sentencia». «La interlocutoria no es propiamente una medida cautelar ni una valoración defensiva de derechos en riesgo, sino una anticipación de la decisión final», sentencia.
Los motivos para recusar el tribunal y el juez Aguayo
Este solo es uno de los dos motivos por los cuales la ONG del catalán ha decidido recusar todo el tribunal. El otro es que los jueces Andrés Maestre i Elsa Puig, dos de los cinco magistrados del tribunal no son plantilla de la Sala del Contencioso–administrativo y, por lo tanto, la integración en el tribunal se tenía que comunicar a las partes para valorar si tenían causas de abstención y recusación. Un procedimiento que no se hizo. Así mismo, denuncian que Puig no participó en la valoración de las medidas cautelares, y este cambio tampoco se comunicó a las partes. También denuncian que tampoco se informó que los magistrados Francisco José Sospedra y Maria Luisa Pérez forman parte del tribunal.
Por otro lado, Plataforma por la Lengua pide la recusación del juez Javier Aguayo porque su participación contradice «el principio de juez natural». En este sentido, remarcan que «el presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC pudo elegir participar en el caso, hecho que vulnera un principio jurídico fundamental a las democracias occidentales y que está recogido en la misma Constitución española: el derecho a ser juzgado por un magistrado predeterminado por la ley». Pero también sustentan la recusación en la «pérdida de imparcialidad objetiva» para valorar el caso porque se posicionó públicamente sobre el idioma de la educación en Cataluña.
De hecho, el informe que se elaboró a posteriori de la visita liderada por la popular Dolors Montserrat recoge que el magistrado hizo afirmaciones de parte como «si bien la situación judicial no ha empeorado, sí que lo ha hecho la reacción política, puesto que se han promulgado dos leyes para obstaculizar la ejecución de la sentencia». El presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC también aseguró que «los políticos han utilizado la cuestión lingüística en su agenda política» y sentenció que “el problema es la falta de colaboración de la administración catalana, la injerencia en asuntos judiciales y los problemas relacionados con la separación de poderes”.
La entidad acudirá al TJUE después de que el TC lo haya excluido del procedimiento general
Por otro lado, el TC todavía tiene que emitir un veredicto sobre la constitucionalidad de la Ley 8/2022 y el Decreto Ley 6/2022 con que el Gobierno pretendía esquivar la imposición del 25% de castellano a las aulas, pero, en cambio, el alto tribunal no ha tenido en cuenta el recurso que Plataforma por la Lengua presentó en abril contra la decisión del Tribunal Supremo de ratificar la exclusión por parte del TSJC de las entidades en defensa del catalán del proceso judicial del 25%. Así, la entidad ha anunciado que llevará el caso a la justicia europea, puesto que considera que «su jurisprudencia el amparo».
La ONG del catalán recuerda que presentó un recurso conjuntamente con las organizaciones con quienes se formó un frente judicial común para tumbar la interlocutoria y, a través de un trámite diferenciado, para conseguir la nulidad de la sentencia a raíz de la intervención en el proceso del juez Aguayo. La entidad defiende que la intervención irregular del magistrado hace que el caso no se ajuste a las garantías del derecho constitucional y obliga, directamente, a anular la sentencia del 2020 que imponía el mínimo del 25% de castellano a todo el sistema educativo de Cataluña.
